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Incluyó en las millonarias indemnizaciones la parte correspondiente al desempleo de 2 años
El grupo de directivos de la CAM que ha percibido más de 13 millones de euros en indemnizaciones por prejubilarse descarta por completo que tenga que devolver las compensaciones a la caja pese al revuelo que se ha levantado ya las más que posibles acciones administrativas y judiciales que pueda iniciar e instar el Banco de España.
Están seguros de que han actuado conforme a derecho, que las indemnizaciones son legales y tienen la conciencia tranquila, y por tanto, no temen los expedientes del supervisor o la supuesta apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Anticorrupción en la Audiencia Nacional.
Fuentes del entorno de estos ejecutivos sostienen que el ruido mediático generado por la elevada cantidad que se ha cobrado de la entidad (intervenida y a punto de ser subastada) ha distorsionado la realidad. La línea de defensa va por la misma dirección que la manifestada esta misma semana por la ex directora general María Dolores Amorós, es decir, los salarios cobrados están por debajo de la media del mercado y fueron acordados por los órganos competentes.
Entre Roberto López Abad (ex director general), Vicente Soriano (Recursos Humanos), Joaquín Meseguer (Participaciones Empresariales), Agustín Llorca (director general adjunto) y Gabriel Sagristá (director territorial de la zona norte) percibieron más de 13 millones por abandonar la caja.
Estas mismas fuentes aseguran que las compensaciones se ajustan a las condiciones incluidas en el expediente de regulación de empleo que activó la entidad, tanto el de principios de año (cuando la CAM todavía estaba en Banco Base junto a CajAstur), como el de junio, aprobado por la caja ya en solitario. «No pidieron este dinero, la caja acordó dárselo», afirman estas fuentes.
Pero,¿quién es la caja? Desde luego el consejo de administración o la comisión de retribuciones no son la caja», según comentan varios ex miembros del consejo. Ambos órganos ni informaron ni estudiaron el delicado tema de las millonarias indemnizaciones, pero en la entidad era vox populi lo que habían cobrado algunos directivos.
«No temen que les vayan a quitar lo percibido, es imposible, lo cobraron en el marco de un ERE que acordó la dirección de la caja con los trabajadores», argumentan desde el entorno de los directivos. Su horizonte judicial tampoco les inquieta, de momento. El quebranto financiero que su gestión ocasionó a la CAM irá dentro del expediente que perfila el Banco de España, lo que se saldará con una multa económica y la inhabilitación; en el caso de los tribunales y el probable proceso que abra Anticorrupción, algo que sucedió por ejemplo en Caja Castilla-La Mancha, recurrirán a la estrategia tranquila: todo estaba supervisado por el Instituto Valenciano de Finanzas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España. «Tienen la conciencia tranquila., afirman fuentes cercanas a los directivos alicantinos.
El ´detalle´
Las primeras indemnizaciones que se activaron en la CAM fueron las de Soriano, Meseguer y Sagristá en el primer trimestre de este año. No se iban a incorporar al Banco Base y optaron por la prejubilación.
En principio, Agustín Llorca iba a dar el mismo paso, pero la entidad le pidió que siguiera. Luego fue designado director general adjunto, por lo que su indemnización (dos millones de euros brutos) es similar a la de sus tres compañeros. Informó de su renuncia al consejo de administración el 21 de julio, la tarde antes de la intervención del Banco de España.
Dentro de sus compensaciones, Soriano, Meseguer, Sagristá, Roberto López Abad y Agustín Llorca lograron que la entidad tuviera el gesto de hacerse cargo también de la prestación por desempleo que en principio tenían que percibir durante los dos primeros años de prejubilación. Cuando un empleado sale de Caja Mediterráneo por acogerse al ERE, inmediatamente se encuentra en situación de desempleo, de forma que cobra el paro durante dos años, tiene que fichar en los servicios de empleo y Hacienda le practica las retenciones fiscales correspondientes en la prestación que percibe cada mes.
De este modo, todos los trabajadores que han accedido a la prejubilación en la entidad tienen que pasar necesariamente por este peaje, excepto los cinco directivos citados. — Sin embargo, según ha podido saber este diario, la caja quiso tener un detalle con cinco de sus empleados más importantes de su historia reciente y en sus respectivas indemnizaciones les incluyó la parte correspondiente a la prestación por desempleo. En total, según estas fuentes, la caja alicantina les abonó unos 100.000 euros a los cinco por este concepto (unos 20.000 euros para cada uno, aproximadamente), así, no tuvieron que registrarse como desempleados. |
