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Mañana se cumple un mes de la intervención del Caja Mediterráneo por parte del Banco de España. Treinta días marcados por el objetivo de sanear, recapitalizar y dejar lista a la entidad para sacarla a subasta -que probablemente, se celebre en septiembre-. Este mandato lo tienen encomendado los administradores designados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para la CAM, tras la nacionalización y la automática destitución de su presidente, Modesto Crespo, así como de su consejo de administración.
La toma de control por parte de los interventores -José Antonio Iturriaga, Tomás González y Benicio Herranz- deparó imágenes y decisiones contundentes. Por una parte, la convocatoria a una reunión para todos los directores de oficinas de la entidad, a los que se les suspendieron las vacaciones en agosto -aunque dos semanas después se flexibilizó la medida-. Y de otra, la retirada temporal de sus facultades, limitándoles, además, el importe de los créditos a autorizar.
La inyección de 3.000 millones para evitar la posible fuga de depósitos llegó con la entrada del FROB, ya que la caja sufrió en julio un ligero repunte en la retirada de fondos, aunque el pico mayor se registró en los meses de mayo y junio, tras el fracaso de la fusión con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria y que supuso un descenso del 5,8% de los depósitos, según se ha publicado recientemente.
La revisión de los créditos pendientes de concesión está siendo el eje de la hoja de ruta de los administradores. No en vano, el excesivo riesgo crediticio asumido por Caja Mediterráneo en los años del "boom" inmobiliario se ha convertido en un lastre para la entidad. Tanto, que registra una elevada tasa de morosidad, que a cierre del pasado año superaba el 8%. Pero el trabajo de revisión de cara al saneamiento y la recapitalización también se ejecuta fuera de las estructuras de la red CAM. De una parte, se está pendiente de conocer los resultados de la auditoría urgente encargada a KPMG, consultora que habitualmente analiza las cuentas de la CAM, y de otra, la valoración de la entidad que llevan a cabo tres bancos de inversión.
Esta última será determinante para saber, finalmente, qué participación en el capital del banco CAM -al que la caja ha transferido su negoci0- se queda en manos del Estado. Paralelamente, el FROB inyectará a la entidad los 2.800 millones aprobados para su recapitalización, fondos necesarios para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia exigidos por el Gobierno (10%).
Igualmente, en estos treinta días, el control de los administradores se ha escenificado con otra decisión contundente: la destitución de la que era directora general, María Dolores Amorós, a los que se le ha suspendido de empleo -pero no de sueldo- y que ha supuesto la definitiva ruptura con el anterior equipo gestor. Posteriormente, se remodeló el organigrama directivo, una medida que se adopta a pocas semanas de su venta, que en el sector se sitúa en septiembre.
Paralelamente, el plan de cierres y de prejubilaciones aprobado en abril por el Banco de España se ha acelerado. Y los sindicatos ultiman una campaña para reivindicar el mantenimiento del empleo y de la Obra Social de cara a la subasta.

Persisten las mismas incógnitas

El porcentaje que el FROB se quedará del capital del banco CAM -porque aún no se conocen los resultados de la valoración- o qué futuro le depara a la Obra Social -aunque este programa tiene presupuesto hasta final de año- son algunas de las preguntas que al día 29 de la intervención todavía no tienen respuesta. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró esta semana que la oferta en la subasta de CAM se hará en bloque, "no se troceará", dijo. Esta situación favorecería, en principio, a los grandes bancos, dado el importante tamaño de la entidad. Pero, los sindicatos no están convencidos de que ésta sea, finalmente, la fórmula de venta. El informe que los administradores tienen que presentar al Banco de España despejará dudas, así como los resultados de la auditoría de la situación de la CAM hasta la intervención o los de la valoración de la propia entidad, que será determinante para conocer la participación del Estado en CAM y el camino que marque el proceso de subasta. En el sector se barajan no sólo los nombres de los dos grandes bancos como el Santander y el BBVA, sino también el del Sabadell, o el de cajas como La Caixa, incluso no se descartan posibles aspirantes extranjeros. R. C. ALICANTE

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