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El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha pedido al Banco de España que elabore un informe sobre las posibles irregularidades contables y de ocultación de créditos morosos de la CAM y se pronuncie sobre si estos hechos "deberían o podrían haber sido detectados" por su auditora, KPMG
Madrid, 28 sep (EFE).-.
En un auto fechado el pasado 19 de septiembre, publicado hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha solicitado que el informe del supervisor bancario evalúe, en definitiva, el "perjuicio causado a la entidad o a terceros" por esas posibles decisiones erróneas de la caja o su firma de auditoría.
El informe pericial, que tendrá que ser elaborado por dos inspectores, abordará varios aspectos controvertidos de los balances y cuentas de la caja alicantina entre 2007 y 2011.
En primer lugar, la Audiencia Nacional pide que los expertos establezcan si en ese período "se han clasificado y contabilizado correctamente" los créditos subestándar, dudosos o fallidos, y si se han aplicado correctamente los criterios para que dejaran de ser considerados morosos.
También quiere que se pronuncien sobre algunas operaciones contables ordenadas por los antiguos gestores de la CAM, que supuestamente sirvieron para inflar las cuentas de 2010 y principios de 2011, según un informe pericial de PwC, encargado por la entidad financiera tras su intervención por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Entre esas operaciones destaca la liberación de provisiones ligadas a préstamos titulizados (que engordaron en 168,6 millones la cuenta de resultados) y el reparto de dividendos de las sociedades filiales de la CAM, por un importe de 163,2 millones.
Los peritos del Banco de España también deberán abordar la corrección o no de las remuneraciones y los acuerdos de prejubilación de los altos directivos de la entidad.
Según la pericial de PwC, exdirectivos como Roberto López Abad y María Dolores Amorós engrosaron indebidamente sus pensiones complementarias.
En cambio, los imputados sostienen que los acuerdos a los que llegaron supusieron una renuncia a los derechos que habían consolidado, lo que, en el caso particular de Amorós, supuso que dejaran de corresponderle 602.671,99 euros anuales en concepto de prestación complementaria y se le asignaran 369.497,16 euros.
En el caso de que los peritos del Banco de España encuentren irregularidades en todos estos aspectos, tendrán que emitir una opinión sobre "si éstas deberían o podrían haber sido detectadas por los auditores externos mediante el desarrollo de los trabajos y procedimientos de auditoría generalmente aceptados".
En conclusión, deberán determinar si todas esas cuestiones incidieron "en el reflejo de la imagen fiel de la situación financiera de la CAM" y, por tanto, evaluar "el perjuicio causado a la entidad o a terceros".
Los peritos nombrados por el supervisor de la banca en España no podrán haber intervenido en ninguna de las actuaciones inspectoras o sancionadoras seguidas contra la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y tendrán un plazo prorrogable de 90 días para presentar el informe.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 22 de julio de 2011 tras haber perdido 1.136 millones en los seis primeros meses de ese año y tener como morosidad más de la mitad de sus préstamos a promotores inmobiliarios.
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