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08.07.12 - 00:37 -

AMPARO ESTRADA | MADRID.

La crisis demostró que el emperador estaba desnudo. Todas las malas prácticas, irregularidades y posibles delitos que estaban cometiendo algunas entidades financieras, con claro predominio de las cajas, acabaron saliendo a la luz. Y llevando a algunos de sus directivos y consejeros ante la Justicia. En la actualidad, la Audiencia Nacional tiene abiertos cinco procedimientos con 46 encausados relacionados con «expolios patrimoniales de las antiguas cajas de ahorros», en palabras de la Fiscalía.

CAM

Desde este martes y durante toda la semana desfilarán por la Audiencia cinco ex altos directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, «lo peor de lo peor», según el exgobernador del Banco de España. El expresidente Modesto Crespo, el ex director general Roberto López Abad, la que fue su sucesora en el cargo, María Dolores Amorós, y los exdirectivos Vicente Soriano y Teófilo Sogorb han sido denunciados por presunta estafa, apropiación indebida, manipulación del precio de las cosas y delito societario. Los gestores del FROB despidieron a Amorós por actuar «en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia» de 369.467 euros anuales, por «falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad» y por llevar a cabo una «deficiente gestión». Banco Sabadell absorbió la CAM con un esquema de Protección de Activos que le cubre el 80% de todas las pérdidas. Se lo pagan el resto de los bancos a través del Fondo de Garantía de Depósitos.

Novacaixagalicia

Una muestra más de la picaresca delictiva. Altos directivos de las antiguas CaixaGalicia y CaixaNova se embolsaron «indebidamente», a juicio de la Fiscalía, al menos 7,87 millones de euros. Con dinero procedente de las arcas públicas, además, puesto que el FROB había inyectado casi 3.800 millones de euros. La querella de la Fiscalía se dirige contra Julio Fernández Gayoso -en aquel momento copresidente de Novacaixagalicia, aunque dimitió tras admitir el juez la querella-, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez y Francisco Javier García de Paredes, todos altos directivos de la caja. Les acusa de administración desleal o apropiación indebida «al haber procedido, con abuso de las funciones de su cargo y pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad, a disponer fraudulentamente de bienes de la misma, ocultando al Consejo de Administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones». Unas prejubilaciones y contratos que modificaron para «preparar su previsible y futura salida de la entidad bancaria», según la querella, una vez acordada la fusión de Caixa Galicia y Caixa Nova y tras pedir ayuda al FROB. En el momento de la denuncia, Pego ya había cobrado 7,7 millones de euros; Rodríguez, 691.000 euros; Gorriarán, 4,8 millones; y García de Paredes, 5,6 millones. El fiscal reclama que devuelvan entre el 19% y el 93% de lo cobrado, pero no descarta que, tras la investigación penal, aumenten las cantidades indebidas. Incluso, dice el fiscal, podrían limitarse «todas las retribuciones fijas por considerarlas excesivas».

Caja Castilla-La Mancha

En enero de 2011, la Audiencia Nacional imputó a los exdirectivos de Caja Castilla La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega. Seis consejeros del PP en la caja acusaron a Hernández Moltó de estafa, administración desleal y falsedad contable. Anticorrupción concluyó que no hubo enriquecimiento. La entidad fue intervenida por el Banco de España en marzo de 2009 tras detectar irregularidades en la gestión. Después de un proceso de saneamiento, se integró en el Grupo Cajastur. El juez está a la espera de un informe de los inspectores del Banco de España.

Banco de Valencia

El Banco de Valencia fue intervenido en noviembre de 2011. El Estado ha tenido que hacerse cargo de él al negarse Bankia a cubrir el agujero de su filial y posee el 90,89% a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Le dió un crédito de 2.000 millones y un aval de 1.500 millones para que no quebrara. Precisamente, el FROB ha denunciado a Domingo Parra, ex consejero delegado de esta entidad, por estafa, administración desleal y apropiación indebida. Algunos accionistas ya se habían querellado por presuntos delitos societarios y falsedades instrumentales contra José Luis Olivas, en representación de Bancaja, Antonio Tirado, Domingo Parra y otros consejeros.

Bankia

Ha sido el último proceso en abrirse, pero el más sonado. Casi toda la antigua cúpula de Bankia y BFA ha sido imputada por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas. A la querella de UPyD se sumará la de Manos Limpias, que pide ampliar la imputación al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa; al responsable de los créditos, Carlos Vela; a Gerardo Díaz Ferran, exconsejero de Caja Madrid; a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España; a todos los consejeros de Caja Madrid en la época de Blesa y de Rato, y a Julio Segura, presidente de la CNMV. También incorpora una nueva acusación: imprudencia grave en el control de las sociedades. En esa línea va también la Asociación de Accionistas Minoritarios de Bankia. Fuentes del despacho Cremades-Calvo Sotelo, que representan a esta asociación, consideran que el Banco de España ha tenido «responsabilidad» por «falta de control o a lo mejor por no haber hecho caso a la inspección».

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