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M. A. RUIZ COLL / ALICANTE

Día 15/11/2012

Dos exdirectivos de Caja Mediterráneo (CAM) -el ex secretario general José Pina y el exdirector territorial en Valencia Bernardo Chuliá- han pedido al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que anule el auto, firmado el pasado 6 de septiembre, por el que suspendió las pensiones vitalicias que venían cobrando de la antigua caja de ahorros alicantina.

José Pina se ha incorporado al Banco Sabadell CAM como director regional en Alicante, pese a lo cual seguía cobrando de la antigua caja una pensión de 12.000 euros al mes, hasta que Gómez Bermúdez dio la orden de interrumpir estos pagos de los que se beneficiaban los antiguos miembros de la comisión ejecutiva de CAM que se acogieron al expediente de regulación de empleo (ERE).

En su auto, e titular del Juzgado Central de Instrucción numero 3 de la Audiencia Nacional consideró probado que se falseó la fecha de los acuerdos firmados que hicieron posible el pago de estas pensiones vitalicias: aunque los documentos se firmaron en marzo de 2011, llevan la fecha de 22 y 25 de noviembre de 2010.

«No se vislumbra explicación lógica alguna para tal falsedad en la fecha del documento», señala Gómez Bermúdez en el auto judicial recurrido, «más allá que la intención de dar cobertura bajo el ejercicio contable de 2010 a unos acuerdos que difícilmente hubieran pasado el filtro de la programada fusión con los resultados conocidos del ejercicio de 2011».

Presunta estafa

Es decir, que los directivos de la caja fecharon los acuerdos en el ejercicio 2010, porque daban por hecho que no iban a ser aceptados por los socios de la fallida fusión que se había puesto en marcha a principios de 2011 (Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura).

En su recurso de reforma contra el auto de Gómez Bermúdez, José Pina y Bernardo Chuliá niegan esta circunstancia, sostienen que no se falseó la fecha de los acuerdos y argumentan que, al otorgarse estas pensiones vitalicias, renunciaron a una parte de sus derechos en la empresa. Además, alegan que la decisión del magistrado de suspender el pago de las pensiones vitalicias del llamado Plan de Previsión Asegurado vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, ya que no han sido escuchados en audiencia previa.

Por su parte, el abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación participar en la causa en representación de más de medio millar de cuotapartícipes de la CAM, ha presentado un recurso en el que se opone a las pretensiones de ambos exdirectivos de la caja.

En su recurso, De Ramón solicita al juez instructor que tome declaración a Pina porque «como mano derecha del exdirector general Roberto López Abad ocupaba el tercer puesto clave de toda a presunta estafa organizada, planificada y ejecutada contra los clientes» de la caja que perdieron sus ahorros en la compra de cuotas participativas.

El letrado considera que los responsables de CAM «escogieron entre sus clientes un perfil bajo de entendimiento y cultura financiera mínima» para colocar las participaciones preferentes, sin informarles de que la fecha de vencimiento de este producto financiero era, en muchos casos, el año 3000.

Paraísos fiscales

En el mismo sentido, el letrado de la acusación particular recalca que José Pina formaba parte del consejo de administración de 26 empresas participadas por CAM, por lo que presumiblemente debía cobrar una importante suma de dinero en forma de dietas.

José Pina compareció el pasado 22 de octubre ante la comisión de las Cortes Valencianas que investiga la quiebra de CAM. Allí, entre otras consideraciones sustuvo que «A los paraísos fiscales no íbamos a llevar dinero, íbamos a traer dinero». Pina también indicó entonces que vender Terra Mitica «era la única solución para un proyecto en el que ni hicimos buen negocio ni sabíamos gestionar».

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