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Los directivos de cajas de ahorros que hasta ahora han sido juzgados en los tribunales han superado sus juicios con absoluciones o condenas menores que no les han obligado a ingresar en prisión, aunque sí a devolver el dinero que ilegalmente han cobrado. Fue el caso del primer juicio celebrado hace ahora un año contra el saqueo de las cajas en España. El ex director general de Caixa Penedès Ricard Pagés y otros tres exdirectivos aceptaron sendas penas de dos y un año de cárcel, respectivamente, tras confesarse culpables de autoconcederse planes de pensiones millonarios. La antigua cúpula de la que llegó a ser la tercera caja de Cataluña aceptó devolver los 28,6 millones de euros fraudulentamente cobrados, algo que llevó al juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia a afirmar en el momento en el que pronunció el fallo que es "realmente anómalo que se repare el daño en este tipo de delitos".

No ocurrió lo mismo en el juicio por las dietas abusivas e irregularidades en un crédito de 18,9 millones de euros seguido contra dos ex directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entre ellos su ex director general Roberto López Abad y el expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés. Ambos, que se enfrentaban a penas de entre dos años y medio y cuatro años de cárcel, resultaron finalmente absueltos porque la caja alicantina "bendeció" todos los pagos.

Por otra parte, un tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara, juzga estos días a la antigua cúpula de Novacaixagalicia por las prejubilaciones de 18,9 millones de euros que recibieron cuatro altos directivos con la ayuda de un abogado, especialista en derecho laboral, y del expresidente Julio Fernández Gayoso. La Fiscalía pide que sean condenados a tres años de prisión por delitos de administración desleal y apropiación indebida.

Una docena de entidades investigadas Estos han sido los únicos juicios por mala praxis bancaria celebrados por el momento en la Audiencia Nacional, después de que el juez Eloy Velasco archivara provisionalmente, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la causa abierta contra ocho antiguos directivos de Caja España y Caja Duero por la emisión y comercialización de deuda subordinada y participaciones preferentes durante 2009 y 2010.

Quienes fueran máximos dirigentes de Caja Castilla-La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó —que fue diputado del PSOE antes de presidir la entidad— e Ildefonso Ortega serán los próximos en sentarse en el banquillo de los acusados por administración desleal y falsear las cuentas de la entidad, que necesitó un rescate de 9.000 millones. Anticorrupción pide penas de dos años y medio de cárcel por un delito de falseamiento. En fase de instrucción se encuentran las investigaciones seguidas contra la CAM, el Banco de Valencia, en una decena de piezas, o la fusión y salida a Bolsa de Banca Cívica, entidad en la que se integró Caja Navarra.

También se investiga el salto al parqué bursátil de Bankia, la comercialización de participaciones preferentes por parte de Caja Madrid y las ''tarjetas black'' emitidas por estas dos últimas entidades. Por otro lado, el expresidente de Caixa Cataluña Narcís Serra junto a una treintena de exconsejeros se encuentran procesados por parte de un juzgado de Barcelona por asignarse sobresueldos mientras la caja catalana recibía dinero público por la crisis que atravesaba. Los posibles sobresueldos en Caja Madrid han sido denunciados en los juzgados de Plaza de Castilla, mientras que un magistrado de Segovia investiga las retribuciones y las pólizas de pensiones adjudicadas a altos cargos de Caja Segovia. Además de estas causas penales, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado diversas multas impuestas por el Banco de España, como la que dictó por irregularidades en la gestión de Cajasur contra una docena de miembros de su antigua cúpula, entre ellos el nuevo presidente del Parlamento andaluz Juan Pablo Durán.

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