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Las grandes entidades se muestran reticentes a cualquier imposición administrativa

Se trata de conseguir que los mayores esfuerzos se dirijan a prestar a empresas y familias

La recuperación del crédito es prioritaria para relanzar la economía y Mariano Rajoy, inminente presidente del Gobierno, ha puesto a sus expertos a estudiar las fórmulas más adecuadas para la constitución de un ´banco malo´ al que las entidades financieras puedan trasladar los créditos inmobiliarios morosos, las viviendas y el suelo adjudicados por impago de préstamos y aquellos otros activos a cuya propiedad han accedido tras reclamar por vía judicial el cobro de los correspondientes débitos.

Se trata de conseguir que las entidades dejen de dedicar sus mejores equipos y mayores esfuerzos a la venta de pisos y otras funciones de gestión de los préstamos tóxicos y puedan volcarse en la actividad de prestar a empresas y familias, con la liquidez obtenida a cambio de esos mismos activos problemáticos. A 30 de junio pasado -y la situación se ha seguido deteriorando desde entonces- los créditos dudosos, adjudicados y bajo vigilancia por su alto riesgo que bancos y cajas mantenían en el ámbito inmobiliario ascendían a 176.000 millones de euros, un 11,4% del total de su cartera crediticia y el 5,2% de su activo consolidado.

Ni se conoce la composición del equipo económico de Rajoy, ni tampoco los planes concretos que alberga al respecto, pero la idea del ´banco malo´, que aparecía en el programa electoral del PP bajo un enunciado difuso ya se ha empezado a transmitir desde el entorno del próximo jefe del Ejecutivo como un proyecto para los primeros meses del 2012. Hasta el gobernador del Banco de España se acaba de declarar abierto a esta opción, una vez concluida la reestructuración en curso.

Pero ni todas las entidades respaldan la idea, porque las grandes critican cualquier imposición administrativa, y también las ayudas discriminadas a sus competidores que han sido malos gestores, ni va a resultar sencilla la realización de valoraciones en pleno hundimiento del precio de las propiedades de suelo y ladrillo. Sin olvidar que a un Ejecutivo recién constituido no le resultará fácil explicar, en plena crisis, que una de sus actuaciones sea un rescate bancario con fondos públicos.

¿Cómo funciona un banco malo?

La idea se aplicó primero a escala individual, en lo que a primera vista constituía algo parecido a un ejercicio de prestidigitación. En el arranque de la crisis financiera, Jeremy Bulow y Paul Kemplerer idearon que los reguladores pudieran obligar a un banco en apuros a fracturarse en dos. La parte buena se quedaría con los activos y pasivos selectos y podría seguir funcionando a pleno rendimiento, porque su colchón de capital le permitiría seguir prestando a los clientes solventes. La parte mala, dueña del resto de las deudas, tendría como principal atributo la propiedad del banco bueno. Un modelo parecido se ha utilizado en los dos grandes grupos de las cajas de ahorros españolas, BFA- Bankia y La Caixa- CaixaBank.

¿Qué diferencias existen con los actuales planteamientos?

El equipo de Rajoy está pensando en que una o más instituciones, creadas por el Estado, se hagan con los activos problemáticos de las entidades. La gran ventaja reside en que los bancos se olviden de esta cuestión y se dediquen a financiar a la economía. Pero ya esta primera decisión plantea múltiples dificultades. ¿Tiene sentido englobar todo tipo de activos, desde promociones semi-abandonadas a suelo por calificar, pasando por viviendas en áreas urbanas o rurales?. ¿Qué criterios de valoración hay que aplicar, obviamente distintos en cada caso?. ¿Tiene el Estado los profesionales idóneos para comercializar pisos y vender terrenos, o tendría que crear una estructura especializada con este fin?. Y, finalmente ¿de dónde procederían los fondos?

¿Se puede obligar a todas las entidades a transferir sus activos problemáticos?

El modelo alemán establece un sistema voluntario, en el que se constituyen entidades autónomas para cada banco. Una oficina federal les garantiza, a cambio de los activos dañados, la misma cantidad por la que están inscritos en sus balances a condición de que trasladen idéntico importe a sus clientes mediante préstamos. Este mecanismo dinamiza la economía, proporciona un estímulo a los gestores y produce menor distorsión de la competencia. Si se aplica en España, se corre el riesgo de que los grandes grupos queden al margen y se generen bancos ´zombis´, denominación que el sector aplica a las entidades que continúan operando sostenidas por ayudas públicas.

¿Quién paga la factura del banco malo?

Sea una unidad gestora o varias las destinatarias de los traspasos, habrá que proceder a continuación a la valoración de los bienes ya adjudicados y de los que respaldan a los créditos. Si una entidad los cediera al banco malo al mismo precio al que los tiene apuntados, el coste para las arcas del Estado sería muy elevado. Si, como parece lógico, se procede a la transacción con un importante descuento, el banco o caja tendrá que contabilizar la diferencia como pérdida. Para llevar a cabo una valoración realista, lo lógico es diferenciar cada tipo de activo según sus características.

¿Qué sucede con las entidades que no disponen del colchón suficiente para asumir las pérdidas por este deterioro de sus activos?

El Estado les puede proporcionar recursos pagándoles los activos con deuda nueva captada en el mercado. Una primera estimación cifró las necesidades en unos 50.000 millones de euros. Las entidades, a su vez, podrían utilizar estos títulos para obtener financiación del Banco Central Europeo. Queda el problema de si esos bancos o cajas más débiles pueden seguir adelante por sus propios medios o si, cuando el Estado se proponga salir de su capital, algún privado querrá comprarlos.

¿Tiene el Estado instrumentos adecuados para actuar como banquero?

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se ha quedado con las manos relativamente libres desde el momento en que se han ampliado las obligaciones y dotaciones del Fondo de Garantía de Depósitos, sostenido por el propio sector. Finalmente, en la reciente cumbre de Bruselas se ha acordado adelantar a julio la entrada en funcionamiento del nuevo mecanismo de rescate reforzado, que tiene entre sus funciones la de ayudar a los países en la recapitalización de bancos en dificultades. 

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