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LEVANTE-EMV Banco Sabadell ha designado a Sergio Serrano Escobedo como nuevo representante de la entidad financiera en el consejo de administración de Ribera Salud, el grupo sanitario valenciano controlado al 50 % por Bankia y Banco CAM y que gestiona recintos hospitalarios comos el de Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elx, entre otros. Serrano, quien sustituye en el cargo a Alfonso Rodríguez, es responsable de operaciones corporativas de la entidad catalana y será encargado de negociar la compra de la participación total de Ribera Salud. Desde hace meses, distintos fondos de inversión como Atitlán (de la familia del presidente de Mercadona, Juan Roig) y otras firmas del sector €como Capio, líder del sector de gestión hospitalaria privada en España€ se han interesado también por la participación en Ribera Salud.

Banco CAM desaparece
Esta firma privada también ha cambiado en su órgano de administración a Carmelo Jesús López, representantes de la mercantil Tinser Cartera, por Raúl Rodríguez. El cambio de representante del Sabadell en Ribera Salud se produce en pleno proceso de integración del Banco Sabadell y Banco CAM, cuyos consejos de administración acordaron ayer la fusión por absorción por parte de la entidad catalana de Banco CAM, por lo que los dos bancos han suscrito los correspondientes proyectos comunes de fusión, según informaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). CAM dejará de existir como una entidad independiente al fusionarse con el banco que preside Josep Oliu.

El Banco de España adjudicó la CAM a Banco Sabadell por un precio simbólico de un euro en diciembre del año pasado, después de que la entidad tuviera que ser rescatada en julio de 2011 por su alta exposición al «ladrillo». Se prevé que el plan de reestructuración que se llevará a cabo supondrá un ajuste que afectará entre 2.000 y 2.200 trabajadores y se cerrarán cerca de 400 oficinas.

Por otro lado, al menos cuatro de los cinco exdirectivos imputados por las supuestas irregularidades en la gestión de la CAM han presentado ya un recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional de imponer a cada uno de ellos una fianza de 25,8 millones de euros para responder por el perjuicio ocasionado a la caja alicantina.

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