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El aval estatal convierte a los futuros beneficios fiscales de la banca, 50.000 millones de euros, en activos avalados por Estado. De otra manera, Basilea III obligaría a contabilizar los créditos fiscales como lo que son, o sea un potencial e incierto ahorro futuro, ya que solo si el banco sigue funcionando y consigue beneficios suficientes, podrá amortizar los impuestos acreditados.
La decisión obliga a todos los españoles a asegurar o avalar 50.000 millones de euros, para que los acreedores de los bancos tengan la seguridad de que podrán cobrar el dinero que les hayan prestado.
Esos apuntes contables, que sólo se convertirían en activos para la banca en caso seguir en pie y con resultados saneados, quedan desde este momento avalados, cualquiera que sea el futuro de esas entidades.
Tal actuación del Gobierno sólo dejará de costarnos dinero a los españoles, si en los próximos años la banca recupera su solvencia y capacidad de generar beneficios, y que éstos a su vez sean suficientes para beneficiarse de los créditos fiscales que actualmente acumulan. En otro escenario, la insolvencia de la banca española, la pagaremos entre todos.
Los avales irán a parar a los balances de toda la banca, Santander, BBVA, Sabadell, entre otros. Y es que en cuanto se escarba en los balances de los bancos salta la cascarilla del maquillaje contable y aparecen sus miserias.
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