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F. Tadeo

7/07/2012 - 11:11

 Un sinfín de banqueros están siendo investigados por la Justicia. Se ha abierto la veda contra ellos, en procesos similares a los llevados a cabo en Islandia, ReinoUnido o Estados Unidos. La admisión a trámite de la querella de UPyD contra los exadministradores de BFA y Bankia es el último episodio de un relato que se promete largo y complejo. Los inversores particulares, distintas asociaciones, el propio Estado y algunos partidos políticos han tomado la iniciativa, con sus denuncias, para depurar las presuntas responsabilidades sobre el escándalo de las antiguas cajas de ahorros.

Tres son las vertientes principales de todas las denuncias presentadas hasta ahora. La primera, es la posible ocultación del agujero patrimonial a través de artimañas contables que han obligado a las entidades a solicitar cuantiosas ayudas públicas para sobrevivir. La segunda, la entrega de indemnizaciones y pensiones millonarias a pesar de una gestión que, en la mayor parte de los casos, es ruinosa teniendo en cuenta los resultados. Y la tercera, con un perjuicio social importante, en las prácticas empleadas para vender productos (participaciones preferentes y acciones), en los que los clientes están atrapados en la actualidad con sustanciales pérdidas para sus bolsillos.

¿Quiénes están en el punto de mira? No todas las entidades se tienen que enfrentar al veredicto de la Justicia. Además de BFA-Bankia y sus antiguos consejeros, están siendo analizados con lupa por los tribunales Novagalicia, CatalunyaCaixa, Banco Valencia, CAM, Caja España, Caixa Penedés y CCM, al igual que sus principales exgestores.

Los pasillos de las audiencias y juzgados provinciales y de la Audiencia Nacional estarán, previsiblemente, repletos en los próximos meses de exdirectivos financieros, que tendrán que acudir a dar explicaciones y enfrentarse a eventuales sentencias.

CCM, el inicio de todo

Quienes han pisado ya la moqueta de estos tribunales han sido los diferentes jefes de la antigua CCM. Su paso fue amargo, ya que tanto el expresidente, Juan Pedro Hernández, como el número dos, Ildefonso Ortega, fueron sancionados por la Audiencia Nacional con cinco años de inhabilitación y una multa económicade 155.000 euros y 150.000 euros, respectivamente. La Audiencia ratificó la propuesta del Banco de España, que conllevó penas para otros miembros del consejo de administración. Este proceso se inició tras la intervención de la caja manchega. El calvario para sus antiguos responsables no ha acabado. Se enfrentan ahora a otro caso, iniciado por parte del órgano rector de la entidad. Los representantes del PP en el consejo de CCM denunciaron ante la Audiencia Nacional a Moltó y Ortega por su nefasta gestión. El grupo tuvo que ser rescatado, con unas ayudas superiores a los 5.000 millones y adjudicado a Cajastur.

El caso de la manchega ha sido el preludio de lo que en la actualidad está sucediendo. El más relevante, por su magnitud y perjuicio social, es el de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y su filial Bankia.

Bankia, la magnitud del caso

La entidad y su exadministradores tendrán que hacer frente a un aluvión de querellas por distintas causas. Los delitos de los que se les acusa son diferentes: desde falsedad documental hasta de apropiación indebida de fondos.

A esta denuncia admitida a trámite por la Audiencia Nacional, hay que sumar otras cuatro, que están en proceso de análisis por la Fiscalía y el juez. Adicae, Aemec, el 15-M y Manos Limpias pretenden sacar las vergüenzas, no sólo de gestión realizada por la anterior cúpula, la liderada, por Rodrigo Rato, sino de la previa, la desarrollada por los presidentes de las cajas fundadoras, como Miguel Blesa, de Caja Madrid. Alguna de ellas, como la interpuesta por Manos Limpias, va más allá y abre el abanico de responsables del fiasco al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Las causas contra BFA-Bankia contienen todas las vertientes y los, por ahora, 33 inculpados por la Audiencia Nacional, se enfrentan a penas de prisión de hasta 15 años por cinco presuntos delitos. La investigación, para la cual el tribunal número 4 de este organismo ha reclamada una multitud de información, va dirigida a esclarecer los siguientes puntos: el súbito deterioro patrimonial de Bankia, por el que necesitará, a priori, 23.500 millones de recursos del Estado; la salida a bolsa de la entidad y las consecuencias para sus accionistas, entre los que se encuentran 400.000 ahorradores; la venta de las participaciones preferentes por importe de 4.000 millones; las indemnizaciones pagadas a sus ex directivos, al igual que los créditos concedidos a consejeros y familiares; y comoanexo, la caída de Banco de Valencia, que estuvo controlado por BFA-Bankia, cuya participación del 40 por ciento fue heredada de la levantina Bancaja.

Con respecto al Banco de Valencia existe otra denuncia, presentada por el propio Frob (accionista mayoritario) contra la excúpula por su gestión al frente de la entidad (Olivas, Antonio Tirado, Domingo Parra, Celestino Aznar y Agnés Noguera). Un juzgado de Valencia también estudia la querella contra ellos interpuesta por accionistas minoritarios, que han perdido gran parte de su inversión tras la intervención.

La investigación de la querella de UPyD a día de hoy es la más adelantada, pero aún está en una fase inicial. Entre las personalidades a las que afecta se encuentran Rato, el exvicepresidente del grupo, José Luis Olivas, el exministro Ángel Acebes, y otros treinta exconsejeros del conglomerado financiero, entre los que está el recién dimitido consejero delegado, Francisco Verdú.

La acusación, en función del avance de las pruebas, no descarta ampliar la lista de implicados, como a otros vocales olvidados -entre ellos, Virgilio Zapatero- y al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

La acción social en Novagalicia

Como este último, los guardianes de las viejas entidades de ahorros lideran el ranking de las querellas, por su actuación, en muchos casos contaminada por la vinculación política y una cadena de errores en la los reguladores pudieron hacer la vista gorda.

El escándalo de las jubilaciones de oro y las preferentes ha cogido fuerza en Galicia, donde los movimientos sociales han canalizado las protestas. Su fuerza, que no tiene comparación con la de otras regiones, ha provocado que la Fiscalía actúe para determinar la legalidad del reparto de unos 40 millones a seis ex altos directivos y la comercialización de productos de alto riesgo, incluso, a analfabetos. Los afectados por una inversión de casi 1.000 millones han hecho piña y han conseguido que la justicia actúe.

El Ministerio público, tras una demanda colectiva, pidió la semana pasada a Novagalicia que devuelva el dinero a los 43.000 clientes a los que colocó preferentes. La solución, sin embargo, está en manos de Bruselas, quien analiza lasmedidas a adoptar al tratarse de un banco nacionalizado que, además, requiere de nuevas ayudas.

Los anteriores copresidentes de Novacaixagalicia (germen de Novagalicia), Mauro Varela y JulioFernández Gayoso, dimitieron hace diez días de sus cargos ante la admisión a trámite por parte de laAudiencia Nacional contra el esquemade indeminización y pensiones millonarias establecidas en el momento de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova ante su futura salida del grupo resultante.

El Juzgado Central de InstrucciónNúmero 2 de la Audiencia Nacional abrió las diligencias oportunas y la investigación, a propuesta de Anticorrupción contra Gayoso y otros cuatro directivos. Ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez y Javier García de Paredes, además de Gayoso, por presuntos delitos de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida. La Fiscalía también está analizando otra querella contra querella en la que incluye a otros ex altos directivos de las cajas gallegas, como José Luis Méndez y su hijo Yago, por el dinero percibido tras su marcha de la entidad.

El Ministerio público reclama que todas estas cantidades deben ser devueltas tras el estado de situación del grupo, que está nacionalizado desde el pasado mes de octubre.

La Fiscalía general, Anticorrupción y juzgados provinciales están investigando otros casos llamativos en torno a las jubilaciones de oro. Son las correspondientes a la CAM, CatalunyaCaixa, Caja España, Segovia y Caixa Penedés.

Anticorrupción quiere centralizar todos los procesos ante el aluvión de casos,mientras el Congreso de los Diputados debate una normapara obligar la devolución de las indemnización, que superan los 150 millones de euros en total.

La CAM

Algunos procedimientos ya han comenzado, como el de la CAM, donde la exdirectora general, María Dolores Amorós, ha tenido que declarar. En la caja alicantina el reparto de dinero entre sus altos gestores casi 14 millones de euros.

Los exejecutivos de la CAM -Amorós, Modesto Crespo y Roberto López Abad, entre otros- tienen abierto también un expediente en el Banco de España para analizar su gestión enlos últimos años,mientras la Audiencia Nacional investiga si cometieron irregularidades contables. La caja ha necesitado ayudas de 24.000 millones.

Las pesquisas sobre las indemnizaciones y retribuciones fijadas para los directivos afectan también a la cúpula de CatalunyaCaixa, entre los que se encuentra el ex ministro socialista Narcís Serra. En Caixa Penedés cuatro ex gestores se llevaron 20 millones, mientras que en las castellanas algún directivo se prejubiló con casi 6 millones.

Es el caso de Luis Escribano, número dos de Caja Segovia. La actuación de la Justicia, como en otros países, podría suponer el fin de la impunidad de los banqueros en España, que en raras ocasiones se sientan en el banquillo de los acusados.

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