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 Dudas sobre la continuidad de la entidad alicantina intervenida por el Banco de España el pasado mes de julio; Eso sí, a falta de conocer sus planes de futuro; El auditor de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), KPMG, en su informe de revisión limitada sobre los estados financieros intermedios de la caja, remitido ayer a la CNMV, considera que existe «incertidumbre sobre la capacidad del grupo CAM para continuar con sus operaciones, de forma que pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos».

Ahora bien, la firma —que ya auditaba la caja antes de ser intervenida—, especifica que la evolución de su negocio y la continuidad de sus operaciones «dependerán del éxito del plan de acción que los administradores provisionales están elaborando», así como de la continuidad del apoyo financiero o la participación en Banco CAM de entidades solventes que permitan el acceso a los recursos necesarios para garantizar su viabilidad futura.

La auditora especifica que los 2.800 millones aportados por el Frob le han permitido cumplir hasta ahora con los niveles requeridos, y la línea de crédito de liquidez de 3.000 millones, afrontar los vencimientos de deuda y las potenciales salidas de depósitos a corto plazo. Gracias a ello, la caja ha recuperado «transitoriamente la solvencia y la liquidez necesarias para seguir operando con normalidad». KPMG indica también que el FROB está elaborando un plan de acción de la caja para que supere sus dificultades, entre las que se contemplan operaciones con otras entidades de reconocida solvencia, pero subraya que no dispone de proyecciones financieras.

Y hete aquí más dudas. Pero no del auditor, sino de los mercados, de los expertos financieros y de los bancos que están dispuestos a presentar ofertas al Banco de España para participar en la subasta de la entidad. El riesgo inmobiliario de la CAM que, a día de hoy, es aún muy preocupante. Y es que la actual CAM, según sus estados financieros del primer semestre del año en curso, ha concedido créditos por 12.677 millones a promotores inmobiliarios, de los que 6.437 millones, es decir el 50,7% del total, son de dudoso cobro. Además, otros 1.334 millones tienen riesgo de impago (los llamados créditos subestándar) y 635 millones más han pasado a fallidos.

La morosidad sobre el total de créditos concedidos por la entidad (51.021 millones) asciende al 19,5%; pero en el caso concreto de los préstamos ligados al sector del ladrillo, la morosidad se dispara al 50,8%. De los créditos hipotecarios (18.942 millones), el 5,4% acumulan impagos superiores a los tres meses.

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