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MERCEDES GALLEGO MADRID 18.09.2013 | 13:27

35 MILLONES
Una fianza solidaria

El magistrado Javier Gómez Bermúdez fijó una fianza solidaria de 35 millones de euros para los cinco imputados en la causa principal de la CAM, una decisión en la que la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que han recurrido los cinco exresponsables de la caja, tendrá la última palabra. No obstante, en esta ocasión, pese a los recursos y a diferencia de la primera, los cinco imputados han consignado en el juzgado bienes susceptibles de ser embargados sin que aún sea irrefutable que el juez considere que son suficientes. La fianza solidaria acordada en este caso implica que entre los cinco imputados tienen que presentar bienes que sumen en total esa cantidad

El juez quiere saber si Modesto Crespo le ha mentido. El magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Gómez Bermúdez acaba de dictar un auto en el acuerda abrir unainvestigación que determine si el último expresidente de la CAM ha ocultado bienesante el abono de la fianza solidaria de 35 millones de euros impuesta a los cinco exresponsables de la caja imputados por su gestión al frente de la entidad. Junto a Crespo, el juez reclama esta cantidad a los dos últimos directores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y a los exdirectores Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.

La decisión del juez es la respuesta a la querella presentada a principios de mes por el letrado Diego de Ramón, quien ejerce la acusación popular en este proceso, ante el convencimiento de que Crespo habría «desviado» posesiones para eludir parte del pago de la medida cautelar impuesta por Gómez Bermúdez.

Se apoya el letrado para llegar a esa conclusión en el análisis comparativo entre el listado que el empresario ilicitano presentó en el juzgado en agosto de año pasado ante el primer requerimiento del juez (en aquella ocasión la fianza impuesta era de 25,8 millones de euros, una resolución que, al igual que han hecho ahora, todos los imputados recurrieron y ante la que únicamente Crespo consignó bienes embargables por un importe ligeramente superior a los cinco millones de euros) y las posesiones que aportó tras el auto del pasado junio, que elevaba el aval hasta los 35 millones.

En ese tiempo, menos de un año, del patrimonio del expresidente de la caja se habrían «volatilizado» 100.000 euros que tenía en una cuenta de la CAM y tampoco estarían localizables las acciones de Telefónica, Red Eléctrica e Inditex que presentó en su primera consignación en el juzgado. Unos movimientos que, según De Ramón, habrían hecho desaparecer del haber de Crespo cerca de 340.000 euros que el imputado habría invertido en su empresa, un concesionario de coches radicada en Elche, sin autorización judicial.

En opinión de De Ramón, recogida en la querella admitida ahora a trámite por Gómez Bermúdez, «el alzamiento de bienes es manifiesto, la suma líquida desaparece, las cantidades invertidas en empresas que cotizan en bolsa desaparece y quiere justificar lo injustificable en inversión en su propia empresa que no cotiza cuando en realidad estas cantidades estaban ya designadas para que el juzgado las aplicara a las responsabilidades civiles».

El abogado considera que «se ha realizado un acto de disposición patrimonial, lo que evidencia la dilación, dificultad o impedimento de la eficacia del embargo judicial». E incluso en el texto de la querella tachó esta actuación de «maniobra torticera para sustituir la liquidez inmediata y efectiva (tanto en dinero en metálico como el dinero en inversión en empresas altamente cotizadas) por otra de dudosa respuesta por cuanto que la inversión y el crédito en su empresa personal depende de la gestión que se haga, como se ha demostrado en la pérdida del valor económico».

Practicar diligencias
Antes la rotundidad de estas argumentaciones, Javier Gómez Bermúdez quiere saber qué grado de certeza encierran y, según recoge en su auto, contra el que cabe recurso, «no estando determinadas la naturaleza y las circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente (...) instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable».

De Ramón dio el paso de interponer la querella contra Crespo pero no fue el único que alertó de «extraños» movimientos en el patrimonio del empresario. En un escrito presentado en el juzgado poco antes de las vacaciones de verano, la acusación particular que se ejerce en nombre de la CAM ya llamó la atención del magistrado sobre este asunto. El acusador ponía el foco sobre el hecho de que en septiembre del año pasado, apenas un mes después de consignar en el juzgado bienes para cubrir, según sus cálculos, 5,5 millones, retiró 100.000 euros que tenía en la CAM y concedió varios créditos a su empresa, Automóviles Crespo.

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