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MERCEDES GALLEGO

Por si no fuera suficiente con la suspensión cautelar acordada por el juez, la aseguradora con la que la cúpula directiva de la CAM tenía contratada una póliza para garantizarse unas pensiones vitalicias millonarias que oscilan entre los 129.000 y los 369.000 euros anuales (ver cuadro adjunto) acaba de hacer saber al magistrado Javier Gómez Bermúdez que "cualquier solicitud de cobro de prestación o pago de rescate" que reciba por parte de los beneficiarios de esta póliza colectiva "será retenida e inmediatamente puesta en conocimiento de ese juzgado para su previa autorización si procede".
La comunicación de Caser al magistrado de la Audiencia Nacional que está investigando las actuaciones supuestamente delictivas de la excúpula de la caja de ahorros se produce, según recoge el escrito fechado el pasado día 10, después de que la aseguradora haya analizado el auto del juez por el que suspende cautelarmente las rentas vitalicias de 13 exaltos ejecutivos, entre ellos las de cuatro de los imputados en la pieza principal de este procedimiento: los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós y los exdirectores Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.
Los responsables de la compañía con la que los directivos contrataron una póliza de 58 millones (que luego se redujo en 26,3 después de que ellos mismos se percataran de que la prima era demasiado alta y excluyeran las retribuciones variables para el cálculo de la pensiones a cambio, eso sí, de fijar la renta vitalicia en lugar de esperar a la media de los tres últimos años de actividad) entienden que la decisión del magistrado de invalidar unos acuerdos que se predataron para evitar reparos de las entidades con las que en esos momentos se estaba negociando la integración (Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura) "afecta al pago de cualquier prestación o rescate que pudiera solicitarse".
El magistrado mantiene que los exdirectivos buscaron "blindarse" ante la eventual fusión, un actuación que la Fiscalía Anticorrupción ha llegado a calificar de "plan conjunto". Según recoge el informe elaborado por la auditora PwC a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), los altos ejecutivos no solo predataron los acuerdos, un hecho que los imputados han reconocido aunque matizando que con eso no se hizo ningún daño económico a la entidad, algo que ni las acusaciones ni el juez parecen compartir, sino que se saltaron a la torera las condiciones pactadas con el consejo y, además del salario fijo, incluyeron los incentivos y el resto de retribuciones variables para calcular las rentas.

Reestructuración y consecuencias
El derecho a percibir estas rentas es lo que acaban de invocar ante el magistrado Gómez Bermúdez los dos de los 13 exdirectivos de la CAM que firmaron los acuerdos suspendidos que aún continúan trabajando, ahora en SabadellCAM. Quien fuera el número tres de la caja de ahorros y actual director regional en Alicante de SabadellCAM, José Pina, y el anterior director territorial en Valencia y responsable ahora del Comité de Patrocinios y Mecenazgos de la entidad, Bernardo Chuliá, han presentado un recurso de reforma contra la suspensión cautelar de las pensiones (ambos tienen asignada una renta mensual de 13.104 euros) alegando que el magistrado ha tomado la medida sin razonarla y sin oir previamente a los dos ejecutivos, que se consideran perjudicados por esta decisión judicial.
Los directivos exponen que uno de los acuerdos suspendidos "hace referencia al mantenimiento del derecho a percibir el Plan de Previsión Asegurado en el supuesto de extinción de la relación laboral por acogerse a un ERE o porque fueran trasladados a otra entidad con vinculación a la CAM. Todo ello -continúa el escrito- como consecuencia de la reestructuración de todo el sistema financiero español que afectaba a todas las cajas de ahorros y ante las salidas que en un futuro próximo se pudieran adoptar". Según los recurrentes, "tal acuerdo no causa ningún perjuicio a la CAM pues viene a regular las consecuencias que la reestructuración del sistema financiero español iba a producir en las relaciones laborables de sus empleados y que, por razones obvias, no estaban previstas en el acuerdo del 6 de mayo de 2008".
Esgrimen a su favor Pina y Chuliá los cambios en la base del cálculo de la retribución (la que excluía variables e incentivos mientras se fijaba la remuneración en ese momento, noviembre de 2010, en vez de esperar a calcular la media de los tres últimos años de actividad) para insistir en que con los acuerdos suspendidos cautelarmente no se ha producido daño alguno a la CAM y pedir al juez que anule su decisión.

Pina, Sogorb y Martínez comparecen mañana en la comisión de las Cortes
Dos de ellos han pasado ya por la Audiencia Nacional y mañana volverán a coincidir en las Cortes, donde están citados junto al que fuera número tres de la CAM y hoy responsable regional en Alicante de SabadellCAM, José Pina, para comparecer ante la comisión que investiga las circunstancias que llevaron a la intervención de la caja. Teófilo Sogorb está imputado en la causa que investiga las supuestas irregularidades de la excúpula de la entidad mientras que para Francisco Martínez, que compareció como testigo en el proceso abierto contra el presidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, el fiscal ha pedido su imputación por las titulizaciones de la CAM. M. G.

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