Avanza en un mes el plazo máximo para la conversión en fundación de las cajas e impide que la decisión la tome la asamblea
JORDI CUENCA VALENCIA
Bancaja se disolverá antes de lo previsto y sus órganos de gobierno ni siquiera podrán decidir su futuro como fundación de carácter especial. El motivo no es otro que el PP ha introducido en el trámite parlamentario del proyecto de Ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito una enmienda que reduce de seis a cinco meses el plazo máximo en que las cajas que han perdido su condición de entidad financiera, como Bancaja y la CAM, deben convertirse en fundación. El proyecto de ley ya ha sido aprobado por el Congreso y está ahora en el Senado, lo que implica que entrará en vigor, según fuentes de la Cámara Alta, en el plazo de dos semanas si no hay cambios, como es presumible dada la mayoría de los populares. Así las cosas, las cajas que para entonces lleven cinco meses en causa de transformación y no se hayan convertido en fundación automáticamente quedarán disueltas, incluidos todos sus órganos de gobierno.
Ese será el caso de Bancaja, Caja Madrid y el resto de fundadoras de Bankia, dado que esos cinco meses concluyen el 27 de noviembre. La caja valenciana manejaba la previsión de seis meses y tenía muy avanzada su conversión, con la vista puesta en celebrar una asamblea en diciembre. La reducción temporal en un mes le impide llegar a tiempo y no le va a quedar otro remedio que disolverse este noviembre. En realidad, la medida solo supone adelantar en un mes un designio que iba a producirse igualmente una vez que la asamblea aprobara la creación de la nueva fundación que recogerá los restos de la caja. La gran diferencia es que ya no serán los órganos de la entidad los que tomen la decisión final. Nada más ser disuelta, el protectorado de fundaciones de la conselleria de Justicia deberá nombrar una comisión gestora para que dirija la conversión de la caja en fundación. La CAM seguirá el mismo camino.
Fuentes oficiales de la conselleria de economía, que admitieron desconocer el cambio hasta el lunes, aseguraron ayer que la intención de la Generalitat es que nada se modifique respecto del diseño ya casi terminado y en el que la administración autonómica ha ejercido un papel clave. Es decir, se hará cargo de los activos de la caja y constituirá la nueva fundación. Así se lo transmitió también al presidente de Bancaja, José María Mas Millet, quien tampoco fue informado previamente de la decisión del PP, que desató ayer todas las alarmas en Valencia. Mas reunió ayer informalmente a varios consejeros de la caja y de su fundación para transmitirles tranquilidad sobre el futuro de la entidad. Pero el bloque de izquierdas de la caja -consejeros socialistas y representantes del personal y la entidad fundadora- se mostraron muy críticos en el encuentro, porque temen que, una vez liberada de costuras, la Generalitat pueda liquidar la caja y quedarse con sus escasos recursos. Por ello, además de pedir que la entidad plante cara el PP y que la Generalitat convoque a todas las fuerzas parlamentarias para corroborar que no habrá cambios en la futura fundación, plantearon sus dudas sobre las intenciones de los populares para recortar en un mes la transformación de las cajas, una medida de la que se salvará Caixa Catalunya, porque su asamblea se celebra hoy -también Caixa Ontinyent, que no ha dejado de ser una caja-, pero que penaliza especialmente a Bancaja, la otra entidad de ahorros que tenía a la vuelta de la esquina su transformación.
Las teorías conspirativas abundaban ayer, incluida la que asegura que el adelanto en un mes tiene como objetivo evitarle al expresidente de Bankia y todavía primer ejecutivo de Caja Madrid, Rodrigo Rato, el mal trago de la asamblea de diciembre, si bien hay que precisar que en las cajas esas reuniones son a puerta cerrada. Desde el ministerio de Economía, sin embargo, se aseguró a este diario que no hay ninguna motivación política en el cambio, cuyo principal muñidor sería el diputado Vicente Martínez Pujalte, muy próximo a Rato. En el departamento que dirige Luis de Guindos afirman que el paso de los seis meses iniciales a cinco se ha dado con el propósito de agilizar estos procesos, muy parados salvo casos contados, en el contexto de un mes, noviembre, en el que se empezarán a poner en marcha algunas de las medidas impuestas por Bruselas a cambio del rescate financiero.
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