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Este letrado, Diego de Ramón, ha hecho estas declaraciones a los periodistas justo antes de exponer los motivos de ésta y las anteriores denuncias ante una treintena de personas de la Plataforma de Afectados de CAM, colectivo del cual busca "apoyo" en esta causa.

Además, De Ramón pretende elaborar otra denuncia de responsabilidad patrimonial de manera conjunta con esta plataforma con respecto a la cuestión de las cuotas participativas y que presentarán, si finalmente se lleva a cabo, ante la Audiencia Nacional.

Para este abogado murciano existen "cuatro niveles de responsabilidad" que provocaron la intervención de CAM y su posterior subasta al Sabadell.

"Los primeros son los directivos", seguidos por "el Consejo de Administración" y por "los políticos de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia" pertenecientes a este consejo, además del "Instituto de Fomento valenciano y la Consejería de Economía y Hacienda murciana".

En último lugar, ha responsabilizado también al FROB, al Banco de España (BE) y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por "dejación de sus funciones" de control.

"Queremos acciones judiciales para buscar esos niveles de responsabilidad", ha concretado.

En este sentido, De Ramón ya presentó en 2008 (año en el que CAM emitió la primera subasta de cuotas participativas) un escrito ante la Presidencia de la CNMV para que interviniera en dicho proceso, algo que, según este abogado, no ocurrió.

Según De Ramón, CAM separó, "un mes antes de su intervención", los créditos "buenos" de los "contaminados y de la Obra Social".

"Si la CNMV hubiera actuado en ese momento suspendiendo esa acción, no se hubiera producido el perjuicio de la gente con las cuotas participativas", ha opinado.

Por otro lado, De Ramón ha señalado que, con estas denuncias, pretende obtener un estudio exhaustivo de "las sociedades participativas que la CAM tenía en paraísos fiscales", así como de su sucursal en Miami y de la oficina de negocios en Londres.

"Quiero saber si esta sucursal londinense era una entidad financiera de operaciones de préstamo o una entidad vendedora de pisos", ha indicado.

También busca "hacer responsables a los políticos que participaron en las grandes concesiones que CAM les hizo a través de los macrocréditos de más de 100 millones de euros y saber así si el Consejo de Administración de la entidad conocía las garantías que se les exigieron a éstos".

"CAM dio créditos sin garantía por valor de 1.600 millones de euros" a "la clase política, promotores, fundaciones y campos de fútbol", ha asegurado. EFE

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