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M. A. RUIZ COLL / ALICANTE

Día 09/05/2012

Fue la última decisión que tomaron los miembros del consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM), antes de que la entidad fuera intervenida por el Banco de España. En su sesión del pasado 21 de julio, el órgano de gobierno de la caja de ahorros acordó por unanimidad distribuir un «dividendo extraordinario con cargo a prima de emisión» por importe de 238,5 millones de euros, con el fin de pagar la deuda que la entidad había contraído con los cerca de 54.000 ahorradores que habían comprado sus cuotas participativas.

Tan sólo un mes antes, el secretario del consejo de administración, José Forner, había formalizado ante notario la escritura por la que se hacía efectivo el traspaso de todo el negocio financiero de la caja al Banco CAM, un requisito imprescindible para recibir los 2.800 millones de euros solicitados al FROB. De acuerdo con la Ley, CAM no podía traspasar al nuevo Banco las cuotas participativas, pero la entidad hizo constar en la escritura notarial una cláusula que reflejaba su compromiso con los cuotapartícipes: «Banco CAM deja constancia de que ha asumido el compromiso irrevocable de hacerse cargo internamente de las obligaciones de reembolso que pueden derivarse de las cuotas participativas».

Ultimátum del regulador

En cumplimiento de esta voluntad, y quizá porque los consejeros eran conscientes de que se encontraban ante su última oportunidad, el consejo de administración del 21 de julio aprobó pagar 238,5 millones de euros a los cuotapartícipes —a razón de 4,7 euros por cada cuota— y convocar la asamblea general de la caja para ratificar dicho acuerdo, tal como consta en el acta a la que ha tenido acceso ABC.

Sin embargo, antes de que concluyera la sesión, el presidente de la caja, Modesto Crespo, leyó la carta que acababa de llegar a la sede de la entidad, en la que el Banco de España daba un ultimátum al consejo de administración para que CAM aprobara en el plazo de diez días un nuevo plan de capitalización que permitiera a la caja cumplir los nuevos requisitos de solvencia establecidos. El escrito advertía que, de no cumplir esta condición, CAM no sólo perdería los fondos solicitados al FROB, del todo vitales para garantizar el fututo de la entidad, sino que ésta podría ser intervenida.

El Banco de España había rechazado todas las propuestas remitidas durante las semanas precedentes por la CAM, por considerar que ninguna de ellas era viable para salvar la entidad. La única alternativa era cerrar un nuevo acuerdo de fusión, que sustituyera al fallido SIP pactado inicialmente por Cajastur, pero resultaba materialmente imposible alcanzar un acuerdo así en un plazo de diez días. Los consejeros optaron por poner sus cargos a disposición del Banco de España, que al día siguiente, 22 de julio, intervino la entidad. La inyección económica del FROB redujo a cero el valor de las cuotas participativas e impidió incumplir el acuerdo de pagar 238,5 millones de euros a sus titulares.

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