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Los interesados exigen un esquema de protección de activos para adquirir la caja
JUAN EMILIO MAÍLLO / Madrid
Los bancos interesados en la adquisición de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) están empezando a planear sus estrategias para pujar por la entidad ante la subasta que tendrá lugar a la vuelta del verano; Todas las fuentes financieras cercanas al proceso consultadas por este diario dan por hecho que nadie se atreverá a quedarse con la maltrecha caja alicantina sin un esquema de protección de activos (EPA).
Esta figura ya fue usada en los procesos de intervención de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y Caja- Sur, las dos entidades que han sido gestionadas por el Banco de España a lo largo de esta crisis. Estos esquemas permiten cubrir el riesgo de una determinada cartera de créditos, que es asumida por el Estado, sin que el comprador tenga ningún incentivo para gestionarla y tratar de recuperar parte de los préstamos en ella incluidos.
En el caso de CCM, se implantó un EPA de 2.475 millones de euros, mientras que en el de CajaSur, que había sido previamente saneada, la cartera protegida que pidió BBK fue de apenas 392 millones de euros.
En contra de la CAM juega su tamaño, que supera la suma de las dos anteriores cajas. Tiene 70.000 millones de euros y unas provisiones pendientes de hacer de más de 4.500 millones de euros, a 31 de diciembre pasado.
Ése es, al menos, el agujero que hay que cubrir en la CAM. Pero a la mesa del Banco de España pueden llegar soluciones distintas a las puestas en marcha hasta el momento. Aunque aún no se ha abierto el proceso formal, CaixaBank, BBVA y Santander analizarán la adquisición de la CAM. A la subasta se pueden sumar también BBK e Ibercaja, la última entidad que negoció con la caja alicantina. Una opción que barajan algunas de estas entidades es solicitar un EPA que no cubra el 100% de la cartera crediticia seleccionada, pero a cambio de que ésta sea de mayor cuantía.
Dos ejemplos ilustran las opciones. Una entidad puede pedir que se cubra una cartera de 3.000 millones de créditos y que el 100% de la misma esté protegida, es decir, el riesgo se lo quede el Estado. Otra puede pedir protección para una cartera de 4.000 millones, pero que cubra sólo el 90%. Es decir, el banco se quedaría 400 millones de riesgo y el Estado asumiría 3.600.
La diferencia con el caso anterior es que el banco adquiriente tendría incentivo para reducir las pérdidas de esa cartera, pues parte le afectarían directamente. Y, a la larga, puede contribuir a que la factura del Estado sea menor. Es un proceso más complejo, pero que ya ha dado resultado en operaciones similares anteriores. Sin ir más lejos, el BBVA lo usó cuando adquirió en agosto de 2009 el banco americano Guaranty, intervenido por el fondo de garantía de depósitos del país (Fdic). El banco español pactó que la Fdic se haría cargo, en caso de producirse, del 80% de los primeros 2.300 millones de dólares de pérdidas que se produjesen en Guaranty, y del 95% a partir de ese importe.
Ningún banco español ha desvelado sus cartas, porque el supervisor ni siquiera ha abierto el proceso, pero en los cuarteles generales ya se empiezan a buscar posibles coberturas a una adquisición, la de la CAM, que conllevaría notables riesgos, tanto desde el punto de vista del tamaño (70.000 millones de activos), como de su falta de solvencia (el Frob ya ha puesto 2.800 millones), como de las tensiones de liquidez (vencimientos de más de 5.000 millones en 2012). |
