En aquel momento, la justicia española decidió que solo quedaban anuladas a partir de la fecha de esa sentencia. Tras la decisión, un aluvión de hipotecados acudió a los juzgados a pelear contra su cláusula suelo. El año pasado, un juzgado de Madrid en una macrodemanda presentada por 15.000 afectados sentenció que también quedaban anuladas las cláusulas en otras 40 entidades (prácticamente todos los bancos y cajas de España). Ahora es la justicia europea la que se ha pronunciado: en referencia a la primera gran sentencia, la del Supremo, explica que no solo se deben devolver las cantidades cobradas de más desde 2013, sino también las anteriores.
El juicio en el que se condenó a devolver el dinero a la mayor parte de las entidades, la macrosentencia para 40 bancos de 2015, está recurrida y todavía no ha llegado a una instancia superior. En principio, abogados y expertos señalan que lo más probable es que si lo hace, se aplique el mismo criterio que ya señaló el Supremo para los otros tres bancos en 2013. Sin embargo, esa brecha es a la que algunas entidades acuden para señalar que no están obligadas a devolver el dinero.
Fuentes del sector aseguraron que a pesar de que la sentencia del Supremo, y por tanto, la europea de hoy, afecta de forma directa a un grupo entidades, en realidad tiene impacto sobre todo el sector. Con este documento, sostienen, a partir de ahora un juez que dicte que una cláusula suelo es nula deberá considerarla así desde el momento en el que se inició el contrato. Por ello, sostienen que las devoluciones se realizarán vía reclamaciones de los clientes o bien a través de fallos judiciales.
Es el caso de Sabadell. Sigue defendiendo que sus cláusulas suelo son "transparentes" al cumplir "los requisitos" que en su día fijó el Tribunal Supremo para que estas fueran válidas. "El Supremo dijo que eran válidas si eran transparentes y consideramos que las del Sabadell lo eran. Aparecían en la parte central de los contratos, en letra negrita", sostuvo también en octubre del año pasado el consejero delegado del banco, Jaume Guardiola. Según la entidad, todavía no hay ninguna sentencia firme que haya "declarado nulas" los contratos de Banco Sabadell, por lo que considera que estos "no están afectados directamente por la sentencia" del TJUE. El banco sí admite que ha llegado a "acuerdos pactados" ante "peticiones puntuales" de algunos clientes, pero no prevé llevar a cabo una devolución generalizada.
Puesto que la estrategia de la entidad pasa por defender la legalidad de las cláusulas que recogen el 21% de sus contratos hipotecarios, no ha provisionado ninguna cantidad por una posible devolución. El sector estima que, en caso de que tuviera que hacer frente a la devolución de esas cantidades, la factura rondaría entre los 650 y 700 millones de euros. Desde el Sabadell, aseguran que pueden afrontar esa cantidad con las provisiones genéricas (que no específicas, puntualizan) que ha efectuado el banco. En total, la entidad estima que la aportación de esas cláusulas al margen del banco es de unos 160 millones antes de impuestos (unos 110 millones de euros netos).
A otras entidades, como BBVA, no encajan en esa justificación. Porque el Supremo sí hacía referencia explícita a este banco en su sentencia. Hasta ahora había tenido que anular la cláusula desde mayo de 2013. Pero devolver lo cobrado antes (en principio se empezaron a aplicar los topes en 2009, con la bajada del euríbor) tendrá un coste importante.
En julio la compañía, en un informe enviado a la CNMV, aseguraba que la probabilidad de que BBVA se viera "obligado a devolver estas cantidades puede ser calificada como remota". En aquel momento, calculaba que el impacto podía ser de 1.200 millones de euros. Sin embargo, el banco ha explicado hoy en un comunicado al regulador bursátil que va a dotar una provisión en las cuentas de este mismo año para cubrir "la contingencia de futuras reclamaciones" y que estima el impacto negativo en el beneficio "preliminarmente en aproximadamente 404 millones de euros". Según aclara una portavoz de la entidad, la diferencia entre una y otra cifra es que cuando se realizaron los cálculos en julio se trataba de cifras brutas, que se incluían hipotecas en las que la cláusula suelo no se llegó a activar y que la decisión europea de hoy solo afecta a los créditos a particulares. Pese a todo, no explica cuándo ni cómo van a devolver el dinero a los clientes. "Los jueces y tribunales españoles concretarán la aplicación de los criterios establecidos por el TJUE a los procesos judiciales sometidos a su conocimiento", señala el banco.
El caso del Banco Popular es similar. Este banco también tiene ya sobre sus espaldas una sentencia del Supremo, en su caso de enero de 2016, donde quedaban anuladas por considerarlas "abusivas". En su caso, devolver el dinero a partir de mayo de 2013 suponía un desembolso aproximado de 350 millones. Hacerlo también antes de esa fecha (desde 2009 que empezaron a activarse los topes de bajadas del euríbor) sube la factura 334 millones más como ha informado a la CNMV.
Bankia ha cifrado en unos 200 millones de euros el importe de sus cláusulas suelo en los contratos hipotecarios. 105 de ellos son por cobros anteriores a 2013. Del total, señala, ya ha provisionado unos 100 millones. A priori, estudiarán "caso a caso". En parte, porque dicen que a ellos tampoco les afectó de lleno la sentencia del Supremo, que solo rechazaba la cláusula por poco transparente. "Lo mejor es que el cliente acuda a su oficina y pida información sobre su caso concreto. Se estudiará si hubo falta de transparencia o no", explica una persona de la entidad.
CaixaBank, que también señala que está analizando la sentencia del TJUE, decidió suprimir el año pasado todas las cláusulas suelo. En total, el banco dejó sin efecto más de 180.000 contratos de ese tipo heredados de las entidades que había ido absorbiendo, en especial CajaSol y Caja Canarias (ambas integradas en Banca Cívica) y Caixa Girona, lo cual suponía un coste anual de 220 millones de euros. La entidad catalana, que no ha querido hacer comentarios, provisionó 515 millones de euros correspondientes a las cantidades ingresadas a raíz de la existencia de esa cláusula a partir de mayo de 2013 y estimó el monto anterior a esa fecha ascendía a 750 millones de euros. En una rueda de prensa de presentación de resultados el año pasado, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, aseguró que en caso de que haya una sentencia que fije la retroactividad de la nulidad la acatarán.
Liberbank es otra de las entidades cotizadas con una importante carga de pagos pendientes si se le aplica la sentencia europea. En principio, la cantidad de pagos por cláusulas suelo anteriores a mayo de 2013 son unos 129 millones, frente a los 130 millones que le correspondían en pagos posteriores a 2013. Ha realizado una comunicación al regulador bursátil en la que indica que estima que "el diferencial de intereses de vengados por aplicación de las cláusulas suelo, vigentes a la fecha, desde su origen hasta el 9 de mayo de 2013 es de 83 millones de euros antes de impuestos". En cuanto al impacto en sus beneficios, ha explicado que "al cierre del ejercicio se estimará el impacto de este riesgo y se reflejará en los estados financieros".
En cuanto al Santander, esta entidad prácticamente no tenía exposición a las cláusulas suelo, salvo unos créditos residuales heredados de Banesto sobre los que ya llegó a un acuerdo.