El Banco de España quiere que la inminenete reestructuración del sistema financiero español, sobre todo en el ámbito de las cajas de ahorros, se realice ya con unas modificaciones en la ley que las haga someterse al escrutinio del mercado de forma clara, hasta el punto de que se permita de forma clara, sin trabas administrativas, la compra de cajas por las bancos.
En concreto, propone que las cuotas participativas que emiten las cajas, como una de las fórmulas para aumentar su capital, tengan derechos políticos y, en definitiva, se conviertan en acciones. Además, conllevaría la eliminación del 5% como límite establecido para un solo tenedor de cuotas participativas.
Esto supondría la modificación de la representación en la asamblea de las cajas y, con toda probabilidad, en los órganos rectores de las mismas, lo cual implicaría la reforma de la Lorca, la ley que regula a esos órganos de las cajas.
Pero para llevar a cabo esa reforma es inevitable un acuerdo político entre el PP y el PSOE, pacto que en estos momentos se está negociando por ambos partidos.
Temor en Moncloa
Todas estas propuestas del Banco de España contaban con la sintonía existente entre el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y del anterior vicepresidente económico Pedro Solbes.
Sin embargo, ahora se ha frenado con la llegada de la nueva ministra, Elena Salgado, y con la reticencia a estas medidas de parte del Ministerio de Economía. A esto se une el temor de Moncloa al rechazo que van a mostrar los sindicatos representados en las cajas, que siempre han expresado esta posibilidad de dar derechos políticos a las cuotas participativas como una fórmula directa hacia la privatización de estas entidades.
PP y PSOE negocian ahora un pacto para llevar a cabo la reforma de la LORCA
También las propias cajas de ahorros montarán seguramente en cólera ante lo que consideran como un cambio en la naturaleza de estas entidades financieras.
A su modo de ver, los bancos ya pueden comprar cajas sin ningún impedimento, y están sometidas al escrutinio de los mercados mediante el «rating» que les conceden las agencias de calificación a sus emisiones. También por la cotización en Bolsa de las cuotas participativas sin derechos políticos, como es el caso de la CAM, o las del «holding» Criteria, creado con participaciones industriales por La Caixa, y el que está formando Caja Madrid con participaciones financieras bajo el nombre de Cibeles.
En lo que casi todos parecen estar de acuerdo es en que se limite la representación política en los órganos rectores de las cajas, sobre todo después de los enfrentamientos acaecidos entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital por hacerse con el control de Caja Madrid. En la actualidad ese límite está establecido en un máximo del 50% y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) quiere que se rebaje a un 25% como ya tienen las cajas catalanas.
El Ministerio de Economía disiente con algunas peticiones de Fernández Ordoñez
Montilla, contra la reforma
Ayer, el presidente de la Generalitat, José Montilla, se mostró en contra de la posible modificación de la ley de cajas de ahorros al señalar que «no vamos a aceptar que el modelo de cajas sea modificado con la excusa de corregir problemas que se han detectado en otras comunidades autónomas».
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