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M. A. RUIZ COLL / ALICANTE

Día 28/02/2012

Aunque su balance estaba herido de muerte por los créditos multimillonarios otorgados al sector de la promoción inmobiliaria, la mala gestión de la «fusión fría» pactada con Cajastur terminó de dar la puntilla a Caja Mediterráneo, que en apenas siete meses de zozobra perdió más de 5.000 millones de euros retirados por los clientes de sus depósitos.

Tras barajar posibles alianzas con Bancaja, Caja Murcia y Caja Madrid, el equipo directivo encabezado por el entonces presidente, Modesto Crespo, y el entonces director general, Roberto López Abad, optó por un Sistema Integral de Protección (SIP) junto con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, que sumaría 7.400 millones de euros en recursos propios.

En esta decisión pesó mucho el criterio del Banco de España, que tuteló en todo momento el proceso hasta el punto de establecer las condiciones en las que debía llevarse a cabo la «fusión fría», a través del contrato de integración que fue elaborado por los gabinetes jurídicos Garrigues y Freshfields. En su sesión del 26 de noviembre del 2010, el consejo de administración de Caja Mediterráneo estudió dicho contrato, que el presidente Modesto Crespo firmaría un mes después junto con los responsables de las otras tres cajas involucradas.

Las objeciones al contrato

Como ha informado ABC, el letrado del consejo de administración, Juan Martínez-Abarca, expresó en un informe interno sus discrepancias con las cláusulas del contrato pues, advirtió, «no estamos ante un simple acuerdo de colaboración o alianza con otras cajas», sino de una «auténtica cesión de soberanía, en la que las cajas pasan de mandar a ser mandadas» por el Banco Base. En línea con esta inquietud, la CAM propuso varias enmiendas al borrador del contrato, encaminadas a lograr que las cuatro cajas asociadas mantuvieran una mayor autonomía frente al Banco Base, llamado a gestionar el negocio financiero del grupo resultante.

Sin embargo, el director general de Supervisión del Banco de España, Ángel Rico, remitió a la CAM un duro comunicado el 3 de noviembre en el que censuraba la actitud de la caja alicantina por intentar suavizar las condiciones de la fusión y preservar su autonomía. «Observo con gran sorpresa», indica Ángel Rico en su misiva a la que ha tenido acceso ABC, «que a través de las enmiendas propuestas se está desvirtuando el principio de gestión centralizada. Y quiero señalar que este principio es inquebrantable, por lo que la mayoría de las enmiendas no sólo no deberían ser aceptadas, sino que ni siquiera debieran haber sido propuestas».

Con estas palabras, el representante del Banco de España desautorizaba los intentos de la CAM de modificar las condiciones del acuerdo para preservar su autonomía en el seno del Banco Base. A continuación, Ángel Rico expresaba su preocupación por el hecho de que «el proceso de integración está llevando una marcha muy lenta». Por este motivo, instó a los representantes de las cuatro cajas asociadas a trabajar para «conseguir que este proceso concluya en tiempo y les sirva para poderse posicionar cuanto antes de forma adecuada, para afrontar los muchos retos que tienen ante sí».

Dar confianza al mercado

«Es de suma importancia —finalizó su misiva el director general de Supervisión— que desde fuera, los mercados y analistas vayan percibiendo que están progresando tal como se les transmitió que iban a hacerlo antes del verano». A la luz de estas instrucciones del Banco de España, el letrado del consejo de administración de CAM concluyó que, pese a sus objeciones a las condiciones pactadas, la operación no tenía marcha atrás y había que aceptar las directrices del regulador.

Modesto Crespo firmó finalmente el 28 de diciembre de 2010 el contrato de integración pero, tan sólo tres meses después Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura abandonaron la fusión al descubrir que las cuentas de la CAM tenían graves desequilibrios.

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