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M.A. RUIZ COLL / ALICANTE

Día 12/06/2012

En el expediente disciplinario abierto a 49 exconsejeros y altos cargos de Caja Mediterráneo (CAM), el Banco de España se vierten acusaciones explícitas relacionadas con la supuesta obtención de préstamos en condiciones preferentes. Una de las acusaciones se dirige en concreto contra el propio presidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés, a quien se atribuye haberse beneficiado de créditos destinados a una empresa vinculada a su familia, en condiciones más ventajosas que los clientes de la caja. Sin embargo, esta afirmación ha sido desmentida por los administradores del FROB, quienes teóricamente han sido los encargados de facilitar toda la documentación necesaria para elaborar el expediente disciplinario.

En el informe anual de gobierno corporativo del Banco CAM correspondiente a 2011, remitido el pasado 12 de febrero a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los administradores del FROB afirman que «la entidad no tiene información sobre ninguna operación de crédito con los antiguos consejeros (ni con directivos) que sean ajenas al tráfico ordinario del Banco y su Grupo, o que no se hayan realizado en condiciones normales de mercado».

Querella por falsedad

Es decir que, en contra de lo que sostiene el Banco de España, ningún ex consejero (condición que también tienen los miembros de la comisión de control) se ha beneficiado de créditos de la caja en condiciones privilegiadas, distintas a las que puedan tener los clientes. Idéntico párrafo ha sido incluido también por los administradores del FROB en el informe de gobierno corporativo de la caja de ahorros correspondiente al ejercicio 2011.

Como ha informado ABC, Avilés se ha querellado contra dos inspectores del Banco de España, Ángel Rico y Pedro González, por considerar que las afirmaciones que han incluido en el expediente disciplinario sobre él constituyen un presunto delito de falsedad en documento público. El juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ya ha admitido a trámite la querella y ha citado a Rico y González a declarar como imputados.

Avilés ha incorporado a su querella un informe elaborado por un auditor de cuentas según el cual, cuando la empresa vinculada a su familia refinanció el crédito que tenía concedido por la CAM, no lo hizo con condiciones más ventajosas, como sostiene el Banco de España, sino que éstas se endurecieron, al elevar el tipo de interés y las garantías exigidas en forma de fondos pignorados por la caja para responder de cualquier posible impago.

Cobro de dietas

En el informe que dio lugar al expediente disciplinario, el Banco de España también sostiene que Avilés cobró dietas como consejero de una sociedad participada por CAM, sin la preceptiva autorización de la asamblea general de la caja. En su descargo, Avilés ha aportado el acta de la asamblea celebrada en diciembre de 2007 en la que se comunicó que los miembros de la comisión de control pasaban a cobrar dietas por su presencia en empresas participadas, en las mismas condiciones que los miembros del consejero de administración.

Con anterioridad, Avilés renunció expresamente al cobro de dichas dietas, que sólo aceptó a partir de 2007, una vez lo hubo comunicado a la asamblea . En el pliego de cargos del expediente, el Banco de España asegura que Avilés debería haber dimitido del cargo debido a que su empresa familiar estaba en situación de morosidad. Avilés niega esta acusación, pues la empresa nunca ha llegado a acumular tres cuotas impagadas del crédito.

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