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La jueza Carmen Lamela ha iniciado el proceso para que dos exdirectivos de la CAM sean juzgados por estafa y un delito relativo al mercado y a los consumidores por la venta de preferentes, pero ha cerrado la causa por la venta de cuotas participadas. El exdirector general Roberto López Abad y la exresponsable de la información de este producto financiero Dolores Amorós han sido declarados responsables de esta venta. El fiscal y las acusaciones tienen un plazo de 10 días para presentar sus escritos de acusación.

La togada explica que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) facilitó una información veraz en relación a las cuotas participadas que puso en el mercado en el 2007. Además, en estas fechas sus datos financieros no estaban falsificados y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "participó activamente en la elaboración del folleto informativo siendo correcta la información contenida en el mismo y facilitada a los inversores".

Sin embargo, no ocurrió lo mismo en el caso de las preferentes que puso en el mercado con una información sobre la situación financiera de la entidad que no era cierta y sin informar de los riesgos de este producto financiero. La jueza se apoya en la información elaborada por la CNMV y los peritos del Banco de España. La magistrada ha declarado la responsabilidad civil por estos hechos de la Fundación de la CAM y del Banco Sabadell.

La Audiencia Nacional absolvió el pasado mes de diciembre a López Abad de los delitos de apropiación indebida y por las dietas que cobró en esta entidad. No obstante, este exdirectivo tiene abiertos otros procesos por desviar dinero de la caja al paraíso fiscal de Curaçaco. En esta causa fue detenido y estuvo en la cárcel durante seis días hasta que abonó una fianza de 1,5 millones de euros.

El Banco de España intervino la CAM en noviembre del 2010 ante sus dificultades financieras y le inyectó 5.249 euros. Finalmente fue comprada por el Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro.  

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