E.B.

El fiscal se opone a que los altos cargos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), acusados de cobrar dietas presuntamente irregulares durante su estancia en la entidad, puedan usar una póliza de seguro para cubrir las posibles responsabilidades que se puedan derivar de estos cobros supuestamente fraudulentos. 

Según publica el diario El Mundo, que cita un escrito del Ministerio Público remitido al juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional, el seguro contratado con la aseguradora Caser y cuya cobertura alcanza los 15 millones de euros, fue contratado en 2010 por la CAM para proteger a su cúpula, y ahora algunos exdirectivos quieren utilizar esta garantía.

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez decidió fijar una fianza de 1,5 millones de euros para los 19 directivos que habrían percibido sobresueldos por su participación en la comisión de control de Tenedora de Inversiones (TI), holding inmobiliario de la CAM. Estas retribuciones, que podrían alcanzar unos 30.000 euros al año por persona, vulnerarían los estatutos de la entidad alicantina, por lo que el magistrado consideró que los acusados tenían que depositar una fianza como posibles responsables a título lucrativo.

Los dos principales acusados en esta pieza del proceso de la CAM son Roberto López Abad, exdirector general de la entidad, y Juan Ramón Avilés, expresidente de la Comisión de Control.

Aunque en un primer momento Bermúdez se negó a que los exdirectivos pudieran recurrir a Caser para pagar sus fianzas, el juez finalmente permitió a los altos cargos esta posibilidad. 

Sin embargo, el fiscal es de la opinión de que los altos cargos de CAM depositen por sus propios medios estas fianzas. La Fiscalía entiende en su recurso que se estaría amparando “el enriquecimiento ilícito” si se autoriza a que Caser pague las fianzas, y “si se permitiera que la obligación de restituir la satisficiese un asegurador en lugar del directamente responsable por su conducta dolosa”.

“Si un alto de la CAM hubiese abierto la caja fuerte de una sucursal y se hubiese llevado el dinero, parece evidente que, aunque aportara la póliza de responsabilidad civil suscrita por Caser, ningún juez consideraría dicha póliza garantía suficiente, por la lógica razón de que un seguro de responsabilidad civil no puede cubrir las cantidades hurtadas o robadas por el propio asegurado”.

En sus argumentos, el fiscal apunta además que sólo cuatro de los acusados (Remedios Ramón, Asunción Martínez, Isabel Cambronero y Juan Espinar) han pretendido usar la póliza, lo que a su juicio demuestra que los demás “eran conscientes de la inutilidad” de hacerlo.