Los representantes sindicales en la CAM, que desde su intervención por parte del Banco de España han liderado las protestas que exigen responsabilidades a los órganos de dirección, contaban hasta la quiebra de la caja alicantina con dos representantes en el consejo de administración —ahora en el punto de mira tras abrir el regulador un expediente disciplinario contra sus miembros—.
D. MARTÍNEZ / ALICANTE
Día 20/02/2012
Desde la última renovación parcial de los órganos de gobierno —que provocó además el acceso a la presidencia del empresario ilicitano Modesto Crespo—, los sindicatos estaban representados en el consejo de administración por Salvador Piles y Enrique Puig, que entraron por la cuota de los trabajadores. Entre los dos se llevaron —como el resto de consejeros— 8.000 euros en dietas por asistir a los 18 consejos de administración que se convocaron hasta la entrada del FROB.
Piles y Puig asistieron a todas las reuniones del órgano de administración de la entidad alicantina, y participaron de las decisiones por las que ahora se piden resposabilidades desde los sindicatos. En el caso de Piles, además, formaba parte de la comisión ejecutiva y del órgano de dirección territorial en la provincia de Valencia.
Es más, al igual que sucedía con la práctica totalidad del resto de consejeros, ambos eran a su vez consejeros en alguna de las sociedades de CAM o de sus participadas. En el caso de Salvador Piles, figuraba como vocal de la financiera Gesfinmed. Mientras, Enrique Puig era también vocal en la consultora Incomed, que prestaba servicios de asesoría a las empresas clientes de la caja.
Expediente disciplinario
Al margen de los dos representantes de los trabajadores, los sindicatos contaban con un tercer representante en el consejo de administración hasta su última renovación: Oscar Estrada. Si bien había sido elegido por la cuota de los impositores, Estrada estaba vinculado al sindicato UGT.
Como el resto de consejeros, los representantes sindicales están afectados por el expediente sancionador abierto por el Banco de España contra los integrantes de la dirección de CAM, en los que se les acusa de haber provocado la quiebra de la entidad con sus decisiones. El expediente no incluye propuesta de sanción.
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