Así, una parte de la cúpula del Banco de España sigue manteniendo su adhesión a las tesis defendidas por el presidente de Cajastur y consejero delegado de Banco Base, Manuel Menéndez, que reclama a la CAM que reduzca el 40% al 27% su participación en el accionariado del grupo ante sus malos resultados del año pasado y el incremento de su morosidad. Estos directivos consideran justa la reclamación de Menéndez y, además, creen que Caja Mediterráneo no tiene otra alternativa que ceder ya que, de lo contrario, prácticamente se vería abocada a una intervención inmediata.
Sin embargo, otra parte importante de la cúpula del BE recuerda que, para redactar el contrato de integración, los cuatro socios -CAM, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura- tuvieron que presentar sus cuentas, que fueron debidamente revisadas y selladas por la institución. En consecuencia, consideran que si Oviedo decide romper el grupo con el argumento de que las cuentas no eran correctas, la caja alicantina podría recurrir a los tribunales y se verían obligados a testificar a su favor. De lo contrario se pondría en entredicho la propia credibilidad de la institución presidida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
En la misma línea, fuentes del consejo de la CAM también recordaron ayer que el Banco de España mantiene varios inspectores de forma casi permanente en la sede central de la caja, que se encargan de controlar todas las operaciones de forma continúa. Por tanto, según razonan, también se les podría exigir algún tipo de responsabilidad en el caso de que las cuentas no fueran correctas.
En cualquier caso, el regulador se negó ayer a realizar ningún comentario oficial, remitiéndose a la nota publicada el miércoles en la que   dejaba claro que el SIP de CAM y Cajastur estaba en suspenso hasta la celebración de las asambleas generales de la próxima semana.