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JOSÉ LUIS GARCÍA VALENCIA
Una de las preguntas que en las últimas jornadas se hace la ciudadanía es cuál va a ser el coste para el erario público de las ayudas, nacionalizaciones y, desde el sábado, el rescate del sistema bancario español a través del dinero europeo. Pues bien, el precio para el país va a ser muy elevado.
Según explica el profesor de Economía Financiera de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Manuel Illueca, la factura para los países cuya banca resulta intervenida ha sido, históricamente, del 13, 3 % de su Producto Interior Bruto (PIB). Esta variable indica "el coste fiscal neto de la recuperación, es decir, la cifra que queda una vez que se descuenta el dinero que el estado acaba recuperando". En este sentido, para el erario público español el precio de rescatar el sistema financiero podría llegar a los 130.000 millones de euros.
Es sólo una aproximación, un promedio a partir de lo que ha supuesto históricamente para los estados enmendar la mala gestión de sus entidades. Podría ser menos, pero también podría ser más. La estimación de Illueca parte del documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que en 2008 elaboraron los investigadores Luc Laeven y Fabian Valencia. En él se analizan los episodios de crisis bancarias sistémicas entre 1970 y 2007.
En total ha habido 124. Algunas tuvieron costes demoledores para la economía de sus países, como la que padeció Argentina en 1980. Entonces la factura fue del 55 % de su PIB, el máximo que se ha reconocido en uno de estos episodios. 70 entidades argentinas tuvieron que ser intervenidas. Si España llegara a esa situación, los ciudadanos tendrían que poner de sus bolsillos 550.000 millones de euros, cosa muy improblable.
Por citar otro ejemplo más reciente, el famoso "corralito" argentino que tanto afectó a los pequeños ahorradores y convulsionó el país con escenas de "caceroladas" y violencia contra las entidades, ''solo'' costó a aquel país el 10 % de su PIB. De vuelta a España, la crisis bancaria española de entre 1978 y 1983 afectó de un modo u otro a 52 entidades, con un coste fiscal del 5,6 % del valor de la economía española.
Al margen de estas posibilidades, las certezas son que, por el momento, la crisis bancaria ya ha tenido un coste muy visible. El resultado de los procesos de integración que se prolonga los últimos dos años ha supuesto unas ayudas públicas de 10.046 millones de euros a través del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB). El SIP de Bancaja y Caja Madrid (BFA) supuso 4.465 millones; en la fusión de Catalunyacaixa se invirtieron 1.250 millones; en la de Novacaixagalicia, 1.162, y así hasta llegar a más de diez mil millones, desgrana Illueca.
A eso habría que sumar los 7.551 millones de intervenciones directas del Estado a través de los recientes procesos de nacionalización de Nova Caixa Galicia, Catalunya Caixa, CAM y Unnim. E incluso quedaría por resolver la incógnita de cómo computar los 9.000 millones más que se estima que necesitarán Caixa Galicia y Nova Caixa y sin incluir los 20.000 millones que urgen para salvar Bankia. Cada día surge una nueva cifra millonaria.

El Estado solo recuperaría el 20 %
del dinero prestado
Otra variable que incluye la base de datos de Laeven y Valencia (2008) acerca de las crisis sistémicas bancarias es el porcentaje de retorno del dinero bruto que el Estado inyecta a los bancos para ayudarles a salir de su situación. En este sentido, la experiencia de otras crisis no resulta muy alentadora: sólo el 20 % del dinero inyectado ha retornado al Estado históricamente. Este rescate europeo de hasta 100.000 millones, por ejemplo, va a computar como deuda pública del estado. España es quien lo pide, no los bancos; y será el estado quien debe devolverlo si los entidades no cumplen con las obligaciones contraídos. Un rescate, en toda regla.
Cabe recordar que muchas de las ayudas que llegaron a los bancos a través del FROB en el reciente proceso de reestructuración no han sido devueltas, como teóricamente iba a ocurrir. Esa inversión pública de imposible devolución se ha convertido en participaciones de Estado, o sea, en una nacionalización de dichas cajas. Al margen de esto, el pofesor de la UJI Manuel Illueca aporta otra variable: en los cuatro primeros años de una de estas crisis, los estados afectados pierden como término medio un 20 % de su PIB

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