Un directivo de los que recibieron prejubilación millonaria describe en el juicio cómo se gestó la indemnización que la ex directora general de CAM ha reclamado en el juicio por despido improcedente
24.02.2012 Alicante Mª José Cruz
Un directivo de los que recibieron prejubilación millonaria describe en el juicio cómo se gestó la indemnización que la ex directora general de CAM ha reclamado en el juicio por despido improcedente. La vista se ha celebrado hoy en Alicante. La ex directora general de CAM, María Dolores Amorós, solicita 10 millones de euros en total por despido improcedente, entre indemnización y renta vitalicia, en el juicio que se está celebrando hoy en Alicante.
Las declaraciones han terminado a las 15:40 de este tarde y el caso ha quedado visto para sentencia. La antigua directora general de CAM, María Dolores Amorós, fue despedida tras la intervención de CAM, el verano pasado, con despido disciplinario, pero ella alega que se trata de un despido improcedente y reclama una indemnización que, unida a la pensión vitalicia que se había fijado, rondaría los diez millones de euros.
El ex director general de Recursos de la CAM, Vicente Soriano Terol, ha declarado en el juicio y ja reconocido que el anexo para la modificación de las pensiones de los directivos se firmó el 11 de marzo del año pasado en un restaurante de Alicante, aunque matizó que se produjo durante una reunión de directivos en una sala aparte, un encuentro en el que estaba presente Roberto López y en el que también se trataron otros temas.
Soriano es uno de los cuatro directivos jubilados de la anterior cúpula, compuesta por 12 miembros, y recibió una indemnización de 1,5 millones de euros.
En el juicio, celebrado en el juzgado de lo social número 4 de Alicante, ha comparecido la abogada que representa a Banco CAM, Isabel Merenciano, quien ha expresado las razones del despido disciplinario de Amorós, alegando entre otras cosas que se había fijado la pensión de manera irregular, al establecerse 365.000 euros anuales. Con el cálculo realizado, estima que en total sumaría unos diez millones de euros, que considera "desproporcionado".
El administrador del Frob José Antonio Iturriaga, que declaró como testigo, aseguró que la ex directora general de la CAM transmitió beneficios relevantes, mientras que cuando realizaron la evaluación completa de todos los activos de la caja, tras su intervención el pasado mes de julio, detectaron que se calificaron créditos normales que eran dudosos y habían sido refinanciados. Según Iturriaga, “esto constituye una práctica irregular que se venía haciendo la caja desde hacía mucho tiempo, ya que nos encontramos numerosos activos de este tipo”.
El administrador afirmó asimismo que se había remitido una circular del Banco de España, “que es de absoluto cumplimiento” contra estas prácticas. Iturriaga justificó el despido de Amorós como máxima responsable para poder “tomar el control”, pero no era posible prescindir de todo el equipo directivo de repente, aunque ya han sido cambiadas o rebajadas sus funciones. En cuanto a la intencionalidad de Amorós, asegura que apreciaron una actitud “de ocultación real para seguir adelante, incluso durante el SIP, lo que produjo su ruptura”, un extremo que verificaron durante la auditoría de la caja.
Previamente había intervenido como testigo de CAM el perito Javier López, economista, que ha realizado un análisis de la actividad de la directiva en la entidad. Ha explicado que el Banco de España estaba revisando la caja desde 2008, pro en 2010 decidió realizar una evaluación más exhaustiva. Que el supervisor detectó que las provisiones de la caja no cubrían los riesgos y que, por lo tanto, tenía que efectuar dotaciones extras. pero señaal que la caja no siguió estas directrices, y que, por lo tanto, no hubo una buena praxis.
La letrada que representa a Amorós, Silvia Bauzá, ha solicitado a la jueza, Mª Paz Fernández, la presencia de tres testigos por considerar que este juicio "va más allá del despido" de la ex directiva. Sin embrago, la magistrada ha rechazado esta petición alegando que en esta ocasión se está tratando la solicitud de Amorós de que su despido de la antigua caja alicantina se considere improcedente, por lo que sólo puede aportar un testigo.
|