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16/12/11 - 00:35 - MANRIQUE C SÁNCHEZ |

ALICANTE Un juez ha puesto en marcha la primera investigación penal en Alicante en relación a las supuestas irregularidades detectadas en la gestión de la CAM, según fuentes del caso; El magistrado ha admitido a trámite una querella presentada por el sindicato Alta (Asociación Laboral de Trabajadores del Ahorro) contra el ex director general de Inversiones Inmobiliarias de la entidad Daniel Gil.

Gil ya está imputado por un delito de aprovechamiento de información privilegiada en otro procedimiento, el que dirige el juez Manrique Tejada para desentrañar una presunta trama de corrupción político-empresarial en el marco del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital provincial.

Ahora, Alta considera que fue incluido de forma ilegal en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la caja y percibió por ello una indemnización que los querellantes cifran provisionalmente en 1,5 millones de euros. El sindicato cree que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito societario, otro de estafa y un tercero de falsedad documental.

Daniel Gil fue director general de Inversiones Inmobiliarias desde el 25 de mayo de 2007 hasta el 2 de septiembre de 2009, cuando se acogió al programa para empleados con jornada especial. No obstante, continuó con posterioridad como presidente de cuatro empresas participadas por la entidad, Mediterranean, Intl. Homes, T1 Participaciones y Hansa Urbana.

Listado de afectados

Según se expone en la querella, a la que ha tenido acceso este diario, su nombre no aparecía en el listado de 2.200 afectados por el expediente laboral que cursaron ante el Ministerio de Trabajo el 4 de enero de 2011 las cajas que formaban el denominado Banco Base. Ni él ni ningún otro trabajador del programa de jornada especial.

El antiguo ejecutivo tampoco presentó su solicitud para acogerse al ERE en el plazo de 30 días con que contaban los interesados desde la entrada en vigor del acuerdo, conforme a la versión del sindicato.

No obstante, el 1 de julio de 2011, durante el proceso de comunicación gradual a la Seguridad Social de las extinciones de contratos, la CAM presentó un nuevo listado de empleados afectados y, esta vez sí, con el número 96, apareció Daniel Gil.

«El querellado, en connivencia con otros directivos de la CAM y/o responsables de recursos humanos, ha conseguido la extinción de su contrato de forma fraudulenta», concluye Alta.

El ex director general de Inversiones Inmobiliarias logró de esta manera una prestación equivalente al 80% de la retribución fija anual que percibía. El importe no ha sido todavía concretado, pero los querellantes, partiendo de una estimación de sueldo de unos 400.000 euros, cifran la indemnización en una cantidad superior al 1.500.000.

Por otro lado, imputado como está en la investigación del PGOU, derivada del ´caso Brugal´, su «indebida inclusión» en el expediente de regulación de empleo, «tan solo unos días antes de que el Banco de España procediera a la intervención de la caja», le permite «evitar un despido disciplinario sin derecho a ningún tipo de indemnización», algo que sí ha ocurrido, por ejemplo, con la ex directora general María Dolores Amorós, abunda el sindicato.

Los querellantes aseguran que el perjuicio económico derivado para la entidad financiera «es indiscutible», amén de que los «escándalos» que se suceden en relación a la gestión de la CAM generan «una gran alarma social entre los ciudadanos, que contemplan resignados cómo día a día tienen que hacer frente a la grave crisis económica que nos afecta mientras que estos directivos se lucran con millonarias cifras obtenidas a través de unos procedimientos de más que dudosa legalidad».

El secretario general de Alta, Marcelo López Baquero, confirmó ayer a este diario la interposición de la querella el pasado 6 de octubre y atribuyó esa decisión a la «defensa de los intereses de los clientes y trabajadores» de la caja de ahorros. La intención del sindicato, dijo, es «poner en conocimiento de la Justicia estas irregularidades para que las investigue».

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