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14.02.12 - 00:23 -

BERNAT SIRVENT | ALICANTE.

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Su presidente Avilés niega que usara a su hermana de testaferro para créditos ventajosos

Acusan a Amorós de incumplir una petición del BdE cuando se rompió el Banco Base

Seis de los diez miembros de la comisión de control de Caja Mediterráneo (órgano que debía velar por la transparencia en la gestión y por las auditorías de gestión y de balances y que no fue disuelto el pasado 22 de julio por el Banco de España, tras intervenir la entidad) se reunieron ayer de urgencia con un objetivo único: el argumentario de su defensa frente a las acusaciones de la autoridad bancaria, que los ha expedientado a todos y cada uno por las supuestas irregularidades cometidas entre 2008 y 2011.

Los miembros de este organismo aseguran que, a la vista de las imputaciones que se realiza a un total de 49 exdirectivos y exconsejeros o vocales de la comisión de control (resumidas en cinco grandes apartados como deficiencias en mecanismos de control de riesgos, alteración de la realidad financiera y patrimonial, incumplimiento de autorizaciones administrativas, pago de retribuciones no justificadas a ejecutivos e incapacidad para manteenr la viabilidad de la Caja), «se nos ha mantenido engañados por parte del comité de dirección». Éste órgano ejecutivo era dirigido desde el año 2001, fecha en la que se inició la dejadez de funciones, según la Dirección General de Supervisión del Banco de España, por Roberto López Abad. Desde noviembre del año 2010, tras la dimisión de López para asumir una de las direcciones del fallido banco SIP con Cajastur, por María Dolores Amorós.

Millones en indemnización

Según dos fuentes distintas asistentes a la reunión de ayer en Alicante, que se prolongó hasta el mediodía, los supuestos engaños se hacen extensibles tanto al resto de los doce miembros de ese comité de dirección, del que ya salieron tras acogerse al Ere durante el pasado año Roberto López (con indemnización de 5,5 millones de euros), Agustín Llorca (2,6 millones), Vicente Soriano (1,7 millones), Joaquín Meseguer (2,2 millones), Gabriel Sagristá (2) y Daniel Gil Mallebrera (1,2).

Los miembros del máximo órgano de control no se habían reunido desde la intervención. Pero el presidente de dicha comisión, el exedil popular de Murcia y promotor Ramón Avilés, les convocó el pasado viernes, tras conocerse muchos de los detalles de la incoación de expedientes disciplinarios, que entrañan multas de hasta 500.000 euros en casos de faltas consideradas muy graves por el Banco de España. Todos los afectados, entre los que se halla el actual presidente de la Cámara de Comercio, José Enrique Garrigós, que fue vocal de la comisión de control hasta febrero del 2010 y, desde entonces, del consejo de administración, tienen veinte días hábiles, a partir del pasado jueves, para presentar alegaciones.

Precisamente Avilés es uno de los más directamente señalados por la comisión ejecutiva de Supervisión del Banco de España en su largo informe. En el último capítulo, el quinto, sobre retribuciones, los inspectores de la autoridad monetaria española culpan a Avilés de realizar presumiblemente operaciones de «ocultación de propiedad» a la hora de obtener créditos en condiciones ventajosas de la CAM. El informe lo acusa de utilizar a su hermana «como testaferro» con el fin de eludir la obligación, como miembro de un órgano de gobierno de CAM, de informar al Banco de España de todas las facilidades crediticias otorgadas a altos cargos o a sus empresas. El supervisor asegura que la esposa de Avilés vendió el 20 de diciembre del 2010 a la hermana de éste, Josefa Avilés, la totalidad de las participaciones de la Vereda Sucina SL, sociedad «en dificultades acreditada de la Caja con un riesto de 14 millones de euros». Según los inspectores del Frob y del Banco de España, con posterioridad, en abril del 2011, esos 14 millones «se refinancian en condiciones favorables sus operaciones para el acreditado», o sea, el propio Avilés y su familia.

El aún presidente de la comisión de control anunció ayer a sus compañeros presentes en la reunión por él convocada el viernes que tiene previsto presentar una demanda penal contra el Banco de España ante la Audiencia Nacional por acusarle de «ocultar información» para beneficio propio. Avilés ni ninguno de los otros cinco mimebros de la comisión de control salió ayer por la puerta principal de la CAM. Lo hicieron por alguna de las traseras del edificio operativo de Óscar Esplá. En unas declaraciones del pasado viernes, Avilés negó que ocultara información y asegura que comunicó a la CAM, desde la notaría misma, los cambios accionariales en La Vereda Sucina SL. Ayer incluso minimizó la imputación y dijo que solo tiene el 0,24% de la mercantil. El vicepresidente de la comisión es José Manuel Uncio, que fue director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y estrecho colaborador del actual conseller de Hacienda, José Manuel Vela.

La comisión de control arremetió ayer, de puertas adentro, hacia el propio Banco de España y cuestionaron su labor de supervisión en los últimos años sobre retribuciones a directivos o control de morosidad o de crédito. Especialmente se detuvieron en un requerimiento del BdE del 14 de diciembre del 2010, cuando ya se había creado el Banco Base, sobre reclasificación de 2.832 millones de euros en activos dudos y otros 727 a subestándar. La comisión culpa a Amorós del incumplimiento de esa directriz dada por el BdE.

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