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Rubén Santamarta

No tiene precedentes el paso dado por Novagalicia Banco para remover todo su pasado, denunciar a tres de sus exdirectivos, sumarse a la denuncia abierta en la Audiencia Nacional (a instancias de la CIG y de un abogado coruñés en dos procesos diferentes) por el cobro de indemnizaciones, y revisar de oficio todas las actuaciones que en el pasado (incluyendo la gestión de las desaparecidas Caixa Galicia y Caixanova) pudieran haber supuesto un menoscabo. En otros casos llevados a los tribunales, el del la CAM o CCM, fue el Estado el que dio el paso. En Bankia, la gestión de Rodrigo Rato y otros directivos y consejeros, fue UPyD quien denunció.

¿Qué pide Novagalicia?

La devolución del 100 % de las indemnizaciones. Para ello ha denunciado a tres ex altos directivos ante el Servicio de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC) de la Consellería de Traballo. Son 13,2 millones de euros que se reparten así: José Luis Pego tendría que devolver 7,7 millones; Óscar Rodríguez Estrada, otros 700.000 euros; y Gregorio Gorriarán, 4,8 millones. A ellos se les ha comunicado (o se hará en breve) una citación ante el SMAC para llegar a un acuerdo; si no lo hay, se llevará el caso a los juzgados. La primera citación en el SMAC será el 21 de septiembre.

¿Por qué decide el banco dar ahora ese paso?

Por varios motivos. El primero es la falta de acuerdo con esos tres exdirectivos para resolver el conflicto de las indemnizaciones. Otro es la necesidad de lavar la imagen del banco, exponiendo ante sus clientes que la actual dirección no tiene que ver con el pasado. Y el tercero es resarcir a la entidad de todo daño que pudo haber en el pasado. Para todo ello, el banco ha contratado los servicios del bufete Broseta, el mismo que asesoró al FROB en su querella contra exdirectivos de la CAM. Tiene lógica: por su experiencia y porque el FROB es el primer accionista de NCG.

¿A quién afecta la investigación y hasta dónde llegará?

La investigación llegará «hasta donde se pueda», explicaron directivos de NCG a los sindicatos la semana pasada. Pero lo principal es determinar si alguna gestión ha prescrito o no. Por ejemplo, en el caso de las indemnizaciones, el acuerdo caduca pasados 12 meses. Por eso se empieza por ahí, porque los millonarios pagos a esos tres directivos caducaban esta semana. A partir de ahí, se revisará «todo», insiste el banco, desde las indemnizaciones que se llevaron ejecutivos que se fueron en los últimos meses, hasta actuaciones llevadas a cabo hace años y que no hayan prescrito.

¿La denuncia ante el SMAC anula la vía de la Audiencia Nacional?

No. El banco reclama 13,2 millones de euros en indemnizaciones; la Audiencia Nacional, 2,6, las cantidades que entiende que son irregulares. Sin embargo, aunque los tres denunciados reintegraran todo el dinero (incluyendo esos 2,6 millones que les reclama la Justicia), la querella de la Audiencia Nacional seguiría adelante porque se acusa a esos directivos de una serie de delitos penales.

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