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SANDRA LLINARES 
Un juez de Alicante ha solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) documentación relativa al despido del exdirector general de Inversiones Inmobiliarias de la CAM, Daniel Gil, para investigar un presunto amaño en la indemnización de 1,5 millones percibidos por éste tras su inclusión en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La investigación se ha abierto después de una querella presentada en octubre por el sindicato Alta (Asociación Laboral de Trabajadores de Ahorro) contra Daniel Gil y "contra aquellas personas físicas o jurídicas responsables en concepto de autores o cómplices" por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y delito societario.
El juez ha admitido a trámite la querella y ha requerido al FROB los documentos en los que conste la opción del querellado por el pago único o periódico de la indemnización, así como los documentos en los que conste el acuerdo de indemnización alcanzado entre CAM y Gil por la extinción de su contrato. Asimismo, reclama el documento en el que conste la comunicación del exdirectivo a la CAM solicitando su inclusión en el ERE y todos los expedientes que acrediten los pagos realizados a Daniel Gil como consecuencia de la extinción de su contrato y aquellos que sostengan que se ha procedido a la retención del IRPF. 
El magistrado ha solicitado también el listado completo de trabajadores afectados por el ERE 391/2010 que fue adjuntado a la solicitud presentada ante la Dirección General de Trabajo con fecha 4 de enero de 2011.
Las diligencias, según fuentes cercanas a la investigación, aún han sido notificadas al sindicato querellante ni al FROB, aunque sí está redactado el auto judicial donde se efectúan los requerimientos, que vienen a coincidir con las distintas diligencias documentales que solicitó el sindicato denunciante en su querella. 
Alta ha pedido también al juez que cite a declarar en calidad de imputado a Daniel Gil, aunque el juez no ha tomado ninguna decisión sobre citaciones. El sindicato ha solicitado entre las pruebas testificales la declaración del representante del ERE, de los responsables del departamento de recursos humanos y del administrador del FROB, José Antonio Iturriaga, a fin de que remita al juzgado "informes sobre las actuaciones llevadas a cabo por los administradores tras recibir un burofax de Alta CAM para subsanar la indebida inclusión del señor Gil en el listado de contratos a extinguir o, subsidiariamente, que se acuerde tomar declaración como testigo a este administrador", según consta en la querella presentada por el sindicato en los juzgados de Benalúa.
Según el sindicato, Daniel Gil fue incluido de forma ilegal en el ERE que llevó a cabo la caja y percibió por ello una indemnización de 1,5 millones de euros, según consta en la querella, que especifica que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de estafa, falsedad documental y delito societario. Sin embargo, fuentes judiciales aseguran que la principal vía de investigación desde Alicante será la de presunta falsedad documental, ya que por delito societario el juez puede inhibirse ante la Audiencia Nacional. Asimismo, las citadas fuentes consideran que no hay, a priori, indicios de estafa, aunque sí se ha solicitado toda la documentación que pueda obrar en el FROB por si existen indicios de falsedad documental en el listado de los indemnizados por el ERE. Aunque no figuraba en el listado de 2.200 afectados por el expediente laboral cursado ante el Ministerio de Trabajo el 4 de enero de 2011, el 1 de julio CAM presentó ante la Seguridad Social un nuevo listado de empleados afectados en el que sí aparecía Gil, "consiguiendo en connivencia con otros directivos de CAM y/o responsables de recursos humanos una extinción de su contrato de forma fraudulenta", según el texto de la querella, por un importe estimado de 1.500.000 euros.
Fuentes del sindicato Alta indicaron ayer, a preguntas de este diario, que la querella está redactada para no perder el control sobre la misma y que no acabe en Madrid. El secretario general de la entidad sindical, Marcelo López, indicó que se interpuso para defender los derechos de los trabajadores de la entidad.

Imputado en Brugal
Gil está imputado en la rama de Brugal que indaga supuestas irregularidades en el PGOU de Alicante por presunta recepción de información privilegiada. 

Las Cortes constituyen la comisión de la CAM pero no se investigará hasta el mes de febrero
Las Cortes constituyeron ayer 
la comisión de investigación de la CAM, avalada en su día por todos
los grupos parlamentarios aunque a propuesta de Esquerra Unida. Inicialmente, los diputados se limitaron a la constitución formal de la mesa de la comisión, presidida por el popular Rafael Maluenda y en la que Mariano Castejón, también del PP, actuará como vicepresidente mientras que el socialista Francisco Toledo será el secretario. De momento, sin embargo, los trabajos 
de la comisión, formalmente, no arrancarán hasta el mes de febrero, una vez que se reinicie el periodo de sesiones que quedará suspendido con motivo de las fiestas de Navidad. Ángel Luna, que ejerce como portavoz del PSPV, solicitó a la mesa de la comisión que habilitara las semanas de enero para avanzar en los trabajos pero, en todo caso, Rafael Maluenda le remitió a tramitar la petición ante el órgano de gobierno de las Cortes. Ayer mismo, Luna registró el escrito. Es probable que durante el mes de enero se dé un plazo a los grupos para diseñar el calendario y el plan de trabajo antes de que se produzcan en el mes de febrero las comparecencias. David Serra, de momento, ejerce como portavoz del PP en la comisión mientras que Mireia Mollá -ayer sustituída por Josep Maria Panyella- y Lluís Torró representarán a Compromís y EU. P. r. f.

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