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13/07/2012 EFE

Madrid, 13 jul (EFECOM).-.

Amorós, que ha declarado durante tres horas ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, ha incidido en que durante los cuatro primeros meses de los ocho que ejerció como directora general, sus facultades estuvieron delegadas al SIP, la alianza con la que la CAM tenía previsto unirse a Cajastur y otras dos cajas.

Las tesis que ha defendido Amorós, en la misma línea a las que ya expuso en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, se han centrado también en recalcar que no tuvo competencias sobre las auditorías, la contabilidad o la información financiera de la entidad, así como en la supervisión que ejerció el Banco de España durante la etapa final de su mandato.

Esta afirmación contrasta con la acusación que hizo esta misma semana el exdirector de Planificación y Control de la caja Teófilo Sogorb, quien acusó directamente a Amorós de haber ideado un plan para lograr con las participaciones preferentes la liquidez que le negaban los mercados a la CAM.

Tampoco ha asumido Amorós ninguna responsabilidad sobre los polémicos préstamos en los que participó la CAM sin apenas garantías, como el crédito sindicado por 1.200 millones que se otorgó al proyecto inmobiliario Polaris World (Murcia) o los 300 millones de dólares que utilizó la caja para adquirir la constructora mexicana Crédito Inmobiliario.

Otro de los puntos que ha tratado Amorós, que sólo ha contestado a preguntas del juez, del Ministerio Fiscal y de su defensa, ha sido el relativo a su remuneración, de 600.000 euros anuales, y a la pensión vitalicia de 360.000 euros.

Según ha explicado a EFE su abogado, Carlos Saiz, Amorós, que fue destituida por los administradores de la CAM encargados de la gestión de la caja después de su intervención en julio de 2011, ha asegurado que ella no realizó ninguna modificación en su sistema retributivo y que no cobró ninguna indemnización.

Tras tres jornadas de declaraciones, tanto Amorós como el expresidente de la caja, Modesto Crespo; el exdirector de Recursos, Vicente Soriano; y Teófilo Sogorb han negado cualquier responsabilidad en el agujero de la caja, que ha dejado atrás 37 años de historia y ha echado el cierre víctima del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Todos ellos, junto al predecesor de Amorós en el cargo, Roberto López Abad, están acusados de delito societario, de estafa, manipulación del precio de las cosas y de apropiación indebida.

Aún está por ver qué argumenta ante el juez López Abad, al que los afectados consideran el presunto "cabecilla" de la estrategia de la CAM.

Su declaración, que estaba prevista para ayer, se ha retrasado hasta el próximo jueves.

A la espera de la cita, el abogado de la plataforma de afectados de la CAM, Diego de Ramón, ha solicitado al juez que bloquee los 5,6 millones de euros que cobró López Abad de indemnización tras salir de la caja, que le retire el pasaporte, que le embargue cautelarmente los bienes y que intervenga en el proceso la unidad de blanqueo de capitales del Banco de España.

Además, ha pedido para la antigua cúpula de la entidad prisión preventiva bajo una fianza solidaria de 12 millones de euros.

Está previsto que el lunes declare, en calidad de testigo, la consultora PwC para ratificar el informe que elaboró sobre los estados financieros de la entidad.

Fuentes jurídicas han señalado que la causa podría cerrarse en ocho meses. EFECOM

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