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Así lo pone de manifiesto el informe del Banco de España sobre el expresidente de la comisión de control de la CAM Juan Ramón Avilés, que estudia el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez dentro de la pieza separada que abrió en el marco de la causa en la que investiga a la antigua cúpula de la caja alicantina.

El documento es un glosario de las actividades del empresario, colmadas de tantas "irregularidades" que sólo una de ellas habría sido "suficiente" como para que dimitiera o fuera destituido de su cargo, más aún cuando se encontraba al frente del órgano encargado de velar por la buena gestión de la entidad.

Mayores disposiciones de créditos que las acordadas, liberación de garantías para usar inmuebles para la dación en pago de las deudas que mantenía con terceros; uso de préstamos oficiales para garantizar pagos futuros o conseguir que la caja permitiera la subrogación de parte de los mismos a un fondo de inversión "de escasa solvencia" son algunas de ellas.

La CAM se convirtió en el "financiador exclusivo" del grupo de sociedades de Avilés, a quien, a fecha de 30 de septiembre de 2011, había recibido préstamos por 16,6 millones de euros.

Una de las operaciones a la que el inspector José María Ruiz Martínez dedica gran parte de su informe es el proyecto inmobiliario emprendido por Avilés a través de la sociedad La Vereda de Sucina, objeto de préstamos y refinanciaciones aprobadas a pesar de las dificultades que atravesaba la sociedad y que son "paradigmáticas" en cuanto a la mala práctica bancaria.

Avilés se las ingenió para conseguir aplazar los pagos a través de este tipo de maniobras, y evitar así que se le catalogara como "dudoso", a pesar de que no existían "evidencias para pensar que se pudiera garantizar el buen fin de la operación".

Según el documento, el empresario llegó incluso a acudir a préstamos ICO y del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF), aunque en su uso violó los convenios suscritos con la caja al destinar los fondos a otros fines distintos a los que motivaron su concesión.

Por ejemplo, La Vereda de Sucina usó parte del dinero recibido del ICO para adquirir 80.000 euros en participaciones preferentes de la CAM, producto que le dejaba una rentabilidad del 7,25 %, cuando por el préstamo solo pagaba un 1,5 %.

Sin embargo, gracias a la ayuda de la CAM, que le buscó un comprador, el grupo de Avilés se deshizo de estos títulos "antes de que aflorara de forma pública la delicada situación de la caja", "sin ningún quebranto" para el directivo.

Además, hizo operaciones de "ocultación de propiedad", utilizando para ello a su hermana, Josefa Avilés, como testaferro en la citada sociedad.

En este sentido, el informe detalla cómo la mujer del empresario vendió en diciembre de 2010 a su cuñada la totalidad de las participaciones de La Vereda Sucina con unos fondos que le había transferido previamente, dinero que además procedía de un préstamo ICREF.

Todo ello con el objetivo de que el Banco de España "no tuviera conocimiento de su vinculación con la misma" y al analizar las operaciones "no le obligaran a renunciar a su cargo en la caja y con ello perder su privilegiada situación para negociar una solución favorable para sus intereses".

Unos datos que demuestran que Avilés "estaba ocultando financiación recibida de CAM" cuando, recuerda el informe, existe la obligación de informar al Banco de España de todas las facilidades crediticias otorgadas por las cajas a los altos cargos de las entidades o a sus empresas.

El quebranto final de los apoyos financieros al empresario aún no se conoce, aunque sólo en 2001 el Banco CAM -al que la caja transfirió su negocio financiero - soportó una pérdida por estos conceptos de casi cinco millones de euros en su cuenta de resultados, concluye el Banco de España.

Adaya González

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