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M. A. RUIZ COLL / ALICANTE

Día 22/05/2012

Todos los miembros del consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) aprobaron, en su sesión del 27 de noviembre de 2009, que su entonces presidente Modesto Crespo cobrara una retribución de 300.000 euros anuales en concepto de «dietas» por asistir a los consejos de su empresa participada Tinser Cartera SL.

Según consta en el acta de la citada reunión, a la que ha tenido acceso ABC, todos los miembros del consejero aprobaron este acuerdo «por unanimidad», sin plantear ninguna objeción. No sólo ello, sino que además avalaron que Crespo cobrara «con carácter retroactivo» toda la asignación correspondiente al segundo semestre de 2009 —es decir, desde el mes de julio— a pesar de que su nombramiento no se produjo hasta el mes de noviembre.

Por lo tanto, por decisión expresa de los consejeros de CAM, Modesto Crespo cobró 150.000 euros por asistir a todos los consejos de administración de Tinser celebrados entre julio y diciembre de 2009, a pesar de que no fue miembro de dicho órgano hasta noviembre del mismo año.

Los «sacrificios» de Amorós

La CAM utilizó Tinser para gestionar su participación en otros grupos empresariales como Ribera Salud (en el que poseía en aquel momento el 16,6% del accionariado), Terra Mítica (el 24,23%), Subús (9,9%) o Asmoa (9,9%). En su comparecencia ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, el vicepresidente de CAM Armando Sala indicó el pasado día 14 que en el consejo de administración se acordó nombrar a Modesto Crespo pero no llegó a comentarse su asignación de 300.000 euros. No obstante, esta cifra sí aparece reflejada en el acta del consejo.

Por otro lado, ayer eludieron declarar ante la comisión de investigación dos ex directivos de la caja alegando que no quieren interferir en los procesos judiciales abiertos: el ex director general Roberto López Abad —cuya gestión está siendo investigada por la Audiencia Nacional— y el ex director de Inversiones Inmobiliarias Daniel Gil, quien está imputado en la pieza del «caso Brugal» relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

En cambio, sí aceptó responder las preguntas de los grupos políticos la ex directora general María Dolores Amorós, quien calificó de «inverosímil» sostener que la CAM falseó sus cuentas, como hace el Banco de España en el expediente disciplinario. Amorós dijo que incorporarse al equipo directivo de la CAM supuso para ella «una renuncia y una rebaja» de sus condiciones labores.

Por último, María Dolores Amorós aseguró que «en modo alguno cerró con el presidente acuerdo alguno en beneficio propio» para asignarse una pensión vitalicia.

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