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La CAM ha sido en los últimos años una financiera barata para sus consejeros. Entre 2004 y 2010, la caja alicantina concedió préstamos blandos (en condiciones favorables) a los miembros de su consejo de administración y de la comisión de control por un importe total de 161 millones de euros, que en algunos casos se usaron para lucrativos negocios de sus receptores.

Los tres administradores impuestos por el Banco de España para poner orden en la caja tras haber sido intervenida el pasado viernes por la tarde fueron ratificados ayer por la comisión rectora del Fondo Ordenado de Restructuración Bancaria (FROB). Y José Antonio Iturriaga, Tomás González Peña y Benicio Herranz han decidido llamar a capítulo a los anteriores miembros del consejo, que deberán desfilar individualmente ante sus sustitutos para justificar su actuación.

El anterior presidente de la caja, Modesto Crespo, tendrá que dar explicaciones de algunas decisiones que tomó con la aquiescencia y los informes favorables de sus excompañeros. El caso más flagrante es la obtención nada más acceder a la presidencia de cinco millones de euros con los que Crespo pudo obtener importantes plusvalías. El ya expresidente del consejo, que fue nombrado el 8 de junio de 2009, consiguió ese mismo ejercicio un préstamo blando de cinco millones al 2,5% de interés y por un plazo de 12 meses. Pero no fue el único.

Otro empresario de Benidorm amigo suyo, Ginés Pérez Ripoll, que también se dedica a vender coches de la misma marca que Crespo y que entró con él de consejero, fue incluido en la comisión ejecutiva y en solo seis meses tuvo tiempo de que le informaran favorablemente la concesión de hasta 11 préstamos por un importe global de 11.441.000 euros. Por supuesto, a tipos de interés muy por debajo de los del mercado. Tres millones de euros los consiguió a 12 meses y al 2,93%, aunque de otros 2,8 millones solo pagó el 2,5 y de 1,3 millones más, el 1,89% de interés anual. La mayoría de los miembros del consejo de administración de la Caja del Mediterráneo o de su comisión de control obtuvieron operaciones de crédito, avales o garantías personalmente, a través de empresas que controlaban e incluso de familiares de primer grado.

El consejero que más dinero consiguió en condiciones preferentes aprovechando su presencia en el consejo de administración de la entidad fue el empresario y expresidente del Hércules Aniceto Benito. En cuatro años, le fueron concedidos créditos por un importe conjunto de 47,5 millones de euros en 19 operaciones de préstamo, destacando los 25 millones que solicitó a la entidad en 2006.

El caso más sorprendente es el de José Ramón Avilés, presidente de la comisión de control. En los últimos seis años realizó 23 operaciones de crédito por 38,5 millones de euros. El actual presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós, consiguió 3,9 millones entre 2007 y 2008 como miembro de la misma comisión y otros 450.000 euros, ya como consejero, en un préstamo a un año al 3%. También es llamativo el importe del notario de Benidorm Antonio Magraner, a quien que entre 2004 y 2006, en solo tres años, le concedieron 22 préstamos por casi 30 millones de euros.

Y mientras todo esto sucedía, la CAM inició una carrera de desinversiones para poder afrontar sus obligaciones. En los últimos cuatro ejercicios vendió participaciones por valor de 1.770 millones de euros, pero aprobó informes favorables para hacer compras en 97 empresas de diferentes sectores económicos que le supusieron una inversión final de algo más de 770 millones de euros.

Junto con Bancaja, la CAM también ha sido en los últimos años la entidad financiera de referencia para resolver los problemas de liquidez del Consell. En seis años el volumen de préstamos, créditos o avales de la caja a la Administración autonómica ascendió a más de 650 millones de euros, aunque las anualidades más relevantes fueron 2006 y 2010, los dos últimos ejercicios preelectorales. En el primero de ellos, la Generalitat recibió de la CAM 181 millones de euros, mientras el año pasado la cifra subió hasta los 280 millones. La misma caja reconoce en su informe anual de gobierno corporativo que "el convenio de prestación de servicios financieros con la Generalitat Valenciana en el presente ejercicio [2010] se eleva a 505 millones de euros. En el importe indicado se registra el incremento de riesgo respecto al ejercicio anterior, que supone 252,7 millones de euros y los 25.486.000 restantes pertenecen a operaciones de empresas vinculadas".

Pero no solo los consejeros y la Generalitat se aprovecharon de la laxitud de la CAM en la concesión de créditos. El volumen prestatario con instituciones públicas también es muy relevante. La Diputación de Alicante obtuvo entre 2004 y 2010 préstamos por un importe de 130 millones de euros y la de Valencia sobrepasó los 72. La relación más sorprendente es la que mantenía el Ayuntamiento de Elche con la caja alicantina, que le facilitó préstamos en esos seis años por un volumen de casi 94 millones de euros. El Consistorio de Alicante obtuvo tres créditos por valor de 32,6 millones y el de Valencia, 14 millones más.

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