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22.02.12 - 00:55 - A. S. MOLLÁ. ALICANTE. La exdirectora de la CAM, María Dolores Amorós, tiene muy claro su objetivo en el juicio laboral que se celebrará el viernes en Alicante: quiere que su despido fulminante de la caja sea declarado nulo porque se vulneraron derechos fundamentales. Según fuentes cercanas al caso, Amorós alega en su demanda que se han visto afectados su «derecho al honor» y a «la dignidad personal y profesional».

Por eso, un representante de la Fiscalía tendrá que estar presente en la vista oral que se celebrará en el juzgado de lo social número 4 de Alicante. Y es que en los procedimientos laborales solo se requiere la presencia del Ministerio Público cuando puede haber una vulneración de derechos fundamentales. Una vez practicadas las pruebas, el fiscal decidirá si apoya las reclamaciones de la exdirectiva de la CAM.

En el caso de que la juez no considere nulo el despido -una figura que implica la readmisión inmediata- , Amorós solicita que, de forma subsidiaria, se declare improcedente. En este caso, la caja tendría que readmitir a la exdirectora o pagarle una indemnización. No ha trascendido cuánto reclama Amorós.

Para que el despido se declare improcedente, la juez tendría que llegar a la conclusión de que los administradores del Fondo de Ordenación y Reestructuración Bancaria (Frob) no tuvieron causas objetivas para echar a Amorós.

Todo lo contrario de lo que afirma el Banco de España, que intervino CAM el 22 de julio de 2011 y en septiembre acordó el despido disciplinario de Amorós por «buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente». Después de que la entidad fue intervenida, Amorós fue apartada de su puesto, aunque seguía cobrando un sueldo. No obstante, a finales de septiembre los administradores del Frob la echaron sin derecho a indemnización por las graves irregularidades detectadas durante su gestión, que supondrían un incumplimiento grave de su contrato.

Por otra parte, la Fiscalía de Alicante ha decidido no adherirse a la petición formulada por la Plataforma CAM y el abogado Diego de Ramón de anular o aplazar el juicio. En su solicitud, la plataforma de afectados de la Caja adujo que debía prevalecer la denuncia colectiva por vía penal.

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