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Viernes 6 de mayo de 2011, Mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros; Habla el portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba: «Se ha dado a conocer la previsión del Banco de España de crecimiento de la economía. Casi, si me permiten, antes de evaluar esa previsión, vamos a esperar a conocer el dato del INE, no sé - la fecha». Con esta displicencia despachó Rubalcaba que el Banco de España cifrara en el 0,2% el crecimiento del PIB en el primer trimestre, lo que tiraba por tierra la previsión de Zapatero de que el avance sería mayor. Una semana después, el INE dio la razón al Gobierno.

El asunto sería una anécdota si no hubiese mar de fondo. La figura del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, está, cada día que pasa, más en tela de juicio. El primer secretario de Estado de Hacienda de Zapatero ha perdido el favor del Gobierno. Los reproches entre gobernador y Ejecutivo son continuos. El abismo que se ha abierto entre Moncloa y Cibeles, entre acusaciones de incompetencia y engaño, difícilmente se cerrará.

En el Gobierno se quejan de que el retraso de la reestructuración financiera perjudica al crédito exterior de España. En el supervisor critican que el Ejecutivo no tiene coraje suficiente para hacer las reformas necesarias y controlar el gasto. Luego está el frente interno, que ha cobrado virulencia en los últimos días con las quejas de los inspectores.

Acusan a la cúpula del Banco de Espata de actuar por criterios distintos a los profesionales. Reprochan al supervisor que sus informes, de índole técnica, no sean vinculantes y que se puedan tomar decisiones contrarias a los mismos por parte de órganos que dependen del <poder político», Las quejas también se multiplican en la banca por el retraso de las fusiones y los vaivenes legales. Pero nadie critica en voz alta a una autoridad con poder para poner del revés el balance de una entidad.

«Soy el defensor del contribuyente»

La oposición politica reprocha a Ordóñez que se meta en asuntos que no le competen cuando no ha arreglado la situación de las cajas. Y ahora el PP ha ido más allá y cuestiona, con documentos en la mano, la tarea supervisora de la autoridad bancaria y que, como dicen los inspectores, los criterios técnicos no sean los que primen a la hora de tomar las decisiones en la institución.

El que el proceso de reestructuración de las cajas le cueste el menor dinero posible al Estado, se ha convertido en la obsesión del jefe del supervisor. Dos de las personas que le han visitado en las últimas semanas coinciden en la misma idea. «El paradigma de los bancos centrales ha cambiado. De proteger a los depositantes hemos pasado a proteger a los contribuyentes». Con esta frase se resume el pensamiento más reciente del gobernador, porque no opinaba lo mismo cuando llegó al cargo. E1 18 de julio de 2006, en su discurso de tomado posesión, afirmó: «El Banco de España debe defender los intereses de los depositantes y, por tanto, en su regulación y supervisión debe pensar en primer lugar en ellos».

¿Qué ha cambiado de entonces a ahora? Básicamente, el deterioro de las cuentas públicas y el tener un Gobierno que sólo ha actuado arrastrado por la presión de los mercados, de sus socios europeos y de las instituciones internacionales. Por eso el gobernador dedica buena parte de su tiempo a preocuparse por el déficit ya reclamar reformas que nada tienen que ver con lo financiero.

El mercado laboral ha sido  una de sus obsesiones más claras. Esa es la literatura, y luego están los hechos, como argumenta el primer ejecutivo de un banco. Porque Ordóñez ha permitido que las cajas que se están fusionando manden al paro a más de 10.000 de sus trabajadores, que éstos vayan a consumir más de 700 millones de euros en prestaciones por desempleo sin tener vocación de encontrar otro trabajo y, además, todo eso se financie con préstamos del Estado. Su fijación por el paro y el déficit ha acabado por distanciarle del Gobierno, al que no le sientan nada bien los continuos recados que manda el supervisor, caldo de cultivo para protestas sociales como las vividas estos días y nada deseables en momentos de examen en las urnas.

En el inicio de la crisis financiera el Ejecutivo y el Banco de España fueron de la mano impulsando medidas como el fondo de adquisición de activos, los avales a la emisión de deuda o el Frob. Pero las últimas medidas no han sido tomadas con plena sintonía. Es el caso de la elevación de las exigencias de capital o la reforma de la ley de cajas, en la que al gobernador le hubiese gustado llegar más lejos y convertir a estas entidades en fundaciones.

Fernández Ordóñez ve al presidente Zapatero una persona incapaz de gobernar la economía en estos momentos. Hasta el punto de que el gobernador ha hecho cuña para que desde fuera de España se presionara al Gobierno para que llevase adelante las reformas necesarias y controlara las cuentas públicas.

Pero, ¿qué piensa el Gobierno del gobernador? Zapatero se siente engañado. En su entorno inciden en que Fernández Ordóñez trasladó el mensaje de la solvencia total del sistema financiero y, sin embargo, ahora las dudas que se ciernen sobre España tienen que ver precisamente con sus cajas. El presidente mete a Ordóñez en el mismo cajón de Solbes, a quien culpa de no advertirle de la gravedad deis crisis.

Un elemento crucial es la carta que los inspectores del Banco de España remitieron al entonces vicepresidente económico en mayo de 2006 alertando de muchos dolos problemas que después han aparecido tanto en el sector financiero como en la propia economía. Zapatero asegura que nunca le fue trasladada. En el caso del gobernador éste ha dado varias veces por cerrado un proceso que sigue abierto. Y ha sido incapaz de pilotar soluciones para las cajas con más problemas, hasta el punto de haber hecho lo contrario de lo que defendía. Porque CCM acabó intervenida , después de que Unicaja, en el último momento, diese un portazo en la puerta del Banco de España ante la negativa de éste a elevar las ayudas para absorber la caja manchega. Al final se la quedó CajAstur por más dinero del que pedía la malagueña.

En el caso de CajaSur, de nuevo con Unicaja de por medio, el Banco de España tuvo que intervenir un viernes de madrugada. Pero el colofón puede ser lo ocurrido con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), donde el supervisor puede haber ocultado información, tanto a los socios de la entidad alicantina como al Parlamento, según adelantó EL MUNDO. La pregunta es si hay más casos como el de la CAM que pueden salir en los próximos días.

«Lo peor que puedes hacerle al mercado es decirle que todo está cerrado y que eso no sea cierto», afirman en un banco de inversión que participa en el proceso de reestructuración de las cajas. Y el presidente de un banco lamenta que se han perdido tres años y se ha llevado el sistema financiero al borde del precipicio.

Esto va a acabar donde empezaron otros países: inyectar capital, reestructurar y vender.. El gobernador, mientras, no se ha cansado de presumir de los test de estrés que hizo en julio de 2010. Con esos exámenes, de julio de  2010, trató de despejar dudas sobre la solvencia de la banca española. Lo consiguió temporalmente, hasta que el mercado fue descubriendo las trampas o apreciando la debilidad de las fusiones que ya había impulsado el gobernador.

Trampas como, por ejemplo, examinar a grupos que no existían en realidad, sino que eran simples proyectos recién nacidos sin consolidar Algunos de ellos, como Banco Base, han descarrilado. El Banco de España trató de tapar que la práctica totalidad de las cajas necesitaban capital, como se ha evidenciado ahora. Otro problema es el resultado de las fusiones. En muchos casos ha habido que poner dinero público sobre dinero público. Así ha sido en CatalunyaCaixa, en Novacaixa Galicia, en Unnim o en CajaEspaña-Duero. Las cuatro tienen algo en común: nacieron de integraciones de cajas de una misma región. Ordóñez tragó con fusiones que sabía que no eran las mejores. En enero de  afirmó que las integraciones de cajas «no deberían ser descartadas como opción estratégica siempre que las fusiones se planteen entre cajas con  un escaso solapamiento geográfico y sectorial».  Donde dije digo...

Pero ese mismo discurso tiene otra frase que deja en evidencia al gobernador. Entonces defendió lo que después ha criticado y la realidad ha puesto sobre la mesa: graves problemas en la gestión de las cajas, instituciones en manos de Curas, dueños de concesionarios o médicos, por poner sólo algunos ejemplos.

En enero de 2007 Ordóñez no veía problemas: «El incremento de la profesionalización en las cajas ha sido muy relevante en los últimos años. Hoy en día, los equipos directivos de las cajas de ahorros están altamente cualificados, habiendo adoptado los más altos estándares del sector bancario».

El diputado del PP Ramón Aguirre incide en que el gobernador «ha teledirigido políticamente la reestructuración de las cajas» y el resultado «ha contribuido a generar desconfianza en los mercados». «España ha perdido tiempo, ha dado ventaja a los competidores y, para colmo, el Banco de España ha entra- do en política», lamenta Aguirre.

Algo más condescendiente se muestra Josep Sánchez Llibre, de CiU, por el «difícil» reto que es enfrentarse a la peor crisis en 80 años. Pero coincide en que en la reestructuración de las cajas actuó «tarde» y «le ha faltado acelerar». Recuerda cómo su formación planteó en 2008 la creación de un banco malo, que hubiese costado financiar menos que ahora.

Pero Ordóñez se resistió a actuar de esa manera y capitalizar de inicio a las entidades débiles. Argumenta, en público y en privado, que el coste para el Estado habría sido mayor. Nadie lo sabe. Lo cierto es que el coste de la reestructuración va ya por los 11.000 millones de euros, puede subir en otros 14.000 millones con la recapitalización en ciernes de varias cajas, y eso sin contar los 4.125 millones que el Fondo de Garantía de Depósitos y el aval público concedieron a CCM. Es decir, casi 30.000 millones de euros. Aunque también hay quien ve en esta forma de proceder un intento de los actuales gestores del Banco de España de tapar sus propios errores. Sin ir más lejos,el actual subgobernador, Javier Ariztegui, que preside además la Comisión Rectora del Frob, fue entre 2006 y 2009 el máximo responsable de supervisión de las entidades

Incapaz de controlar la guerra por los depósitos

La guerra por los depósitos de las familias y las empresas está provocando un daño considerable a las cuentas de resultados de las entidades financieras. El Banco de España ha tratado, sin éxito, de poner coto a esta guerra, que puede llevarse por delante incluso a las entidades más sanas. Las primeras escaramuzas las desató la Caja de Castilla-La Mancha (CCM) cuando estaba intervenida por el propio supervisor Sus altas ofertas enojaron a sus rivales, que se quejaron al Banco de España.

La presión no sólo no bajó, sino que se sumaron nuevos actores, muchos de ellos entre las entidades que habían recibido ayudas del Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). El supervisor ha actuado por varias vías para eliminar esta batalla, pero ha fracasado. En primer lugar, se decidió por lanzar advertencias privadas a las cajas más agresivas. Éstas paraban sus ofertas, pero cuando habían cumplido su objetivo de captación de dinero. El supervisor participaba en el juego porque era consciente de que, sin esas ofertas, algunas cajas habrían muerto por problemas de liquidez.

En segundo lugar el Banco de España recurrió a una orden del director general de Regulación, José Maria Roldán, que fijaba los limites máximos que podia pagar una entidad de las que hubiese recibido fondos del Estado.

Se les impedía que mejoraran las ofertas de sus rivales, pero la medida cayó en saco roto. Ahora se ha ido por otra vía, la del real decreto. La nueva norma sobre recursos propios del sector financiero, que está a punto de ver la luz, penaliza el dinero captado con ofertas altas e impone una sobretasa de la aportación que bancos y cajas deben hacer al fondo de garantía de depósitos. Los banqueros auguran que será en vano. La penalización es tan mínima que compensa el sobrecoste, y más en un momento en el que las emisiones en los mercados mayoristas, para el que puede hacerlas, son aún más caras.

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