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El número de consejeros y Altos directivos beneficiarios de cláusulas de blindaje en los bancos asciende a 65 personas: 22 en el Santander, 14 en el Sabadell, 13 en BBVA, 7 en Banesto, 3 en Pastor y 1 en Banco Valencia, de acuerdo con los informes de Gobierno Corporativo
De esta forma, el Sabadell el único banco que opta a comprar la CAM, es la segunda entidad española que más ejecutivos tiene blindados y, en el caso de adjudicarse la caja, tendrá que decidir sobre las indemnizaciones millonarias de los consejeros y alta dirección de la entidad alicantina, muchas de ellas en proceso de investigación.
Entre 2004 y 2010 los préstamos a consejeros y alta dirección en las 15 grandes entidades financieras se incrementaron en 436 millones de euros. La cuantía de préstamos a la cúpula se disparó en cajas con problemas, al tiempo que no se obligaba a las cajas a informar sobre los blindajes de sus directivos.
En el caso de la CAM, los préstamos a bajo interés a consejeros y altos directivos ascendió a 114 millones.
Las facturas abultadas en hoteles de cinco estrellas y restaurantes de lujo, los billetes de avión en primera clase, la compra de obras de arte, los carísimos viajes de incentivos ha sido el "modus vivendi" de sus directivos.
En el caso de las cajas, tres han sido intervenidas (CCM, Cajasur y Caja Mediterráneo) y otras tres han sido nacionalizadas (Novacaixagalicia, Catalunya Caixa y Unnim).
El primer caso que disparó las alarmas entre los usuarios bancarios fue el de María Dolores Amorós, directora general de la CAM La ejecutiva, que asumió la responsabilidad a comienzos de 2011, acordó para sí un sueldo anual cercano a los 600.000 euros. Además, se garantizó el pago de una pensión vitalicia de 370.000 euros. Cuando el Banco de España intervino la caja y apartó a la directiva, Amorós, lejos de renunciar a parte de la remuneración, optó por apuntarse al paro para cobrar el subsidio de desempleo y acudir a los tribunales para defender lo que considera como una indemnización justa. El Estado tuvo que aportar 2.800 millones de euros para recapitalizar la entidad y otros 3.000 millones como línea de crédito.
Denuncias
Tras conocerse la pensión vitalicia que había pactado para sí María Dolores Amorós, directora general de Caja Mediterráneo en el momento de la intervención, dos colectivos remitieron a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por las prácticas fraudulentas en la entidad. El Movimiento 15-M y una asociación de vecinos de Alicante pedían a la justicia que depurara "de forma oficial y pública los hechos acaecidos en la previsible mala gestión de la entidad y las responsabilidades en que hubieran incurrido sus órganos gestores".
El ministerio fiscal no solo se tomó en serio la denuncia, sino que aceptó otras provenientes de cajas que no habían sido intervenidas, como el caso de Novacaixagalicia.
Otro de los acontecimientos financieros que generó más asombro es el protagonizado por la anterior cúpula de Novacaixagalicia (fusión de Caixanova y Caixa Galicia). Cuatro altos cargos de la entidad, que fueron apartados de sus funciones poco antes la nacionalización de la caja, cobraron 23 millones de euros en concepto de blindaje por despido y las aportaciones de la caja a sus respectivos fondos de pensiones.
El último caso se produjo la semana pasada: cuatro ejecutivos de la cúpula de Caixa Penedès se garantizaron el cobro de un plan de pensiones que, en total, sumaba 20 millones de euros. Tras hacerse público, el presidente de la caja, Ricard Pagès, y el director general, Manuel Troyano, se vieron obligados a dimitir. El grupo BMN, donde se integró Caixa Penedès, ha recibido 915 millones de euros del FROB en forma de participaciones preferentes.
Otro caso sonado en la Comunitat Valenciana es el de Domingo Parra, ex director general de Banco de Valencia (participada por BFA-Bankia), que pactó para su salida el pago de una indemnización de 7,5 millones de euros.
La Fiscalía Superior de Cataluña anunció el viernes que va a abrir diligencias sobre la remuneración de la alta dirección de Caixa Penedès. El organismo ha tomado esta decisión al tener conocimiento de los planes de pensiones que se habían asignado directivos de la caja (20 millones para el presidente, el director general y otros dos ejecutivos). Su intención es "determinar si existe una posible responsabilidad penal".
La incógnita ahora es si estas investigaciones acabarán dando lugar a juicios y a posteriores sanciones. El único precedente es el de CCM, intervenida en 2009, y en el que la causa se está sustanciando actualmente en la Audiencia Nacional. |
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