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El pliego de cargos elaborado por el Banco de España acusa al equipo de Crespo y Amorós de maquillar las cuentas y de lucrarse con el cobro de dietas
El servicio de Inspección del Banco de España ha propuesto imponer sanciones económicas de hasta 800 000 euros para la ex directora general de Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, y para la práctica totalidad de los miembros del consejo de administración cesados el pasado mes de julio, cuando la caja tuvo que ser intervenida por el regulador debido a su elevado nivel de insolvencia.
En cuanto a la propia caja de ahorros, la sanción propuesta asciende a 1,6 millones de euros, o bien el 1% de sus recursos propios, según el pliego de cargos que el Banco de España ha comenzado a remitir esta misma semana a los 49 ex altos cargos de la entidad expedientados.
El pliego de cargos firmado el pasado día 20 por los instructores del expediente disciplinario imputa a buena parte de los miembros del consejo de administración de CAM tres infracciones muy graves tipificadas en los artículos 4.n, 4.f y 4.p de Ley 26/1988 sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC).
El documento, al que ha tenido acceso ABC, acusa a los ex consejeros expedientados de haber incurrido en graves deficiencias en el control interno de la entidad —una infracción sancionada con multa de hasta 150.000 euros e inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad financiera por un periodo de hasta diez años—, haber llevado a cabo prácticas contables ilegales que maquillaron la realidad de sus cuentas —con idéntica sanción que en el caso anterior— y no haber sido capaces de presentar un plan de actuación viable para evitar la quiebra de la caja.
Diez años de inhabilitación
Este último supuesto daría lugar a una sanción de hasta 500.000 euros, así como inhabilitación por un periodo de hasta diez años. Como consecuencia de estas tres infracciones, el servicio de Inspección del Banco de España propone imponer sanciones que suman 800.000 euros para los principales responsables de la caja. Entre ellos, el expresidente Modesto Crespo, la exdirectora María Dolores Amorós, los exvicepresidentes Ángel Martínez, Antonio Gil-Terrón, Benito Nemesio, y buena parte de los miembros del consejo de administración.
En cuanto al exdirector general Roberto López Abad, sólo se le imputan las dos primeras infracciones, pero no la referida a la aprobación del plan de actuación para salvar la caja, puesto que abandonó el cargo el 10 de diciembre de 2010 para tomar las riendas del fallido SIP que la caja alicantina iba a liderar junto a Cajastur. por tanto, las sanciones propuestas para López Abad suman tan sólo 300.000 euros.
En la misma situación se encuentran el exvicepresidente tercero Antonio Gil-Terón y otros ocho ex consejeros que cesaron en sus cargos en febrero de 2010. El informe elaborado por el servicio de inspección acusa también a los exconsejeros de lucrarse con el cobro de dietas de forma injustificada por asistencia a los consejos de administración de sociedades participadas. Por este concepto, Modesto Crespo percibió más de 650.000 euros entre 2009 y 2010.
Por último, el Banco de España propone sanciones de 6.010 euros e inhabilitación por un periodo de diez años para cada uno de los miembros de la comisión de control, presidida por Juan Ramón Avilés Olmos, a los que el órgano regulador acusa de negligencia en las labores de vigilancia de las cuentas de la entidad. |
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