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La salida de directivos de la caja gallega, resultado de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, poco antes de su nacionalización está levantando ampollas dentro el sector financiero; Tras el fulminante despido de la ex directora general de CAM, María Dolores Amorós, por parte de los gestores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como consecuencia de las condiciones económicas que había pactado esta ejecutiva en el caso de ser cesada en su cargo, las sospechas apuntan ahora a Novacaixagalicia (NCG), entidad de la que el Estado controla el 93% desde el pasado viernes.
Fuentes próximas a NCG señalan que el ex director general de la entidad, José Luis Pego, habría recibido en torno a ocho millones de euros en concepto de prejubilación e indemnización. Pero no es el único. El ex director general adjunto de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, podría haber cobrado unos siete millones de euros y el ex responsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, unos cinco millones de euros, según estas mismas fuentes. Otras fuentes afirman que el único que habría renunciado a parte de la cantidad que le correspondía como alto directivo por su salida ha sido Javier García Paredes, exdirector general adjunto de la entidad.
El objeto de las críticas no solamente se centra en las últimas salidas derivadas de la llegada de José María Castellano, presidente de NCG Banco, y de su número dos, César González Bueno (el exdirectivo de ING Direct ha asumido el cargo de consejero delegado de la entidad) sino que apuntan también a los dos hijos del expresidente de Caixa Galicia, José Luis Méndez, que ocupaban puestos directivos en la entidad.
Fuentes sindicales aseguran que en varias ocasiones han solicitado información sobre estas indemnizaciones a los órganos de gobierno de la entidad sin éxito. Reclaman además que el Banco de España tome cartas en el asunto, del mismo modo que ha hecho en CAM. |
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