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AUTOREDUARDO SEGOVIA

FECHA08.04.2015 – 05:00 H.

Las entidades más afectadas, entre las cotizadas, serían Bankia y Sabadell, aunque también deberían captar nuevo capital para cumplir los requisitos de solvencia Liberbank y CaixaBank. Por el contrario, los dos grandes y Popular se mantendrían por encima de los mínimos, aunque sus ratios serían muy inferiores a los que exhiben en la actualidad. Sin embargo, la mayor escabechina se daría entre las entidades no cotizadas, encabezadas porAbanca (donde prácticamente el 100% del capital son créditos fiscales) y BMN.

La Comisión Europea reconoció ayer haber solicitado información a España, Grecia, Portugal e Italia sobre las garantías de recuperación de determinados activos fiscales de la banca que constituyen ayudas de Estado incompatibles con la legislación comunitaria. Estas garantías permiten que los bancos se apunten estos activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) en el capital; si, después de la investigación, se consideran ayudas de Estado ilegales, tendrán que restárselos y es cuando las entidades citadas quedarían por debajo del 7% de capital mínimo exigido por la legislación actual, al que el BCE ha añadido un punto adicional para la mayoría de las entidades. Para reponerlo, tendrían que captar recursos o, si no son capaces, ser rescatados con dinero público.

Los DTA son créditos contra la Hacienda pública procedentes de las fuertes provisiones realizadas en los años de la crisis para sanear la exposición inmobiliaria y las aportaciones a planes de pensiones (que no son gastos deducibles en el Impuesto de Sociedades), y se restarán de los impuestos que pagarán las entidades en los próximos años. Ahora bien, eso depende de que la entidad tenga beneficios en el futuro para pagar todos esos impuestos, por lo que las normas de solvencia de Basilea III obligan a restarlos del capital. Para evitarlo, los distintos Gobiernos nacionales, incluido el español, garantizaron su recuperación íntegra aunque no se alcance ese nivel de beneficios. Y eso es lo que cuestiona ahora la Comisión Europea.

El sector tiene un total de 40.800 millones en estos activos. Como se puede ver en el gráfico adjunto, Bankia posee unos 5.500 millones de DTA en su balance, que suponen el 6,2% de sus activos ponderados por riesgo (APR, el denominador de la ratio de solvencia, marcado por la línea negra del gráfico). Aunque el Sabadell tiene menos DTA en términos absolutos, 5.300 millones, su impacto es mayor, del 7,1% de su activo. Un porcentaje que coincide con el de Liberbank, pese a que sólo tiene 1.200 millones de créditos fiscales, dado que su balance es mucho menor. CaixaBank tiene 4.700 millones, el 3,4% de sus APR; un nivel muy inferior pero que también le obligaría a captar capital para mantener sus niveles de solvencia.

Santander tiene 5.700 millones de DTA, pero su impacto es mucho menor dado el enorme tamaño de su activo. Popular, pese a ser el banco cuyo nivel de capital está más cuestionado por el mercado, lo tiene de mejor calidad, ya que estos activos sólo suponen el 2,2% de sus APR. Bankinter es quien mejor sale en la foto, ya que no tiene DTA puesto que apenas poseía activos tóxicos que sanear.

Abanca y BMN se quedarían tiritando

Pero donde esta hipotética anulación de los DTA sería dramática es en las entidades no cotizadas procedentes de las cajas de ahorros. Por dos razones: primero, porque su peso en el capital es mucho mayor en algunos casos, lo que dejaría sus ratios tiritando; y segundo, porque al no cotizar tendrían enormes problemas para captar esos recursos y prácticamente estarían abocadas al rescate con dinero público (segundo rescate en los casos de las que quebraron en la crisis).

El presidente de Abanca Juan Carlos Escotet. (EFE)

Aunque es difícil saber cifras exactas dada la falta de transparencia general de este grupo, varias fuentes del sector señalan a Abanca y BMN como los más perjudicados de una decisión de este tipo por parte de Bruselas. La entidad que preside Juan Carlos Escotet asegura en su memoria que tiene unos DTA en balance de 2.576 millones, prácticamente la totalidad de un core capital (CET1) de 2.660 millones, según la medición del BCE en los test de estrés. En cuanto al banco que dirige Carlos Egea, sus créditos fiscales ascienden casi a 2.000 de los 2.200 millones escasos de capital de primera calidad.

Tranquilidad en el mercado

No obstante, la investigación de la comisaria Margrethe Vestager (la sucesora de Almunia) se limita de momento a una petición de información y tanto el sector como los inversores y analistas ayer reaccionaron con tranquilidad; la opinión unánime es que no se van a suprimir los DTA, pero sí que pueden servir de excusa al BCE para elevar los requisitos de capital de nuestras entidades o para limitar sus dividendos. "No tendría sentido que rescates el sector, lo sanees, vendas la historia de la recuperación... y vuelvas a la casilla de salida", según un gestor de fondos. "Tampoco se entiende que el BCE esté tomando medidas para estimular el crédito y que haga esto para dejar a los bancos sin capital", añade otra fuente del mercado.

Lo más llamativo es que España aprobó esta norma sobre los DTA a finales de 2013 para igualar la situación de su sector financiero a la de los países centrales de Europa, ya que ellos sí contaban ya con garantías de recuperación de estos activos, como recordaba ayer una nota de análisis del Santander. Entonces, el país todavía estaba bajo la supervisión de la troika y ni la Comisión, ni el BCE, ni el FMI pusieron pegas pese a que se les consultó antes de aprobarla (argumento todavía más sólido en países rescatados como Portugal o Grecia). Asimismo, es sorprendente que sólo se cuestione a los países del Sur y no a los del Norte.

''Mano negra'' de Francia y Alemania

Por eso, el mercado ve detrás de esta investigación una ''mano negra'' desdeAlemania y Francia que pretende atacar a la banca de estos países, algo que ya recogió la semana pasada El Confidencial. No sería la primera vez que algo así ocurre, puesto que en los test de estrés ya se introdujeron medidas que perjudicaban a las entidades españolas. "El BCE quiere igualar el cálculo del capital en toda la zona euro y va a crujir a los bancos franceses y alemanes en el cálculo de los APR, porque son mucho más bajos en relación con su negocio que los de los españoles. Así que, a cambio, piden una compensación", señala una de las fuentes consultadas.

El Gobierno español reaccionó ayer a esta demanda de información con el argumento de que esta ventaja no supone discriminación a favor de los bancos porque la puede aplicar cualquier empresa (aunque en realidad la garantía de los DTA se reconoce para conceptos que sólo tienen los bancos, y no para las pérdidas en general), por lo que no es ayuda de Estado. Desde el sector añaden que la fiscalidad es competencia nacional, pero el caso LuxLeaks nos enseña que la Comisión sí puede apreciar ayudas de Estado en cuestiones fiscales si considera que distorsionan la competencia.

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