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Los sindicatos de la CAM denunciarán ante la Fiscalía Anticorrupción las pensiones vitalicias de hasta 370000 euros anuales que se adjudicaron los directivos de la entidad al considerar que fueron contratadas de forma ilegal y de espaldas a los órganos de gobierno de la caja; Los representantes de los trabajadores han tomado esta decisión tras comprobar que la contratación de la póliza de seguros que garantiza estas pensiones -dotada con más de 30 millones de euros- no fue aprobada ni por el consejo de administración ni por la comisión de control de la entidad, tal y como hubiera sido preceptivo.
Ante estos hechos las organizaciones pertenecientes a la denominada Plataforma de Unidad Sindical de la CAM -que agrupa a Sicam, UGT, CC OO, Alta, Csica y el Sindicato Vietnamita- ya han mantenido una primera reunión con el fiscal responsable del área en Alicante, Felipe Briones, y han encargado a un bufete de abogados la redacción de la denuncia. Será la sexta demanda que se presenta en los tribunales contra la anterior cúpula de la entidad, además de la investigación de oficio que ha abierto la Fiscalía Anticorrupción en Madrid contra la exdirectora general de la caja, María Dolores Amorós, despedida fulminantemente sin indemnización el pasado 28 de septiembre después de que los nuevos administradores designados por el FROB le acusaran de diversas irregularidades, como falsear las cuentas.
La contratación de la citada póliza se produjo en septiembre de 2007 con el fin de garantizar a los miembros del comité de dirección de la CAM una pensión de por vida equivalente al 60% de sus ingresos habituales, una vez jubilados. Aquellos que lo pidieran también tenían la opción de recibir todo el dinero de una sola vez al retirarse.
Los propios sindicatos reconocen que se trata de una práctica habitual en el sector -de hecho, normalmente cubre el 80% del salario habitual- y que, incluso, tendría cabida dentro del convenio de la CAM. Sin embargo, los representantes de la plantilla han comprobado que fue la dirección de la caja, entonces todavía encabezada por Roberto López Abad, quien decidió por su cuenta contratar el seguro, sin pedir permiso ni informar al consejo de administración ni a la comisión de control, lo que consideran completamente ilegal.

Adelantaron los pagos
La Plataforma de Unidad Sindical también quiere que se investigue por qué los directivos decidieron adelantar el pago de la prima del seguro a los pocos días de que se anunciara el acuerdo de fusión con Cajastur. Tal y como avanzó INFORMACIÓN el pasado 16 de octubre, originariamente se había establecido un calendario de pagos de siete años que debía concluir en 2013, pero el 20 de junio de 2010 la cúpula de la CAM decidió abonar de golpe los 25,6 millones de euros que quedaban pendientes para completar la operación.
Con este desembolso, la prima total alcanzó los 57,9 millones de euros, una cantidad que incluso a los propios directivos les pareció tan exagerada que decidieron corregirla unos meses después, en noviembre de 2010, según relataban los administradores del FROB en la carta de despido de María Dolores Amorós. En parte, además, porque se equivocaron al realizar los cálculos ya que, en teoría, sólo debían contabilizar la parte fija de los salarios que percibían los beneficiarios y, sin embargo, también se tuvieron en cuenta los incentivos y el resto de retribuciones variables.
Fruto de estas correcciones, la aseguradora devolvió a la CAM más de 26,3 millones, por lo que la cifra final de la póliza asciende a 31,6 millones para tan sólo 13 beneficiarios. Se trata del citado Roberto López Abad; su sucesora, María Dolores Amorós; los hasta el año pasado directores generales de área, José Pina, Vicente Soriano, Joaquín Meseguer, Francisco Martínez, Teófilo Sogorb y Daniel Gil; y los directores territoriales, Agustín Llorca (luego director general adjunto), Ildefonso Riquelme, Bernardo Chuliá, Gabriel Sagristá y Petro Torres.
En el caso de los ejecutivos que se han prejubilado -López, Llorca, Soriano, Meseguer, Gil y Sagristá- la percepción de esta renta vitalicia se suma a la indemnización de entre cinco y dos millones de euros que cada uno de ellos recibió por retirarse antes de tiempo, y también al plan de pensiones general al que tienen derecho todos los empleados de CAM.
Hace unos días el Banco de España dio instrucciones a los gestores de las cajas que han recibido ayudas del FROB para que no abonen ningún tipo de indemnización a sus ejecutivos, aunque ya estuvieran pactadas de antemano, sin su consentimiento expreso. En esta situación estaría María Dolores Amorós, a la que los nuevos gestores de la CAM le niegan el derecho a recibir la citada renta vitalicia.

El fiscal pide investigar al presidente de la comisión de control

El fiscal ha pedido al Juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia que investigue al presidente de la comisión de control de Caja Mediterráneo (CAM) y exconcejal del PP, Juan Ramón Avilés, por incumplimiento de contrato y falsedad documental en uno de sus negocios inmobiliarios. La petición se produce a raíz de una denuncia presentada por el que fuera alcalde de San Pedro del Pinatar, senador del PP y exsocio de Avilés, José Antonio Albaladejo, y que había sido archivada por la Audiencia Provincial. Sin embargo, ahora, el nuevo fiscal Miguel Mata Hervás ha decidido reactivarla. La disputa se remonta al año 2003, cuando, según el denunciante, Juan Ramón Avilés dejó sin hacer las instalaciones deportivas de una promoción en la que eran socios aduciendo que estaban en una zona de protección de aves, algo de lo que anteriormente no había informado. En la denuncia también se incluye a varios funcionarios. Avilés da por zanjada la cuestión, que atribuye a "una denuncia falsa" y ayer recordó que "el fiscal no dice que se me investigue como presidente de la comisión de Control de la CAM". El promotor recibió 27,2 millones en créditos de la entidad. m.j. gil murcia

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