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Suplemento Mercados, 1 de julio de 2012

La salida de Pego no fue la única. Poco antes de que la caja fusionada se transformara en NCG Banco y de que el Frob pasase a controlar el 93% de su accionariado tras inyectarle 2.465 millones de euros, también dejaban sus puestos el ex responsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán; y uno de los directivos encargados de pilotar la fusión, Óscar Rodríguez Estrada. Meses después, con Novacaixagalicia ya convertida en NCG Banco, salía el ex director general adjunto, Javier García de Paredes.

Desde entonces, demasiadas noticias malas se han sucedido en el tiempo que media entre la salida de la entidad de estos directivos y la admisión a trámite de la querella en la Audiencia Nacional contra ellos por las indemnizaciones percibidas. Pero ello no ha sido óbice para que, además de cobrar finiquitos indecentes para los tiempos que corren, hayan tratado de emprender o sigan manteniendo negocios con la entidad a la que tanto tiempo estuvieron ligados profesionalmente, tal y como ha constatado MERCADOS.

La nacionalización de NCG Banco precipitó el escándalo. Los finiquitos de los antiguos directivos trascendieron rápidamente, así como la valoración de Novacaixagalicia presentada, que reflejaba un valor en libros de 1.784 millones de euros como capital fundacional y que el Banco de España redujo a 181 millones de euros. Ante el clamor social y a instancias de la denuncia del sindicato gallego CIG ante la Fiscalía General del Estado, Anticorrupción abría una investigación que desembocaba en la querella que el pasado martes admitía a trámite la Audiencia Nacional contra cinco ex directivos por delitos de administración desleal y falsedad documental: los cuatro mencionados y el copresidente Julio Fernández Gayoso, que presentaba su dimisión el jueves ante el consejo de administración de Novacaixagalicia -actualmente matriz de NCG Banco y en vías de transformación en una fundación especial de carácter financiero- tras las últimas vueltas de tuerca que daba el caso.

52 MILLONES EN FINIQUITOS

Pero, al margen de lo que les depare la querella, que les reclama «un mínimo a devolver» de 7,87 millones, los ex directivos se marcharon con una segunda inyección de capital pagadera cuando se convirtieran en pensionistas. Unas cantidades que, a excepción del caso de Fernández Gayoso, que percibe una pensión vitalicia de 1,1 millones al año y alrededor de 300.000 euros en dietas, trascendieron por vez primera el pasado mayo, cuando la entidad publicó sus cuentas detallando, por primera vez, las retribuciones de la cúpula al completo. Así, José Luis Pego, Javier García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán recibirían en planes de pensiones alrededor de 33 millones, lo cual, sumado a lo ya percibido en concepto de indemnizaciones, supone un total que ronda los 52 millones que NCG Banco, que no cumple los requisitos mínimos de solvencia que exige el Banco de España, debía consignar para los cuatro.

Ante la situación, el regulador español comunicó a la entidad el pasado 8 de junio que cualquier abono en concepto de «compromisos por pensiones de jubilación» quedaba bloqueado por el momento y, en su requerimiento, extendía el freno a cualquier pago de pensiones a Pego, García de Paredes y Gorriarán, según publicó Faro de Vigo. Tampoco parece que la medida les vaya a ocasionar problemas de liquidez a corto plazo, pues desde que abandonaron sus puestos de responsabilidad no sólo se han dedicado a disfrutar de su dorado retiro, sino que varios continúan en activo.

José Luis Pego, otrora hombre fuerte de Julio Fernández Gayoso, fue director general de Caixanova desde 2006 y designado por el presidente para pilotar la integración con Caixa Galicia. Abandonó Novacaixagalicia en 2011 con una indemnización de 18,5 millones -10,2 netos-. De este monto, y a tenor de los datos difundidos, percibió en concepto de despido voluntario 7,7 millones, resultante de multiplicar su salario bruto anual (627.620 euros) por los años que le faltaban para jubilarse.

El ferrolano tiene contratada con la entidad una hipoteca de 333.800 euros a un interés del 2% y por dietas de asistencia a consejos recibió 106.970 euros. El acuerdo se completaba con un extra de 10,8 millones que percibiría al cumplir 65 años. Mientras lo negociado se va cumpliendo, se le puede ver a menudo por las playas de la localidad pontevedresa de Nigrán. Hace unas semanas, afectados por las preferentes se concentraron para tirarle huevos a su chalé. «Cuando las cosas se ponen feas desaparece unos días. Pero no es difícil cruzárselo los domingos comprando la prensa en un kiosco del centro», asegura un vecino de la villa.

Javier García de Paredes, el único originario de la antigua Caixa Galicia de los cinco querellados, era director general adjunto ejecutivo y abandonó la entidad cuando ya se había constituido en banco, al causar baja en diciembre de 2011. El clamor por las indemnizaciones le hizo renunciar inicialmente a parte del montante que le correspondía por su contrato. En concreto, fuentes consultadas apuntan a que se negociaba una renuncia de cuatro millones del plan de pensiones (de 5,1 millones) y a otros cuatro millones brutos de un finiquito de 5,4 millones. Y lo anunció NCG Banco, que un mes antes de su salida emitía un comunicado hablando de «conversaciones» para no percibir parte del dinero, elogiando «el compromiso, la actitud y el sentido ético» del directivo y calificándolo de «prestigioso abogado de larga trayectoria en el sector financiero».

Pero García de Paredes no renunció a su finiquito y fuentes próximas a las negociaciones, a las que ha tenido acceso MERCADOS, aseguran que planteó la condonación de una parte a cambio de que la entidad contratase a un gabinete de servicios jurídicos en el que él participaría.

El trato le habría resultado altamente beneficioso, habida cuenta de que García de Paredes se incorporó en 1999 a Caixa Galicia como director adjunto de Relaciones Jurídicas y que, tanto la extinta como la nueva entidad, tienen externalizado el grueso de sus servicios de asesoría jurídica. A propósito de esta negociación, la entidad ha destacado siempre la voluntad del ex directivo de devolver una parte de lo percibido. El acuerdo, sin embargo, quedó en agua de borrajas cuando la Fiscalía anunció la apertura de diligencias.

ETT Y EMPRESAS DE INFORMÁTICA

Óscar Rodríguez Estrada es probablemente el primer afectado de la decisión del Banco de España de bloquear los pagos de las pensiones, ya que ha cumplido los 65 años este junio. Al ex responsable de la oficina de integración le correspondía una indemnización de 691.000 euros y una pensión de 8,1 millones brutos. Pero, independientemente de lo que la Justicia decida sobre su jubilación, este ex alto cargo sigue en activo, entre otras cosas, gracias a sus vínculos con empresas entre cuya clientela figura la entidad gallega.

Una de ellas es el Centro Informático de Servicios de Vigo, Císer, en cuyo consejo de administración toma parte Óscar Rodríguez Estrada como consejero. Císer ha realizado servicios de mailing a clientes y de preparación de los dossieres y documentación que se les suministra a los empleados cuando asisten a cursos de formación en el seno de la entidad.

Císer es, a su vez, accionista es la empresa de trabajo temporal Cenpla, radicada en Madrid y con sucursales en varias ciudades españolas, entre ellas Vigo. Se encarga de la contratación de los empleados eventuales de la entidad bancaria, por ejemplo para las sustituciones de verano del personal de las sucursales, y ya era la ETT que prestaba este servicio en la antigua Caixanova. Se da la circunstancia, además, que Rodríguez Estrada ostentaba en la caja gallega del sur el cargo de Director de Medios, estrechamente vinculado al departamento de Personal.

UNA SEMANA DE PASIÓN

La que ahora acaba no sólo ha sido la semana de pasión para Julio Fernández Gayoso, el otrora presidente de la antigua Caixanova, antes director general de Caixavigo y alma mater de caja gallega del sur durante cinco décadas. Su par en la nueva entidad, Mauro Varela, a la sazón hombre fuerte de Caixa Galicia, la caja gallega del norte, se veía obligado a presentar su «dimisión irrevocable» tres días antes, el lunes, a raíz de la polémica desatada por unas declaraciones sobre los afectados por las participaciones preferentes a la salida de la asamblea general de Novacaixagalicia. Varela había expresado que «toda la campaña fue perfectamente legal y la gente las tomó sabiendo lo que estaban tomando». Días después, las declaraciones que acompañaban a su carta de renuncia habían dado un giro radical. «Comprendo y soy consciente de que lo por lo mí dicho haya lastimado», señalaba. «No era tal mi intención. No es mi forma de comportarme y actuar».

Pero los escándalos de las antiguas cajas gallegas no sólo afectan a los pequeños ahorradores que suscribieron participaciones preferentes o a un tejido empresarial local asfixiado por el cierre del grifo del crédito. Trabajadores de la entidad consultados admiten sentirse «impotentes» ante los acontecimientos y «presos» de un pasado que los estigmatiza. Incluso un directivo, siempre bajo la promesa del anonimato, se atrevía a ironizar con uno de los últimos productos de la entidad: el depósito Zara Home, que ofrecía, además de la remuneración monetaria, un juego de edredones y almohadas de la firma de Inditex. «Regalamos sus edredones con los depósitos y Amancio responde comprando la Torre Picasso», expone. El magnate gallego del textil adquirió a finales de 2011 por 400 millones -menos de la mitad de su valor en 2007, según la tasación de FCC- el emblemático edificio del corazón financiero de la capital. Fue la mayor operación inmobiliaria del año, justo cuando la entidad iniciaba un proceso de captación de inversores. Difícil no sucumbir a la tentación de interpretarlo como una bofetada sin manos a las apelaciones al patriotismo y a la solidaridad con que el stablishment político y financiero bombardeaba a las fortunas gallegas.

APOYOS

> LA INCÓGNITA DE JOSÉ LUIS MÉNDEZ

El que fuera director general de Caixa Galicia durante 29 años, José Luis Méndez, se aplicó la máxima de todo buen inversor: «que el último duro lo gane otro». Aunque su contrato le permitía seguir hasta los 70 años, abandonó la caja a los 65, en septiembre de 2010, justo cuando se negociaba la fusión. Dejaba una entidad con el lastre del 70% de sus activos del ladrillo y con unas pérdidas en el resultado de explotación ese trimestre de más de 61 millones. Gracias a esta retirada es el único que ha cobrado íntegramente un finiquito que, en su caso, asciende a 11,2 millones de euros netos -16,5 brutos-. Precisamente, la investigación de Anticorrupción se retrotrae a octubre de 2010, un mes después de su salida, para armar la querella contra los cinco ex directivos. Pero su sino podría cambiar si prospera una denuncia por «delitos societarios, falsedad, estafa, fraude de emisiones e información privilegiada» que señala a Méndez y a sus dos hijos, José Luis y Yago. Sus vástagos, bien situados en la caja, no tardaron en salir tras la fusión: el primero a A&G Banca Privada, filial del banco suizo EFG, y el segundo a Amper, la firma tecnológica que preside Enrique Bañuelos, con quien ya habían hecho negocios en la época de Astroc.

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ÓSCAR RODRÍGUEZ ESTRADA

Director de Integración

Al otrora responsable de la oficina de integración, la intervención del Banco de España le ha bloqueado una jubilación de 8,1 millones de euros brutos que iba a percibir a partir de este mes de junio al cumplir 65 años. Le queda, no obstante, el finiquito de 691.000 euros que percibió tras su marcha de la entidad gallega.

JAVIER GARCÍA DE PAREDES

Ex director general adjunto

Se incorporó en 1999 al equipo de Caixa Galicia como director adjunto de Relaciones Jurídicas, desde donde ascendió al puesto de director general adjunto ejecutivo primero. Ya en NCG negoció una renuncia, que nunca llegó a producirse, además de la indemnización de 5,4 millones de euros que recibió.

GREGORIO GORRIARÁN

Responsable del Área Inmobiliaria

Se llevó una indemnización de 4,8 millones de euros y tenía intención de percibir otros 9,2 millones de euros. Las malas lenguas dicen que se está ojo avizor para cuando NCG Banco aprovisione y reconozca nuevas pérdidas. Y es que, a pesar de su prejubilación, el negocio es el negocio.

JULIO FERNÁNDEZ GAYOSO

Ex copresidente

Empezó en Caixavigo de botones, a los 17 años, y en 2006 se alzó presidente de Caixanova. En 2010 copresidente, junto a Varela, de la entidad resultante de la fusión con Caixa Galicia. El jueves dimitía tras la querella de Anticorrupción que lo implica en el cambio de condiciones de varios ex directivos sin informar al consejo ni al Banco de España.

JOSÉ LUIS PEGO

Ex director general

Director general de Caixanova, fue designado por Gayoso para pilotar la integración de las dos entidades. Abandona la entidad con una indemnización pactada de 18,5 millones brutos más otros 10,8 que cobraría al cumplir los 65 años. Poco después de su marcha, NCG Banco era nacionalizada y recibiría 2.465 millones del Frob.

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UN PROCESO JUDICIAL ''''INSUFICIENTE''''

Aunque la admisión a trámite de la querella contra los ex directivos de Novacaixagalicia por parte de la Audiencia Nacional ha sido acogida con satisfacción por CIG, CCOO y UGT -los sindicatos con presencia en NCG Banco-, la reivindicación se centra ahora en reclamar una investigación más completa de la gestión de las antiguas cajas gallegas.

«Hubo una mala gestión por ambas partes», sostiene Clodomiro Montero, responsable de CIG-Banca, en referencia a las actuaciones de la alta dirección y del Banco de España. Y es que CIG, acrónimo de Confederación Intersindical Galega, ha sido muy activa a la hora de exigir más contundencia a la Justicia. Por ello, Montero no duda en tachar de «poco transparente y poco eficaz» el manejo del regulador con una entidad que ha recibido cuantiosas inyecciones de capital a través del Frob y no descarta que la organización se persone en el proceso para evitar «un cierre en falso».

Pero al margen de la actuación judicial, el sindicato incide en las derivadas para la clase política. Así, y tras negarse en varias ocasiones argumentando que no era «el momento», el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba el miércoles en el Parlamento gallego una comisión de investigación sobre el proceso de fusión de las cajas. También se recuerda el caso de Mar Barcón, dirigente del PSOE coruñés, que dejó su asiento en el consejo de administración de la entidad cuando estalló en noviembre de 2011 el escándalo de las prejubilaciones.

«Su salida fue una escapada: votó a favor de las indemnizaciones y luego salió corriendo», apostilla Montero. «Hay muchos cargos políticos sentados en el consejo de administración que son copartícipes», concluye.

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> EL SUELDO PACTADO DE AMORÓS

La ex directora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, condujo, junto al presidente Modesto Crespo y al otro director general, Roberto López Abad, la caja hacia la quiebra.  593.040 euros fue la cantidad anual que Amorós pactó con Crespo. Cuando la caja fue intervenida, el Frob la despidió sin indemnización. 10 millones es lo que Amorós reclamó judicialmente por su despido. La juez lo rechazó y declaró procedente su salida la CAM.

> UNA GESTIÓN DEFICIENTE

«Buscó el beneficio propio, falseó las cuentas y realizó una gestión deficiente», dijeron los administradores del Frob al llegar a la CAM

> PARRA, 7,5 MILLONES

Domingo Parra es el ex director general del Banco de Valencia, ahora integrado en Bankia, y el máximo responsable de su intervención por parte del Banco de España. Pactó una indemnización de 7,5 millones de euros y se fue sin asumir responsabilidad alguna.

> PREJUBILADO DE ORO EN CAJA SEGOVIA

Manuel Escribano, quien fuera el director general de Caja Segovia, consiguió prejubilarse con una pensión pactada y aceptada por el consejo de gobierno de la entidad. 6.000.000 de euros fue la cantidad acordada. Abandonó la caja en diciembre de 2010, justo antes de su integración en Bankia.El 74,7% de su sueldo cuando estaba en activo. Ésa es la cantidad que recibirá hasta, según precisó la entidad, la edad legal de jubilación.

> DESDE 1996

«Estas prejubilaciones se vienen realizando desde 1996 y son aprobadas por unanimidad», se defendió en una nota Caja Segovia

> 17 ''''KILOS'''' PARA CUATRO

Roberto López Abad, ex director general de la CAM, tenía a su servicio a cuatro colaboradores que salieron con él. Juntos percibieron, tanto en indemnizaciones como en pensiones, 17 millones de euros. Él, principal culpable de la deriva de la CAM, se llevó 5,8 millones de euros.

> 11 MILLONES PARA SU RETIRO

El máximo ejecutivo de Caixa Penedès, Ricard Pagès, se atribuyó 11 millones de euros del plan de pensiones, apoyado en pólizas de seguros. 20.000.000 euros. Es lo que se repartieron él y otros tres directivos de la caja, Troyanos, Caellas y Jorba. 916.000.000 euros fue la cantidad en ayudas del Frob que tuvo que recibir la entidad -junto a sus actuales socios en el Banco Mare Nóstrum (BMN)- para su saneamiento.

> SIN INFORMACIÓN VERAZ

La entidad se defendió: «Este Consejo de Administración no ha contado (...) con información suficiente, veraz y detallada de estas remuneraciones».

> PENSIÓN DE 1,7 MILLONES

María Victoria Vázquez Sacristán es una de las pocas mujeres en la cúpula de la NCG Banco y responsable del área de participadas. A finales de 2011 se acogió al ERE voluntario abierto. Está dento de los planes de pensiones oscilan entre el millón y los 1,7 millones de euros.

> UNA PENSIÓN CON ''''HEREDERAS''''

El presidente de Cajasur, Miguel Castillejo, dejó su cargo en junio de 2005 con una indemnización de 4,3 millones de euros tras tres décadas de servicio al frente de la caja de la Iglesia.

250.000 euros al año. Ésa fue la cantidad que se fijó para su pensión cuando se retiró. Se le añadió una cláusula, no obstante. En caso de fallecimiento de Castillejo, sacerdote, sus cuatro hermanas serán las beneficiarias de la paga.

> ''''SUERTE'''' EN EL FUTURO

«Las entidades financieras son muy cambiantes», declaró Castillejo tras su salida. Deseó «suerte» a sus sustitutos ante las fusiones que se planteaban.

> AJUSTES EN EL VALOR

La memoria de Novagalicia Banco revela que ha descontado ahora 982 millones correspondientes a las oscilaciones en el valor de algunos activos en el momento de la fusión. Además, ha incorporado una auditoria de Deloitte que cuestiona el valor que entonces se dio a estos activos.

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