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Tres grupos de cajas nacidos con el nuevo sistema de reestructuración bancaria necesitan una mayor inyección de fondos públicos que Caja Mediterráneo para alcanzar la ratio mínima del 8% ó del 10% de core capital exigidos por el Banco de España. El organismo emisor aún no ha dado señales sobre el plan de negocio entregado la semana pasada por las trece entidades y grupos incluidos en este proceso, con la particularidad de que todas ellas cuentan de entrada con las ayudas entregadas con anterioridad dentro del FROB 1, a excepción de la CAM. El motivo es que sus sistemas institucionales de protección (fusión fría) para convertirse en bancos terminaron con éxito no se fracturaron en mitad del proceso.

La situación financiera de la Caja que preside Modesto Crespo y las posibilidades de seguir en solitario sin que medie una nacionalización dependen mucho de que el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria accedan a reconocerles la parte proporcional de las ayudas que fueron asignadas al Banco Base antes de su ruptura.

Bankia, que engloba a Caja Madrid y Bancaja como socios principales, Novacaixa Galicia y Catalunya Caixa, necesitan de mayores capitales públicos adicionales que la CAM, según se puede comprobar en los hitos del proceso de fortalecimiento de solvencia. Incluyendo las ayudas del FROB 1, Bankia necesitará entre 5.793 millones de euros sin aspira a la cota del 10% (o de 1.809 millones si elige la salida a Bolsa para quedarse en el 8%). Novacaixa Galicia precisará entre 2.615 y 1.522 millones de euros, y Catalunya Caixa entre 1.719 y 745 millones de euros.

Utilizando estos mismos parámetros, las nuevas necesidades de capital de Caja Mediterráneo serían de 1.405 millones si se ciñe a las ayudas públicas o de 441 si recurre a la Bolsa. La incógnita reside en estos momentos en la decisión que tomen el Banco de España y el FROB, que están examinando el nuevo plan de negocio y recapitalización y aún no han revelado si están dispuestos a mantener las ayudas iniciales que dio el FROB al Banco Base, cuya ficha bancaria fue adquirida por la CAM. Según ha podido saber ´La Verdad´, existe una negociación de fondo entre los gestores de la Caja y los del Banco de España para conseguir este reconocimiento. Antes de la ruptura del SIP, el Banco Base tenía adjudicados 1.472 millones de euros, de los que 1.031 corresponderían a la entidad nacida y arraigada en la Región de Murcia y Alicante.

La línea oficial

A partir de ahí, y dentro del escenario más apetecible para los gestores de la CAM, sólo habría que sumar: al capital principal actual de 2.386 millones de euros se añadirían los 1.031 del FROB 1, con lo cual se alcanzaría el 7,09% del core capital. Las necesidades adicionales para llegar al 10% serían de 1.405 millones de participación estatal, o bien 441 millones si se va a Bolsa o se busca a un socio estable. Las ayudas del FROB 1 actúan como capital, con la consideración de préstamos, pero no como participación accionarial en el nuevo banco, sea de la CAM o de cualquier otro.

Oficialmente, la CAM ha solicitado 2.800 millones de euros al Banco de España y al FROB para cumplir los ratios de capital principal. En sentido estricto, la caja necesita 2.436 millones, aunque se suele pedir una cantidad mayor. Siguiendo un planteamiento lineal, esto supondría que a partir de julio, o quizás en septiembre, el FROB se haría probablemente con la mayoría del Consejo de Administración. Se habla de hasta el 70%, ya que el capital principal vería disminuido su valor de libros. A efectos prácticos supone una nacionalización y la más que probable salida de los actuales gestores. A renglón seguido, el FROB vendería su parte a alguno de los bancos que han mostrado su interés por el negocio de la CAM en el Arco Mediterráneo.

Existe una opción intermedia: que el Banco de España mantenga los 1.031 millones del antiguo Banco Base, por lo que las necesidades de capital adicional se reducirían a 1.405 millones de euros, y no a 2.800. Eso evitaría que el FROB controlara la CAM y su nuevo banco al no rebasar el 50% del consejo de administración.

La línea oficial ajustada al calendario y los requisitos marcados por el Banco de España y el Ministerio de Economía, que se reflejan en la petición formal de los 2.800 millones de euros al FROB, va en paralelo a las conversaciones que los directivos de la Caja están manteniendo estos días con las autoridades para impedir una posible nacionalización. La participación estatal estaría a expensas de la valoración que haga un equipo de auditores independientes.

Las fortalezas de la entidad

El mensaje que llega estos días desde la sede de la entidad es que hay otros grupos más dependientes de capital público, y lamentan que se haya centrado demasiado el foco en Caja Mediterráneo, que se considera la quinta entidad nacional en notoriedad , con una cuota en el mercado nacional del 2,74%. Su base de clientes fieles y vinculados llega a los 2,5 millones.

Sus activos totales alcanzan los 75.000 millones de euros, de los que 4.654 se consideran dudosos debido a la alta exposición que ha tenido los últimos años en el mercado inmobiliario y en la construcción.

Caja Mediterráneo basa su fortaleza en 963 oficinas repartidas en todas las provincias españolas, en especial en los territorios históricos y naturales: en Alicante tiene el 17,41 del sistema bancario (276 establecimientos), en la Región de Murcia son 155 oficinas (el 12,37%) y en el resto de la Comunidad Valenciana y Baleares suma el 9% del entramado bancario.

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