El Banco de España no va a intervenir la CAM. Así de tajantemente se lo ha comunicado a los posibles compradores. El argumento que les ha dado es que la entidad alicantina cumple los ratios de solvencia mínimos y legalmente no puede tomar el mando y sustituir a los gestores como hizo en los casos de Caja Castilla La Mancha (CCM) y Cajasur. Sin embargo, el día a día sigue castigando a la caja alicantina. Ayer, sus cuotas participativas (similares a las acciones) bajaron un 5,7%, hasta situarse por debajo del precio de su colocación. En las sucursales, "se vive una normalidad tensa", como admiten en la propia caja, donde reconocen que se está sufriendo la pérdida de depósitos de clientes, aunque en menor medida a lo que podrían esperarse dada la situación.

Aunque la solvencia es la razón inapelable que argumenta el supervisor, también ha hecho ver a los posibles compradores que uno de sus principales motivos para no intervenir (algo que pide a gritos el conjunto del sistema financiero) es que la imagen de la economía española sufriría demasiado si se entrase en una caja de un tamaño tan grande (más de 70.000 millones de euros en activos). Y es un momento muy poco apropiado ahora que se empieza a ganar confianza, justifica el organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

La CAM no llega ni de lejos a ese 10% de capital que se requiere ahora para no ser obligado a convertirse en banco y salir a cotizar a Bolsa (ronda el 4,5%), pero sin embargo sí cumple los requisitos de solvencia exigidos para evitar la intervención, el llamado capital regulatorio. La entidad no ha hecho pública su cifra de final de año, pero fuentes conocedoras de los números de la CAM aseguran que supera ligeramente el 8%. En septiembre estaba en el 11% y tenía un excedente de 1.500 millones, fagocitado en su mayoría con la nueva morosidad.

La diferencia estriba en que para contabilizar el capital regulatorio se incluyen muchos más activos (como participaciones preferentes o deuda subordinada) de los utilizados en la cuenta de las nuevas exigencias de capital. Eso permite al supervisor defender la no intervención de la caja alicantina y la concesión de nuevas ayudas públicas (aportadas por los contribuyentes y por el fondo de garantía de las cajas), pese a reconocer que la entidad tiene un gran agujero que cubrir.

Fuentes de una entidad conocedora del cuaderno de venta de la CAM aseguran que la caja alicantina precisa entre 6.000 y 7.000 millones, de los que casi 3.000 millones son de agujero y el resto necesidades de solvencia. Precisamente esa falta de capital es lo que ha provocado que las cinco grandes entidades que sondeó inicialmente el Banco de España para que absorbieran la CAM (Santander, BBVA, La Caixa, Popular y Caja Madrid) se hayan negado a comprarla si no se les concede una garantía antimorosidad. La cantidad solicitada, que el Banco de España ya ha negado porque sólo se puede conceder si se interviene previamente la caja, ronda los 1.500 millones.

Sin posibilidades

El supervisor se ha acercado en los últimos días a otras entidades de menor tamaño, pero también sobradas de capital, como Ibercaja, con el objetivo de reducir al máximo la factura de ayudas públicas. Sin embargo, la posibilidad de que finalmente pueda colocar a la CAM antes de sanearla con dinero del FROB es muy reducida.

El escenario más probable es que el Banco de España apruebe el próximo lunes la concesión de los 2.800 millones que la CAM quiere del fondo de ayudas públicas. Lo entregará todo en forma de capital y no una parte en créditos, como pide la caja alicantina. La cuantía de las ayudas es la mismas, pero no su fondo. Si las concede en forma de capital toma a cambio acciones del nuevo banco que creará la caja y si supera el 50%, lo previsible, tomará el control de la gestión y podrá sustituir a los administradores que han llevado a la caja a esta situación.