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MARISA RECUERO

Actualizado: 04/01/2015 04:24 horas

A la Audiencia Nacional le toca ahora aliviar el corrupto "cuello de botella" que moldearon los gestores de las antiguas cajas de ahorros y que "dejaron estar" las autoridades y supervisores de turno. Así de claro se expresa un letrado experto financiero, que prefiere mantener su anonimato por estar implicado en uno de los seis procedimientos judiciales abiertos en este tribunal en materia de corrupción financiera.

En poco menos de tres semanas, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se enfrenta al segundo juicio que se celebrará en España por delitos relacionados con las irregularidades que se cometieron en la gestión de las antiguas cajas de ahorros. El primero finalizó el 29 de mayo de 2014 con cuatro ex directivos de Caixa Penedèsacusados de concederse 31,6 millones de euros en planes de pensiones. Al ex director general, Ricard Pagés, se le impuso una pena de dos años de prisión y a los otros tres implicados -Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas-, un año.

Apropiación indebida

El próximo 22 de enero, el tribunal dispone de siete días para interrogar a dos ex directivos de la CAM acusados de delitos de apropiación indebida, administración desleal y otros delitos societarios cometidos por el cobro de dietas millonarias. Se trata de Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés. En el banquillo se sentarán también otras 22 personas que participaron a título lucrativo en estas irregularidades. El juicio quedará visto para sentencia el 16 de febrero.

El Ministerio Fiscal pide una pena de hasta siete años de cárcel para López Abad, que fuera director general de la caja. La acusación eleva esta cifra a los 19 años para el ex directivo Juan Ramón Avilés. No obstante, atendiendo al Código Penal y a los delitos que se le imputan, la pena máxima con la que podrían ser castigados ambos son 29 años -13 y 16, respectivamente-.

La Sala de lo Penal se enfrentará en 2015 a un mínimo de tres juicios relacionados con corrupción en las cajas. En total, 32 personas se sentarán en el banquillo de los acusados -10 ex directivos y 22 partícipes a título lucrativo-, tomando como referencia los casos en los que ya se dispone de un auto de apertura del juicio oral. En ocasiones, ese auto se refiere a piezas separadas dentro de una investigación.

Los presuntos corruptos serán juzgados por cinco delitos: administración desleal, apropiación indebida, estafa, delito societario y falseamiento de cuentas. El castigo a aplicar son penas de prisión que están entre seis meses y seis años. Dicho esto, en total, los 10 ex directivos se enfrentan, en conjunto, a una pena máxima de 151 años, exceptuando los 22 imputados en el caso CAM por participar a título lucrativo de los efectos de un delito. En este caso, su pena será resarcir el daño hasta la cuantía de su participación.

Los tres juicios fijados ya para este año arrancarán con la citada pieza separada dentro del caso CAM sobre Juan Ramón Avilés, para continuar con el caso CCM, donde se juzgará a su ex presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, y a su ex director general, Ildefonso Ortega Rodríguez-Arias, por un delito de falseamiento de cuentas y otro de administración desleal.

Administración desleal y estafa

El ciclo de juicios fijados lo cierra el caso Novacaixagalicia, por el que se sentarán en el banquillo seis ex directivos de las cajas gallegas. En concreto, Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza, Óscar Rodríguez Estrada, Francisco Javier García de Paredes y Ricardo Pradas.

Tomando como referencia las penas que aplica el Código Penal, sólo este grupo de directivos gallegos se puede enfrentar a una pena media de hasta 16 años de cárcel cada uno por ser presuntos actores de delitos de administración desleal, apropiación indebida y estafa.

En el ''caso de CCM'', la Fiscalía pide dos años y seis meses de prisión para cada uno de los acusados, al considerar que los hechos son constitutivos de un único delito societario. En cambio, la acusación representada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) advierte dos delitos -falseamiento de cuentas y administración desleal-, pidiendo penas de cinco años de cárcel para cada uno. No obstante, atendiendo a los castigos que contempla el Código Penal, el tribunal podría aplicar una pena máxima de hasta 10 años, respectivamente, por los dos delitos.

"El aspecto probatorio es esencial, aunque hay veces que es difícil acreditarlo", reconoce a este diario Luis Trigo Sierra, socio director del bufete de abogados Broseta, especializado en delitos económicos. Este letrado no pasa por alto, no obstante, que España dispone de "un sistema jurídico eficaz y que funciona», pese a tener que enfrentarse a «procedimientos muy complicados", como define el''caso Bankia''.

Precisamente, este caso supondría incrementar el número de acusados que se pueden sentar en el banquillo este año en 34 personas, ampliar a siete los delitos imputados -el caso Bankia investiga también un delito de alteración del precio de las cosas y otro relativo al mercado y a los consumidores- y aumentar la pena máxima total en prisión en 800 años. En concreto, 24 cada consejero, además de ocho entre Rodrigo Rato y Miguel Blesa por el asunto de las tarjetas B.

Preferentes y uso de tarjetas B

Es decir, 44 personas y hasta 951 años de cárcel entre CAM, CCM, Novacaixagalicia y Bankia. Sin embargo, la apertura del juicio oral podría prorrogarse hasta final de 2015, teniendo en cuenta que aún el procedimiento está abierto y que hay dos piezas separadas que se están investigando en paralelo. Se trata de la comercialización departicipaciones preferentes y del uso de tarjetas B, respectivamente.

Fuentes cercanas a la Fiscalía reconocieron a este diario que los juicios que podrían derivarse del caso Bankia serían dos. Primero, juzgar el falseamiento de cuentas y la salida a Bolsa de la entidad, y segundo, el uso de las llamadas tarjetas black. En cuanto a la comercialización de preferentes, las fuentes consultadas advirtieron de que no cabe abrir un juicio por la vía penal para esclarecer este asunto.

"El Frob ha sido cómplice de los antiguos administradores de las cajas durante varios años", señala sin tapujos Fernando Zunzunegui, socio del despacho Zunzunegui Abogados y consultor especializado en regulación financiera. "Los dejaron estar y no realizaron auditorías forenses [de las entidades]», advierte, reconociendo que «han sido las querellas criminales las que forzaron el cambio de criterio".

Precisamente, fue el 14 de febrero del año pasado cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, conocido por sus siglas Frob, decidió investigar a fondo determinadas operaciones de grupos bancarios nacionalizados consideradas irregulares. Esos análisis, llamados forensic, se pusieron en marcha casi dos años después de que la formación política UPyD presentará una querella contra 33 consejeros de BFA y Bankia.

"En lugar de usar este criterio, se procedió de forma distinta y se pensó en pasar página", en palabras de Zunzunegui, que no pasó por alto que los antiguos gestores aprovecharon para subirse el sueldo.

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