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El Banco de España ha hecho saber a las entidades financieras que quieran quedarse con CAM que el Estado está dispuesto a asumir pérdidas futuras por hasta 20000 millones de euros, el valor contable estimado de la cartera inmobiliaria dudosa de la caja alicantina, según los últimos datos que manejan los inversores.

Estos son los datos de los que se hace eco el diario Expansión, que estima en estas cantidades el agujero de la CAM de cara al último plazo de presentación de ofertas para adquirir la caja intervenida por el Banco de España el pasado 22 de julio.

Según la documentación remitida a los interesados para que puedan formular ofertas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) concederá al banco comprador un Esquema de Protección de Activos (EPA), una especie de seguro contra morosidad futura, que funcionará por tramos.

En el primero de los tramos el comprador asumirá pérdidas utilizando las provisiones constituidas. Agotado el primer umbral, empezaría a intervenir el dinero público y el Frob (el dinero de sistema público de rescate para los bancos) pasaría ya a asumir el 80% de la pérdida hasta que se alcancen 2.500 millones, siempre según estos dos medios informativos

Si prosigue el deterioro de los créditos inmobiliarios, a partir de esos 2.500 millones, el Frob asumiría el 90% de los activos protegidos por el EPA. Así, hasta una estimación de créditos ligados al sector inmobiliario de 20.000 millones”, según coinciden las fuentes consultadas próximas a la operación.

Santander, BBVA, La Caixa y las cajas vascas figuran entre las entidades inicialmente interesadas, aunque el banco cántabro, dirigido por Emilio Botín, lidera la quiniela de favoritos. De esta forma, Botín dispondría de una red de 1.000 oficinas por el territorio nacional bien posicionadas en Madrid o en el segmento de ciudadanos residentes europeos e incluso ciudades europeas, así como un patrimonio inmobiliario vanguardista y decimonónico a través de la Obra Social de una caja que nació para mandar y fusionar a las que se le asomaban a sus criterios de rentabilidad.

Una de las mayores indigestiones del comprador serán los cerca de 6.500 empleados, aglomerados en la Valencia y Murcia, unos profesionales que, casi con toda probabilidad, no podrán alcanzar la cuota de prejubilaciones de hace un año, con el 85% de sus beneficios brutos, o el del resto de cajas agrupadas en un SIP, a las que de momento el Banco de España les ha dado el "plácet" laboral siempre que cumplen con la hoja de ruta e informen con exactitud a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, supuesto crisol del ciudadano que aún tiene esperanza en que sus duros no se le ablanden.

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