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Los beneficiarios de tan jugosas indemnizaciones son Roberto López Abad, ex director general de la caja y al que todas las fuentes apuntan como primer responsable de su desaguisado; Vicente Soriano, jefe de Recursos Humanos; Joaquín Meseguer, responsable de Participaciones Empresariales; Agustín Llorca, director general adjunto, que abandonó la entidad un día antes de su intervención por el Banco de España, y Gabriel Sagristá, director de la zona Norte.

Los cinco se acogieron al expediente de regulación de empleo (ERE) que puso en marcha la CAM este mismo año después de haber sido los máximos responsables de una gestión que ha llevado a la entidad a una morosidad del 51% con el sector inmobiliario, pérdidas de 1.136 millones en apenas seis meses y una posición de liquidez que obligó al Banco de España a rescatarla.

López Abad se fue con 5,8 millones de euros brutos bajo el brazo. La que fue su sucesora, María Dolores Amorós, que iba a permanecer en la entidad, intentó blindar su futuro pactando con el ex presidente Modesto Crespo una pensión anual de casi 370.000 euros.

Amorós, que ha sido despedida por los administradores del Frob, buscó el beneficio propio, falseó las cuentas y realizó una gestión deficiente mientras ocupó el cargo de directora general. Ése es, al menos, el juicio de los interventores del Banco de España.

La ex directora general de CAM ocultó al consejo de administración de la caja la espectacular subida que experimentó su sueldo nada más acceder al cargo, en noviembre de 2010 (pasó de 350.000 a 593.000 euros al año), así como el resto de jugosos complementos que iban aparejados a su contrato.

Varios ex miembros del órgano de gobierno de la entidad, consultados ayer por este diario, coincidieron en que el consejo nunca fue informado del incremento salarial que Amorós pactó con el presidente, Modesto Crespo. Ni el sueldo de Amorós ni su pensión pasaron por la Comisión de Retribuciones, presidida por el secretario del consejo de administración, José Forner.

Esta comisión tiene como misión informar al consejo sobre la política general de retribuciones e incentivos para los miembros de los órganos de gobierno y el personal directivo. Entre sus funciones figura «conocer e informar sobre los criterios generales de retribución de altos directivos » y «conocer e informar sobre el sistema general de incentivos anuales o retribución variable de aplicación al personal de Caja Mediterráneo».

En vista de los acontecimientos, todo este proceso fue obviado. Fue Modesto Crespo quien, haciendo uso de la competencia que le atribuyen los estatutos de la caja, fijó el sueldo de la primera directiva de la CAM, incluso, antes de que la asamblea general de la caja ratificara el nombramiento de Amorós.

 Además de subirse el sueldo, a Amorós también le dio tiempo, en su breve estancia en la dirección general, a ascender a su hermana, empleada de la CAM, a la cúpula de la entidad. El pasado abril, tras la ruptura de la fusión con CajAstur, Amorós rediseñó el equipo directivo y al mismo ascendió a su hermana, Luisa Esperanza Amorós, a quien colocó en la la dirección de Particulares.

Todos estos elementos van a formar parte del expediente administrativo que el Banco de España está elaborando contra el equipo directivo y el consejo de la entidad. Fuentes financieras apuntan que, además de la vía administrativa, hay suficientes indicios de delitos penales, por lo que el Banco de España optará por, una vez concluido el expediente, elevarlo a la Fiscalía para que inicie la oportuna investigación y depure responsabilidades.

Mientras tanto, continúa el proceso de adjudicación de la caja. Ayer concluyó el plazo para que los interesados presentarán ofertas no vinculantes por una entidad que suma 70.000 millones de euros en activos.

Según fuentes financieras consultadas por este diario, en la lista de ofertantes aparecen el Santander (que acometería la integración a través de Banesto), BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Ibercaja y Barclays. A ese listado se podría sumar algún fondo de inversión, como ya sucedió en el caso de CajaSur, aunque difícilmente el Banco de España se inclinará por entregarles la caja a ellos.

Ahora es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) el que debe analizar las propuestas recibidas. En función de las solicitudes que hayan realizado los interesados, el fondo reformulará las condiciones para quedarse con la entidad. Inicialmente había incluido un esquema de protección de activos para cubrir las pérdidas de los créditos más tóxicos de la caja y ayudas para financiar sus problemas de liquidez.

Los beneficiarios de las indemnizaciones

>Roberto López Abad. Desde febrero de 2001 hasta noviembre de 2010 fue director general de Caja Mediterráneo. Tras fracasar la fusión con CajAstur, volvió a la CAM como asesor de la presidencia. A finales de junio, apenas tres semanas antes de la intervención, se prejubiló. Se embolsó 5,8 millones brutos.

>Agustín Llorca. En febrero de este año asumió la dirección general adjunta de la CAM. Cuatro meses después se acogió al ERE que había aprobado la caja. Se da la circunstancia que solicitó la prejubilación un día antes de la intervención del Banco de España, el 21 de julio. Percibió dos millones de euros brutos por los servicios prestados.

>Joaquín Meseguer. Fue de los primeros en abandonar la caja. Ocupaba la dirección general de Participaciones Empresariales. Bajo su mandato la caja llegó a estar en el accionariado de más de 60 promotoras inmobiliarias. Al solicitar la prejubilación se hizo con dos millones brutos.

>Vicente Soriano. Uno de los hombres de máxima confianza de López Abad. Fue director de Recursos. Se benefició de la indemnización ‘tipo’: dos millones brutos. 

 >Gabriel Sagristá. El director territorial de la zona norte se embolsó 1,5 millones de euros tras acogerse al Expediente de Regulación de Empleo el pasado febrero. Con anterioridad ocupó otro cargo en la caja, concretamente como responsable del área de expansión.

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