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El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha puesto en marcha un concurso público para elegir a a los asesores financieros que le ayuden a tasar las cajas de ahorros en problemas en las que el Estado entrará como accionista. La entidad, a través del Banco de España, ha invitado a los principales bancos de inversión del mundo y a las auditoras de más prestigio para que participen en el mismo.

En las próximas semanas, el FROB elegirá a varios asesores para determinar con qué parte del accionariado se queda cuando suscriban las ampliaciones de capital que algunas cajas de ahorros han pedido ya en su plan de recapitalización. El papel de estos valoradores será vital, puesto que sus informes serán los que utilice el Gobierno para salir al rescate de las entidades que no cumplen con los ratios de solvencia.

Sus conclusiones tendrán que ser firmes y basadas en precios de mercado, ya que las ayudas que conceda el FROB deberán ser aprobadas posteriormente por la Comisión Europea, tal y como ha hecho con las inyecciones de dinero que hicieron los Estados de Francia, Holanda, Bélgica y Alemania, entre otros países. “La referencia es Caixabank, que se ha tasado al 80% de su valor en libros. El Gobierno no pagará mucho menos -no busca hacer negocio como un inversor-, pero tampoco más”, explican desde una entidad extranjera.

Como dijo Elena Salgado en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros del 18 de febrero, el precio que pagará el FROB por estas acciones o aportaciones al capital social de las entidades en problemas se fijará según "el valor económico de la entidad", que será determinado por "uno o varios expertos" designados por el propio fondo. Entre los bancos de inversión a los que se les ha invitado a participar en esta selección están Merrill Lynch, JP Morgan, UBS, Rothschild, Citibank, HSBC y Nomura. También se ha pedido propuestas a las auditoras PwC, KPMG y Deloitte.

En aquella ocasión, la ministra de Economía dejó claro que, en cualquier caso, la entrada del sector público en el capital de las entidades de crédito que lo necesiten será temporal, ya que el FROB tendrá que vender las acciones en un plazo máximo de cinco años, aunque las propias entidades podrán recomprar estos títulos a precios de mercado en un año o como máximo en dos. En este último supuesto las entidades tendrán que reforzar sus planes de recapitalización.

Hasta la fecha, varias cajas ya han pedido dinero público al FROB en la segunda fase de reestructuración del sector. Una de ellas es CatalunyaCaixa, que ha solicitado 1.718 millones de euros al no encontrar inversores privados que aportaran ese dinero. Otra es Novacaixagalicia, que ha presentado una fórmula mixta de ayudas públicas e inyección de inversores financieros para llegar al 10% de core capital. La última en hacerlo ha sido la CAM, que le ha pedido al Estado 2.800 millones para evitar ser intervenida.

Los precedentes

El FROB ya eligió en 2009 a un pool de bancos de inversión para que estuvieran disponibles inmediatamente en caso de intervención. En esa primera vez, el ente estatal los dividió en tres categorías: para entidades con activos inferiores a 6.000 millones; para entidades entre 6.000 y 24.000 millones, y para bancos y cajas con un balance superior a esa cantidad.

Dentro de cada categoría había establecido un turno, parecido al de los jueces de instrucción con las demandas y querellas. El primer que tuvo que intervenir fue Nomura, que ayudó al Banco de España en la intervención y posterior venta de Cajasur. Antes, en 2009, el organismo supervisor del sistema financiero tuvo que hacer un concurso público y contratar a UBS para rescatar y desinvertir en Caja Castilla-La Mancha porque hasta ese momento no se había establecido el sistema de asesores predeterminado.

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