El presidente de la comisión de control alega que el procedimiento es ilegal
M. A. R. / ALICANTE
Día 27/02/2012
El presidente de la comisión de control de Caja Mediterráneo (CAM), Juan Ramón Avilés Olmos, dirigió el sábado un escrito al Banco de España en el que solicita, por defectos de forma y de fondo, la nulidad del expediente disciplinario que le ha abierto el organismo regulador, junto a otros 47 ex consejeros y directivos de la caja.
El escrito argumenta que, en lo que se refiere a los miembros de la comisión de control, la decisión del Banco de España es nula de pleno derecho, ya que el artículo 21 de la Ley 26/1988 sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito indica que sólo se puede tramitar un expediente sancionador común a los directivos que hayan cometido «una misma infracción».
El Banco de España ha abierto un único expediente a 48 altos cargos de Caja Mediterráneo sin tener en cuenta que los miembros de la comisión de control no tienen poder ejecutivo, sino únicamente de supervisión de las decisiones que adopta el consejo de administración. Por tanto, señala el escrito tramitado por Juan Ramón Avilés, los miembros de la comisión de control no pueden haber incurrido en las mismas infracciones que los consejeros, por lo que se les debería haber abierto un expediente sancionador independiente. Este defecto de forma, añade, es suficiente para anular todo el procedimiento. Pero además, añade el recurso dirigido al Banco de España, «el hecho de tramitar conjuntamente ambos expedientes disciplinarios genera una incorrecta, sesgada, parcial e insuficiente instrucción, lo que evidentemente crea indefensión e inseguridad jurídica a los miembros de la comisión de control».
Avilés Olmos considera además que el regulador ha incumplido «de forma injustificada, causando indefensión», lo previsto en el real Decreto 1398/1993 que aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador aplicado por el Banco de España. Según esta normativa, la institución está obligada a comunicar a los expedientados el plazo que tienen para presentar alegaciones contra la apertura del expediente.
Confundir a los afectados
En este caso, el Banco de España sólo les ha comunicado que tendrán 20 días para alegar desde el momento en el que se les notifique el pliego de cargos, que deberá concretar la infracción concreta que ha cometido cada uno de ellos y la sanción propuesta. Por el momento, los 48 ex consejeros y directivos sólo han recibido la notificación de la apertura del expediente, pero no el pliego de3 cargos. «Si la intención del Banco de España era confundir a los expedientados en cuanto a los plazos para esgrimir sus derechos, en verdad lo ha conseguido, pues hasta la prensa, que al parecer ha tenido acceso al expediente antes que esta parte, ha publicado unos plazos erróneos», indica Avilés en su recurso.
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